El pequeño pueblo de Ocotlán en el oeste de México fue golpeado por una emboscada que un organismo estatal reconoce hoy como un grave abuso policial que mató a decenas de sus más jóvenes habitantes, quienes se unieron a un cártel de drogas en busca de dinero y aventura pero en vez de eso hallaron una muerte temprana.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México dijo el pasado jueves que la policía federal «ejecutó arbitrariamente» a 22 de un total de 42 presuntos delincuentes en un rancho hace un año y que luego alteró la escena para simular que hubo un combate.
Es posible que haya sido un acto de venganza. Junto con el estremecedor secuestro en 2014 de 43 estudiantes de magisterio, que no han sido vistos desde que policías corruptos los entregaron a sicarios de narcotraficantes, éste fue uno de los peores abusos atribuidos a fuerzas de seguridad en una década de terrible violencia.
Aunque el ataque ocurrió en el municipio de Tanhuato, casi todos los muertos provenían de Ocotlán, un pueblo rodeado de colinas cubiertas de plantas de agave entre Jalisco y Michoacán, en la primera línea de la guerra de las drogas en México.
Un improvisado altar a los muertos, con la imagen de San Judas Tadeo con dos fusiles AK-47 flotando sobre su cabeza, se erige en uno de los barrios más golpeados del pueblo.
Después de la masacre en mayo de 2015, las familias en duelo se mantuvieron en silencio. No acudieron a grupos de derechos humanos para pedirles que les ayuden a probar que la policía había ejecutado a sus hijos y esposos. Varios dijeron temer represalias del cártel o de las fuerzas de seguridad.
Por eso el fallo del jueves fue sorprendente, un extraño caso en el que una comisión de derechos humanos financiada por el Gobierno y con autonomía parcial dio socorro a unas víctimas de la violencia demasiado intimidadas como para pedir ayuda.
Ahora, algunos de ellos se sienten animados.
«Queremos unirnos para demostrar la verdad», dijo Olga Venegas, cuyo hijo de 19 años estaba desarmado cuando lo mataron y yacía boca abajo y en ropa interior. «Mucha gente tiene miedo, yo no. Queremos seguir adelante», agregó.
En 2015, Ocotlán estuvo en el ojo de la tormenta cuando el creciente Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) hizo de este pueblo la base de sus sicarios. Los líderes locales de la organización empezaron a reclutar a jóvenes y encontraron una boyante fuente de mano de obra, según pobladores.
Armas, mujeres y poder
Llegaron hombres de todo perfil. Desde algunos urgidos de cualquier trabajo disponible – y el cártel pagaba bien, por arriba de 5,000 pesos por semana (274 dólares)- hasta aquellos atraídos por un estilo de vida de armas, mujeres y poder.
Víctor Manuel Álvarez, de 27 años, creció al lado de la vía del tren en Ocotlán y trabajó en el ferrocarril también. Pero el atractivo de tener su propio camión y estatus lo llevaron al cártel, donde su apodo cambio de «Vitola» a «Pistolas», dijo su tía a Reuters en una reciente visita. Víctor murió en el rancho.
Carlos Octavio Montano era el hijo de un próspero carnicero y estaba listo para ir a la universidad. Se unió al cártel y murió en el rancho, al igual que muchachos realmente pobres como Héctor de Jesús Arana, «El Ticua», cuyo cuerpo quedó destrozado por el tiroteo.
Por un tiempo, el pueblo estuvo en calma bajo el control del cártel. Patrullando en camionetas, «los muchachos» mantenían la paz y redujeron la delincuencia común, según los residentes.
«Ellos cuidaban (…) hacían justicia mejor que el gobierno», dijo Claudia Urqueta, de 27 años, cuyo esposo murió en la redada.
En 2015, el ascendente CJNG atacó a las fuerzas de seguridad con una ferocidad pocas veces vista, siendo el hecho más notorio la muerte en mayo de ese año de seis soldados tras el derribo de un helicóptero del ejército. Meses antes, el cártel mató a más de 20 policías federales en dos ataques, uno de ellos en el mismo Ocotlán.
Este fue el telón de fondo de la emboscada en el rancho El Sol, ubicado justo al otro lado de la frontera en Michoacán, a 30 minutos en auto desde Ocotlán.
Algunos familiares dicen que hubo una fiesta la noche anterior. Fotografías muestran una pila de ropa ensangrentada y bolsas de dormir en un porche, lo que avala testimonios de que los hombres fueron encontrados durmiendo en la casa de esta granja de alfalfa de unas 112 hectáreas.
Apenas quedaron tres sobrevivientes y un solo policía murió. Los muertos yacían esparcidos por el campo, según muestran las fotos, muchos desarmados o con armas en posiciones extrañas que la CNDH dice fueron plantadas por la policía.
Este fue el último de una serie de incidentes en los que la policía mexicana o soldados son acusados de optar por matar en vez de capturar a criminales.
En respuesta al informe de la CNDH, el Comisionado Nacional de Seguridad de México, Renato Sales, dijo que no aceptó la conclusión de que la policía federal efectuó ejecuciones y sostuvo que el uso de la fuerza fue proporcional a la amenaza. Reuters
