Panamá | Una contradicción entre la fecha anticipada de la denuncia de hackeo a la firma panameña Mossack-Fonseca (MF) y pruebas de posterior extracción de información, siembra dudas hoy sobre el origen de los Papeles de Panamá.
El perito especialista en informática Luis Rivera, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dictaminó que en la firma de abogados se registraron intromisiones indebidas a la base de datos con usuarios conocidos, a partir del pasado 13 de marzo, tres días después de la denuncia, publicó el diario La Estrella.
Ramón Fonseca, socio y fundador acudió al Ministerio Publico a presentar la querella, luego de recibir varias llamadas de periodistas extranjeros que solicitaban información acerca de algunas sociedades creadas por la firma, y señaladas por evasión de impuestos.
La persona que se introdujo al sistema contaba con acceso a la misma, y en algún momento agregó otro usuario con más amplias posibilidades dentro de la plataforma, aseveró el perito, quien considera que se trata de la misma persona, quien al parecer intentó no dejar pistas para su detección.
Ricaurte González, encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, confirmó al periódico el desfase entre la denuncia y la presencia de intrusos en la red informática, y dijo no comprender el por qué de una querella preventiva.
Otra contradicción revelada por el diario es que la cantidad de información descargada, según el peritaje, solo fueron cinco de los dos mil 600 Gigabits de datos que componen los 11,5 millones de documentos, que dice tener el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El ingeniero informático Carlos Alvarado descartó en abril pasado la posibilidad de «hackeo» a la base de datos, porque técnicamente es difícil mover tal volumen de información por Internet.
Al exponer sus opiniones en un noticiero local de televisión, el experto planteó la hipótesis de colaboración interna mediante extracción parcial de información hasta poder completar los 11,5 millones de registros, de los cuales algunos datan de 40 años y deben estar guardados en imagen con el consecuente peso en datos.
Es posible conocer qué sucedió realmente mediante un peritaje a las trazas que dejan los sistemas informáticos, las cuales, si no fueron borradas, muestran cómo, cuáles de ellos y en qué momento se extrajeron los datos, según la fuente.
Cuatro meses después que estalló el escándalo mundial y generó investigaciones de muchos países, solo se reportó hasta el momento un exempleado de MF detenido en Suiza, pero ningún encausado por los supuestos delitos «descubiertos por ICIJ», lo que refuerza la hipótesis de una operación con segundas intenciones. PL
