Oranjestad/Paraguaná, Venezuela (Reuters) | En noches despejadas, desde el extremo norte de la costa venezolana, es posible divisar las luces de las islas caribeñas de Aruba y Curazao.
Envalentonados por los menos de 30 kilómetros que los separan de esas paradisíacas costas, cada vez más venezolanos que huyen de la profunda crisis económica en su país eligen las Antillas vecinas, a donde algunos llegan en embarcaciones con motores fuera de borda en una travesía de apenas unas horas.
Cuando ya están cerca de la arena blanca, los viajeros ilegales se lanzan a las tibias aguas con sus pertenencias en bolsas de plástico para llegar a la orilla intentando burlar a las autoridades en busca de una nueva vida.
«La mayoría de los viajes se hacen de noche para poder soltar a la gente y que naden», contó una mañana reciente un lanchero venezolano de 50 años que hacía viajes ilegales a Aruba hasta que este año las autoridades isleñas lo apresaron, lo retuvieron varios meses en la cárcel y confiscaron su lancha de seis pasajeros donde apiñaba hasta 20 personas.
«Por la situación del país muchos más se van así», dijo el padre de siete, en su casa en un pueblo de pescadores de la península venezolana de Paraguaná, donde confluyen delito y pobreza. «Este país te lleva a pensar en salir como sea».
Venezuela está atravesando uno de los peores momentos económicos de su historia contemporánea: la caída de ingresos petroleros y el entramado gubernamental de controles de cambio y precios han vapuleado la industria y la moneda.
A diario hay saqueos y protestas por los escasos alimentos en el país con las mayores reservas de crudo del mundo, que se suman al clima político caldeado y al galopante crimen.
Mientras los opositores al presidente Nicolás Maduro buscan revocar su gestión que concluye en el 2019 y hablan de una crisis humanitaria que ha empujado a miles a emigrar, el mandatario culpa a sus detractores por la situación.
Venezuela no difunde cifras oficiales de migración, pero su consulado en Aruba calcula que por lo menos 3.000 venezolanos viven allí legalmente -un 3 por ciento de la población de la isla-, y que por lo menos otros 2.000 lo hacen de manera ilegal.
Hoy, la mayoría de los hasta siete ciudadanos extranjeros que son deportados diariamente por violar leyes migratorias y laborales son venezolanos, dijo a periodistas el ministro de Justicia arubeño, Arthur Dowers.
El funcionario sostuvo que en los últimos meses las expulsiones de ciudadanos de Venezuela subieron, pero pese a las reiteradas peticiones de Reuters, el gobierno arubeño no pudo brindar cifras exactas ni estadísticas comparativas.
Aunque algunos inmigrantes venezolanos llegan en lanchas, la mayoría aterriza en Aruba en aviones comerciales. Autoridades de la isla calculan que 800 venezolanos entran por día, la mayoría para hacer turismo y comprar comida. Pero otros se quedan.
Endureciendo controles
Ante las calamidades que sufre Venezuela, otros gobiernos caribeños encendieron las alarmas e impusieron más controles.
Curazao, también destino de venezolanos, frenó la entrega de permisos de trabajo para inmigrantes, endureció sus políticas laborales para favorecer a los locales y hasta creó con la Cruz Roja una comisión para ver cómo lidiar con una lluvia de inmigrantes ante un eventual colapso del país petrolero.
Hace tan solo unos días, unos 20 venezolanos y un colombiano fueron interceptados por la Guardia Costera del Caribe cuando, amparados por la oscuridad de la noche, intentaban entrar ilegalmente a Curazao en un pequeño bote de pescadores, dijo a Reuters Rob Hoeboer, oficial de esa fuerza holandesa.
En Aruba, la policía dijo que endureció el patrullaje en mar y tierra para evitar que «grupos, por miedo o para buscar mejor porvenir, crucen el mar».
Unos kilómetros más al este, las autoridades de Trinidad y Tobago también aumentaron el control a los venezolanos que llegan en avión o en ferri a la caza de trabajos temporales pagados en dólares, que venden en el mercado negro de Venezuela con jugosas ganancias por la debilidad del depreciado bolívar.
«No tenemos nada en Venezuela», dijo Ramón, un venezolano de 23 años que trabaja en Trinidad. «Vengo, trabajo, hago cualquier cosa, compro azúcar, harina y me voy otra vez», agregó en un precario inglés, confesando su anhelo de conseguir una visa de estudiante que le permita quedarse en la isla.
En el 2015, unos 21.000 venezolanos entraron a ese país, un aumento de más del 30 por ciento frente al año previo, según el Departamento de Inmigración de Trinidad y Tobago. Y hasta mayo de este año ya sumaban 14.000.
Desde que el fallecido Hugo Chávez llegó al poder en 1999, cerca del cinco por ciento de los 30 millones de venezolanos han abandonado el país, calcula el sociólogo Tomás Páez, un experto que ha publicado libros sobre migración.
Muchos entonces partieron en desacuerdo con las políticas o la ideología del líder socialista. Pero hoy los venezolanos que abandonan su país buscan seguridad, huir de las largas colas por alimentos y medicinas o de los cortes diarios de agua y luz.
Fin Del Idilio
Los venezolanos que viajan a Aruba sienten de primera mano el alza de su mala fama.
En los controles migratorios del aeropuerto comprueban que tengan al menos 300 dólares en efectivo por persona, y si no son devueltos en el mismo avión en el que llegaron. Los oficiales más precavidos cuentan los billetes y verifican su autenticidad.
Reuters presenció cuando cuatro venezolanas fueron regresadas a Caracas por no tener efectivo.
Pero no siempre fue así.
Hasta hace un par de años, los venezolanos y las Antillas disfrutaron una luna de miel: volaban a vacacionar, comprar, y por supuesto, a lo que se conoce como «raspar el cupo».
El control cambiario vigente permite a cada venezolano comprar un cupo anual de dólares a precios subsidiados, para ser usados en el exterior a través de una tarjeta de crédito. Cada dólar en el mercado paralelo equivale a unos 1.000 bolívares.
Esto dio lugar a un lucrativo negocio para los venezolanos que desbordaron las islas con compras ficticias, obteniendo dólares de los comercios a cambio de jugosas comisiones.
Pero el idilio comercial se rompió cuando Venezuela empezó a tener problemas de liquidez. Muchos venezolanos quedaron debiendo cuentas de hospedaje o comidas porque sus tarjetas empezaron a fallar, y la devaluación de la moneda de este año hizo el diferencial cambiario mucho menos atractivo.
Hoy, algunos comercios en la colorida «Mainstreet» de Aruba incluso advierten que «no se aceptan tarjetas venezolanas».
Aun así, pocos están dispuestos a volver a casa.
«Me deportaron en febrero», contó un venezolano de 31 años que estuvo trabajando por dos años en Aruba sin documentos hasta que fue desterrado a la ciudad venezolana de Maracaibo, y ahora busca regresar pero por la vía legal.
«Lo que quiero es trabajar porque en Venezuela, como ayudante de albañil, no puedo sostener a mi familia. En cambio, allá envío dinero que aquí se multiplica», dijo.
Ministerio Público pidió nuevo juicio contra Walid Makled
En audiencia efectuada en la Sala 3º de la Corte de Apelaciones de Caracas este lunes 08 de agosto, el Ministerio Público solicitó que se realice un nuevo juicio contra Walid Makled, quien fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por el Tribunal 20º de Juicio de esa misma jurisdicción, tras comprobar su vinculación con el tráfico de droga y legitimación de capitales.
La solicitud, hecha ante la citada Corte de Apelaciones, incluye a otras 12 personas condenadas junto a Makled por los delitos arriba mencionados, entre otros tipificados en las leyes de la República.
En sus alegatos, los fiscales 7ª, 27ª, 30º y 70º nacionales, Marisela De Abreu, Yemina Marcano, Tulio Mendoza y Gustavo González, respectivamente, consideraron que en dicho proceso se cometió falta, contradicción e ilogicidad en la motivación de la sentencia, según lo establecido en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal en su numeral segundo.
La apelación fue interpuesta el 26 de octubre de 2015, como consecuencia de la desestimación de varios delitos por parte del Tribunal y por considerarse que las penas impuestas no guardaban correspondencia con la gravedad de los mismos.
La Sala 3º de la Corte de Apelaciones de Caracas cuenta con un lapso de 10 días (de despacho) para pronunciarse respecto a lo solicitado por el Ministerio Público.
Conviene recordar que en su oportunidad, el Tribunal 20º de Juicio del AMC decidió absolver a Makled por los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio del periodista Orel Sambrano y el veterinario Francisco Larrazábal.
El Ministerio Público inició la investigación en el año 2006 por la comisión de legitimación de capitales que involucraba un monto que asciende a más de 600 millardos de bolívares.
Asimismo, el 13 de noviembre de 2008 fue allanado el fundo El Rosario, propiedad de la familia Makled, ubicada en el sector Tocuyito del estado Carabobo, donde además de armas, decomisaron 392 kilos de cocaína.
El hoy condenado fue detenido el 19 de agosto de 2010, en Cúcuta, Colombia, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Posteriormente, fue extraditado a Venezuela el 09 de mayo de 2011.
Por este mismo caso, fueron condenados a ocho años de prisión sus hermanos Basel y Alex, así como el empleado de confianza Erick Echegaray por legitimación de capitales, quedando absueltos por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ocultamiento de armas y asociación para delinquir.
Mientras que a Abdalá Makled se le impuso un pena de seis años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de ocultamiento de arma de fuego, quedando absuelto por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Igualmente, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión el empleado José Fernando Soto por tráfico de drogas y ocultamiento de arma de fuego, siendo desestimado el delito de asociación para delinquir.
Asimismo, los trabajadores de la finca El Rosario, José Antonio Figueredo, Nestor Santo Acosta, Luis José González, Miguel Castro Menco, José Canelone, Saraid Márquez Araujo y Norbelis Carmona fueron condenados a ocho años de prisión por el delito de tráfico de drogas en la participación de coautores, quedando absueltos por asociación para delinquir y ocultamiento de arma de fuego.
