Documentación oficial obtenida por ABC muestra que el Gobierno de Venezuela está comprando productos básicos en el extranjero a un precio abultado, en algunos casos casi al doble de su valor de mercado. El sobreprecio, que reduce aún más las escasas reservas internacionales del país, es para el pago de intermediarios y de comisiones para funcionarios.

En el mes de julio, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) aprobó la compra de aceite de soja, maíz amarillo y trigo por valor de 197,1 millones de dólares, cuando el precio internacional de los cargamentos comprometidos estaban en 106,7 millones, lo que supone un sobreprecio de 90,4 millones de dólares. Se trata de tres mercancías, entre otras adquiridas por Corpovex, cuyo precio real pagado en origen es fácil de determinar, pues su cotización no varía según los lugares de cultivo, sino que está estandarizada a nivel mundial.

Así, de acuerdo con los documentos de Corpovex, en julio se aprobó la compra de 50.000 toneladas de aceite de soja a 970 dólares la tonelada, cuando el precio en el mercado era de 668,8 dólares. Por ese suministro se autorizó pagar 48,5 millones de dólares, lo que supone un sobreprecio de 15,1 millones.

Mayor desviación ocurrió en la compra de maíz amarillo, adquirido a 357 dólares la tonelada, cuando su precio general era casi la mitad: 162,4 dólares. Por 330.000 toneladas, Venezuela hizo frente a una factura de 117,8 millones de dólares, con un sobrecoste de 64,2 millones de dólares.

En cuanto al trigo, se realizó una compra de 150.000 toneladas, por las que se pagaron 30,8 millones de dólares; es decir, a 205,9 dólares la tonelada. Su precio real era de 131,5 dólares la tonelada, por lo que Venezuela pagó 11,1 millones de dólares de más.

Estas cifras habría que multiplicarlas por las necesidad anuales que Venezuela tiene de esos bienes primarios. El consumo anual de aceite de soja es de 550.000 toneladas; el de maíz amarillo, de 1,1 millones de toneladas, y el de trigo, 840.000 toneladas. Eso daría lugar a un sobreprecio de 500 millones de dólares, solo teniendo en cuenta esos tres productos, que van a parar a los bolsillos de quienes participan de la corrupción.

Comisiones varias

¿Quiénes se quedan ese dinero público pagado en sobreprecio? «Los intermediarios se quedan una parte, y también hay comisiones para agentes de Corpovex y funcionarios del Ministerio de Alimentación», afirma un antiguo alto cargo del Gobierno de Nicolás Maduro.

Esa persona cita el caso de importaciones de azúcar, también con elevado sobreprecio, realizadas a través de la empresa Button Coral, cuya representante, Elba Fernández de García, está involucrada en el escándalo de los «papeles de Panamá». Aunque el caso ya fue denunciado, después Corpovex procedió a nuevos contratos con Button Coral, como la compra de 90.000 toneladas de maíz amarillo, que tuvieron un sobrecoste de 9,9 millones de dólares. Otra muestra de esas irregularidades es que Corpovex ha otorgado contratos de compras a la empresa Grupoagro, que se encuentra inhabilitada para tener contratos con el Estado venezolano, de acuerdo con el Servicio Nacional de Contratistas.

Corpovex nació en 2014 precisamente para luchar contra la corrupción. Su misión era centralizar las operaciones de importación de todo tipo, de forma que esa supervisión evitara irregularidades como las señaladas.

El presidente Maduro aseguró entonces lanzar una cruzada contra la corrupción y logró una «ley habilitante» de la Asamblea Nacional, entonces con dominio chavista, que le daba amplios poderes. Se creó una comisión de investigación, de la que formaron parte la fiscal general, Luis Ortega Díaz, y el general, Padrino López, ahora ministro de Defensa. Esas medidas no dieron lugar a ninguna investigación que acabara en detenciones o condenas.

Lasa reservas internacionales de Venezuela se encuentran en un nivel crítico. A finales de julio habían bajado a 11.926 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2002. En lo que va de año, las reservas han descendido un 27 %.