Organismos internacionales y cuatro países ayudan a la AN a investigar la corrupción

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índiceTres investigaciones son la prioridad de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional: el dinero que se ha perdido en Petróleos de Venezuela, el fraude cambiario y la recuperación de capitales. Para aclarar lo que ha ocurrido en esos ámbitos y determinar responsabilidades, la instancia parlamentaria consolida una red de apoyo internacional en la que destacan cuatro países y varias organizaciones internacionales.

RECUPERACIÓN

Freddy Guevara, presidente de la Comisión, confirmó que el primer paso fue concretar una red de asesoramiento técnico para abordar una eventual recuperación de capitales con el Instituto de Gobernanza de Basilea, en Suiza; con la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados de Naciones Unidas, el Banco Mundial (Iniciativa StAR)[1], responsables de recuperación de capitales en Estados Unidos y firmas internacionales de abogados.

El Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR por sus siglas en inglés) del Instituto de Gobernanza de Basilea  realiza un trabajo independiente, sin fines de lucro, para combatir la corrupción y delitos financieros en el mundo, mientras que la Iniciativa StAR aborda la identificación, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto de la corrupción y la restitución a su propietario legítimo anterior o a las víctimas de la corrupción.

Guevara confirmó que gobiernos que han sido contactados desean colaborar para investigar la pérdida de más 60 millardos de dólares por el fraude cambiario y de 13 millardos de dólares en Pdvsa.

«El gobierno de Brasil desea ayudar, así como Argentina y Estados Unidos. Las instituciones del sistema de justicia de esos países son difíciles de abordar porque se relacionan directamente con tribunales y cancillerías; por eso acudimos a los parlamentos, que hacen gestiones para iniciar las averiguaciones pertinentes», confirmó Guevara.

Fraude cambiario. El diputado Carlos Berrizbeitia, de la Comisión de Contraloría, aseguró que para investigar las empresas que recibieron dólares para importaciones que no hicieron, o hicieron con sobreprecio, solicitan información a los agregados comerciales de embajadas como las de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

«También recibimos a Fedecámaras y Consecomercio, organizaciones que denuncian que si bien en 15 años en Venezuela cerraron entre 15.000 y 20.000 empresas, también se abrieron más de 25.000, al menos jurídicamente, para recibir dólares preferenciales. Esa es una de las causas de la proliferación de los ilícitos. El gobierno nunca nos ha dado una lista de esas empresas. Cadivi cerró sin que nadie la auditara», señaló.

Guevara afirmó que lo complicado del caso dificulta que se resuelva este año: «El frade supera los 60 millardos de dólares. Necesitamos cooperación del Seniat sobre las empresas registradas, del Cencoex sobre los dólares asignados, con los detalles de lo que supuestamente importaron para compararlo con los precios internacionales. Ninguno de esos organismos nos ayuda».

Berrizbeitia confirmó que ha habido acercamientos con la Asociación Bancaria Venezolana, pues los bancos privados son los que gestionaban las operaciones de esas empresas.

Una muestra de lo difícil que será conseguir información del Estado es la posición del contralor general, Manuel Galindo, quien pidió rechazar las ³acciones inconstitucionales del Poder Legislativo².

Crisis de Pdvsa. Con el apoyo de los organismos internacionales, la Comisión de Contraloría espera terminar este año la investigación sobre Pdvsa, estatal cuyo desfalco puede superar los 13 millardos de dólares.

«En un principio se hablaba de 7 millardos de dólares, pero recibimos una nueva denuncia relativa a la forma en que el gobierno retuvo el pago a más de 9.000 trabajadores de Exxon Mobil, lo que podría representar unos 6 millardos de dólares adicionales. Esperamos culminar este año, porque Pdvsa es una empresa muy regulada en el ámbito internacional», indicó Guevara.

El diputado confirmó que hay casos de fácil abordaje, como el de los empresarios Roberto Rincón y Francisco Illarramendi, que se declararon culpables de sobornos milmillonarios para obtener contratos con Pdvsa.

«Megaguiso» eléctrico

La comisión mixta que estudia la crisis eléctrica invitará de nuevo a la empresa brasileña Odebrecht para investigar supuestas irregularidades en el sector, especialmente en cuanto a la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, que podrían haber comprometido más de 26 millardos de dólares.

El diputado Jorge Millán, presidente de la instancia parlamentaria, confirmó que Odebrecht ha aportado información sobre su participación en el proyecto, así como «la mayoría de las empresas involucradas».

«Las empresas se resguardan en cláusulas de confidencialidad, pero han presentado sus memoria y cuenta, así como aportes técnicos», señaló.

El parlamentario aseveró que una pieza clave de la investigación ha sido la información aportada por empleados de las empresas, que contribuyen desde el

anonimato: ³Hemos descubierto un megaguiso eléctrico y vamos a presentar el informe², prometió.

Cifras

8 investigaciones a Petróleos de Venezuela sugieren la pérdida de más de 13 millardos de dólares que, de acuerdo con el diputado Fredy Guevara, ³nadie sabe dónde están²

16 millardos de dólares ha perdido el país, según cálculos del diputado Jorge Millán, por los retrasos en la construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma.

Con información de El Nacional y algunos aportes de CCD.

[1] Para contribuir a abordar el escandaloso problema del robo de activos públicos en los países en desarrollo, el Banco Mundial, en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (Unodc) lanzaron la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) en septiembre de 2007. Al anunciar el plan, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, el Presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, y el Director Ejecutivo de la Unodc, Antonio María Costa, indicaron que es necesario un esfuerzo verdaderamente internacional para asegurar que los activos saqueados retornen a sus propietarios legítimos, Recuperación de activos robados, Guía de buenas prácticas para el decomiso de activos sin condena. Theodore S. Greenberg/Linda M. Samuel/ Wingate Grant/Larissa Gray. Pag. 7

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