Juan José Levy, el empresario argentino sospechado de acumular contratos por más de US$ 550 millones gracias a la «diplomacia paralela» con Venezuela, es investigado en Panamá por operaciones sospechosas de lavado de activos, según reconstruyó La Nación durante la semana-
Las sospechas se concentran en el entramado en el que aparecen Levy y sus socios de la familia Rubio para mover a través de Panamá al menos US$ 40 millones que recibieron de una empresa pública venezolana, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Están bajo sospecha varias sociedades offshore y una fundación. La onda expansiva abarca escalas en la Argentina, Venezuela y Panamá, así como en el estado de Nevada, Estados Unidos -con la ayuda del estudio jurídico Mossack Fonseca-, y el paraíso fiscal de las islas Seychelles, un archipiélago ubicado en el océano Índico, al nordeste de Madagascar.
Ante la consulta de La Nación, Levy negó a través de su vocero cualquier vínculo con la operatoria sospechada, como también descartó ser el dueño de esos US$ 40 millones. Pero los Rubio sí admitieron un rol en el caso que nace en Panamá, aunque sin dar más precisiones.
El emisor de las primeras alertas fue el FPB Bank, un pequeño banco con apenas dos sucursales y 10 años de vida en Panamá, tras analizar movimientos de dinero vinculados a Levy; su esposa, María Julieta Ratto, y sus socios en el Grupo Núcleo, la familia Rubio y Maximiliano González Kunz.
El FPB Bank, según reconstruyó La Nación, apunta a las operaciones que unen a Cantv con la firma Dockland Properties, una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas que operó con Mossack Fonseca, epicentro de la investigación «Panamá Papers» del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que integra La Nación
Dentro de Dockland Properties, a su vez, aparecen Julián Francisco Rubio y la esposa de su hermano Pablo, Marcela Carolina Paz, mientras que en Buenos Aires montaron una hermana gemela de esa sociedad, Dockland Argentina, en la que aparecen Julián Francisco y su padre, Rubén José.
A partir de allí, la operatoria abarca varios eslabones. Porque los Rubio también aparecen vinculados a la sociedad Frolem Corporation -creada en Nevada, en 2010, y controlada a su vez por Plascot Limited, de las islas Seychelles-, aunque algunos registros indican que traspasaron las acciones a Levy y a su esposa, Rato.
Levy tampoco se quedó quieto. Según reconstruyó este diario, las acciones pasaron a Sunblaze Foundation, creada en Panamá, en marzo de 2014, pero en la que a su vez los beneficiarios finales son, otra vez, Rato y Levy, que aparece en los registros de los Panamá Papers como «intermediario». Sunblaze Foundation, en tanto, quedó en el centro de las pesquisas porque opera la cuenta con US$ 40 millones que encendió las alarmas antilavado de los oficiales del FPB Bank. Desde ese banco se negaron a dar detalles.
Discrepancias societarias
Las respuestas de Levy y los Rubio ante las consultas de LA NACION, en tanto, resultaron contradictorias. No sólo sobre la composición societaria en sí o quién sería el dueño de esos US$ 40 millones. Las discrepancias van más allá. Levy reconoce que controla el 40% de Grupo Núcleo, mientras que el 60% restante estaría en manos de González Kunz y de los Rubio. Levy también admite su participación en Corporación Gulfos, pero niega cualquier vínculo con Novatech Solutions. Los Rubio, por su parte, figuran en Novatech, mientras que uno de los miembros de la familia -Julián Francisco- fue accionista minoritario e integró el directorio de Corporación Gulfos, cuyo presidente era empleado, a su vez, de Novatech.
Todas esas empresas -Grupo Núcleo, Novatech Solutions y Corporación Gulfos- acumularon negocios millonarios durante los últimos años con el gobierno de Venezuela, el de la Argentina o incluso con ambos. Sólo Grupo Núcleo, por ejemplo, ya cobró US$ 93,3 millones de Venezuela a través del fideicomiso bilateral que gestiona Nación Fideicomisos. ¿Cómo? A través de triangulaciones que llegan a Caracas desde Asia. Pero cuyos cobros sólo comenzaron a acelerarse desde que Levy tomó el 40% de las acciones en abril de 2015. Desde entonces, la empresa cobró US$ 77 millones.
Corporación Gulfos también trianguló entre Asia, la Argentina y Venezuela, con la ayuda de Frolem Corporation, de Nevada. Hasta ahora cobró al menos US$ 101 millones de Venezuela por medio del fideicomiso bilateral a través de Nación Fideicomisos. Novatech Solutions repitió la dinámica. También trianguló sus operaciones, destinadas a la «fabricación de equipos y productos informáticos». Embolsó al menos US$ 141,9 millones a través del mismo fideicomiso bilateral.
Miembros de ese fideicomiso señalan como decisivos al abogado Alfredo «Freddi» Lijo -hermano del juez federal Ariel Lijo- y el secretario del ex ministro de Planificación Julio De Vido, José María Olazagasti. Y, desde Caracas, al entonces vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa), Víctor Aular.
