Venezuela podría perder su derecho a voz en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, si el Subcomité de Acreditación de Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos ratifica en octubre la recomendación que hizo ayer sobre degradar a la Defensoría del Pueblo a clase B. Además, la propia Defensoría perdería la voz y el voto ante el Subcomité, de acuerdo con los estatutos.
El riesgo en que entraron Venezuela y la Defensoría es consecuencia de la evaluación negativa de las gestiones de la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez; su sucesor, Tarek William Saab, y de la institución en sí misma, que según el Subcomité, han sido incapaces de “hablar alto y claro” en defensa de los derechos humanos. Así lo señala un informe publicado ayer por el Subcomité, que recoge un seguimiento que se le hizo a la institución desde 2013.
La institución ha estado bajo observación porque el Subcomité consideró en 2013 que había aspectos sobre su funcionamiento que no se apegaban a los estándares internacionales recogidos en los denominados Principios de París, entre ellos el procedimiento mediante el cual fue elegida Ramírez para el cargo.
Ramírez, reprobada
Al evaluar la gestión de Ramírez, el Subcomité señala que sus acciones y omisiones tuvieron un impacto en la imagen y cultura institucional del organismo: “La gravedad de tales acciones e inacciones repercute en la imparcialidad e independencia de la Defensoría. Como resultado, la capacidad de la Defensoría para llevar a cabo su mandato de protección de los derechos humanos, en conformidad con los Principios de París, se ha visto comprometida”.
Agrega que tal situación ha sido arrastrada hasta el presente: “La Defensoría como institución continúa siendo responsable de las acciones e inacciones de la antigua defensora (…) Como resultado de la conducta de la Defensoría, la institución puede no percibirse como independiente del presidente y del gobierno, y sí demasiado tolerante con asuntos de derechos humanos que preocupan al secretario general de la ONU, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Parlamento Europeo”.
Respuesta preocupante
Tras la sustitución de Ramírez y a lo largo de 2014 y 2015, el Subcomité mantuvo comunicación con Saab para solicitarle información acerca de la Resolución 008610 que permite el uso de armas de fuego en el control del orden público; las detenciones prolongadas de María Lourdes Afiuni, Leopoldo López y Antonio Ledezma; el asesinato de Kluiver Roa, de 14 años de edad, en Táchira; un programa de televisión de un parlamentario; el estado de excepción y deportación de colombianos en agosto de 2015, y la reclusión en La Tumba y denuncias de tortura de Lorent Saleh y Gabriel Valles, entre otros puntos.
El Subcomité reconoció en su informe que Saab ha respondido permanentemente, pero aclara que la información aportada “no es suficiente para responder a las preocupaciones sobre la imparcialidad e independencia de la Defensoría y de que está preparada para hablar alto y claro en relación con los principales asuntos de derechos humanos en Venezuela”.
El Subcomité cita el caso de Saleh y Valles como ejemplo de las respuestas que causaron preocupación. De acuerdo con el informe, la Defensoría expresó que “Lorent Saleh y Gabriel Valles han pedido a través de sus familiares que no sean trasladados a otro centro de reclusión, lo que confirma que se encuentran en buenas condiciones de reclusión”. Al respecto, el Subcomité expresó estar “preocupado porque esa declaración no demuestra que la Defensoría del Pueblo esté adoptando las medidas adecuadas en relación con las denuncias que se le presentan”.
En octubre se sabrá. El Subcomité concluye “que la Defensoría del Pueblo no está preparada para hablar con contundencia y fomentar el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos cometidos por las autoridades gubernamentales. Esa inacción demuestra una falta de independencia”.
El ente adscrito a la ONU afirma que “la Defensoría del Pueblo no está funcionando en el pleno cumplimiento de los Principios de París y recomienda que se degrade a la institución a clase B”.
El defensor del pueblo, que ayer participó en una actividad con ex constituyentes, el Poder Ciudadano y la Vicepresidencia, impugnó la decisión del Subcomité, por lo que su ejecución se decidirá en la reunión de la oficina en octubre próximo. El Nacional
