Siete funcionarios de la Brigada contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron privados de libertad por su responsabilidad en el robo de un vehículo y otras pertenencias, además de la extorsión a un comerciante, en hecho ocurrido en la poblaciòn de Ejido, municipio Campo Elías del estado Mérida.
En la audiencia de presentación, los fiscales 19ª y auxiliares de esa jurisdicción, Jackeline Barrios, Alexis Sánchez y Thamara Olimpia Montoya, imputaron a Jean Valero, Sergio Paolini, Gabriel Guerrero, Ever Vargas, Ángel Chourio y Gustavo Guerrero por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, concusión, privación ilegítima de libertad, peculado de uso y agavillamiento en grado de coautores.
Por su parte, John Contreras fue imputado por los delitos arriba mencionados y por uso indebido de arma orgánica.
Mientras que a José Chacón le precalificaron hurto calificado, concusión y peculado de uso en grado de cómplice no necesario.
Al analizar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control de Mérida dictó la medida privativa de libertad para Valero, Paolini, Gabriel Guerrero, Vargas, Chourio, Gustavo Guerrero y Contreras, quienes quedaron recluidos en la subdelegación del Cicpc de Mérida.
La instancia judicial acordó medidas cautelares para Chacón consistentes en la presentación de dos fiadores que posean un ingreso mayor a 180 unidades tributarias.
El pasado 6 de julio, los involucrados ingresaron a la residencia de la víctima en Ejido para despojarlo de su camioneta marca Chevrolet, así como de televisores, pañales, toallas, repuestos automotrices y metales, entre otras pertenencias.
En los días siguientes, el comerciante recibió varias llamadas telefónicas para solicitarle la cantidad de 2 millones de bolívares a cambio de devolverle su camioneta, por lo que el pasado 11 de julio denunció la situación ante el Ministerio Público.
Tres días después se había acordado una entrega controlada de dinero a través del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, en las proximidades de la sede de la subdelegación de Mérida del Cicpc. No obstante, la acción judicial no se pudo materializar porque los indiciados escaparon del sitio.
En consecuencia, el Ministerio Público requirió al Tribunal 5º de Control de la entidad federal órdenes de captura contra los funcionarios de la policía científica, por lo que fueron aprehendidos en su lugar de trabajo.
