La nueva primera ministra británica, Theresa May, empieza a cumplir la promesa de los conservadores británicos de poner coto a los paraísos fiscales. La nueva ‘premier’ británica ha anunciado un plan con el que pretende sancionar a los asesores que ayudan a sus clientes a buscar fórmulas para evadir impuestos. Foto Reuters.
Se trata del primer país europeo que toma el toro por los cuernos tras la publicación de los papeles de Panamá en abril, en los que aparecía implicado el antecesor de May, David Cameron (que no dimitió por el escándalo sino por el Brexit), aunque todavía está muy lejos de acabar con el sistema ‘offshore’ británico.
Como explicó El Confidencial cuando publicó en exclusiva junto a La Sexta la documentación del bufete panameño Mossack Fonseca (gracias a una investigación iniciada por el ‘Süddeutsche Zeitung’ y coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), el papel de los bancos y de los asesores fiscales es clave en la mecánica de ocultación de patrimonios a través de sociedades pantalla en paraísos fiscales.
Los papeles de Panamá revelan que los mayores bancos del mundo trabajan mano a mano con los proveedores de sociedades ‘offshore’ que sirven para ayudar a multimillonarios, políticos y delincuentes a mantener oculto su patrimonio de Hacienda. Las entidades tienen al cliente, y en su nombre gestionan la creación de estas estructuras, de forma que los proveedores de las mismas, como Mossack Fonseca, muchas veces ni siquiera conocen al propietario real de las mismas.
Hasta ahora, habían actuado con total impunidad, pero la nueva norma anunciada por May puede poner fin a esta situación. Con ella, pretende combatir lo que denomina la «cadena de suministros de la evasión fiscal» mediante la imposición de multas a los asesores fiscales y financieros y contables que promuevan esquemas para evitar el pago de impuestos. Estas sanciones podrán alcanzar la cantidad que sus clientes han evadido gracias a sus servicios.
Reino Unido, el centro del mundo ‘offshore’
Reino Unido ha sido considerado tradicionalmente como uno de los centros neurálgicos del mundo ‘offshore’, ya que cuenta con distintos territorios considerados paraísos fiscales, tanto bajo su soberanía (Jersey, Guernsey, Mann, Gibraltar) como antiguas colonias con las que mantiene fuertes lazos (Bermudas, Caimán, Antigua, Islas Vírgenes…). De ahí las presiones recurrentes para poner fin a estas relaciones cuyo principal beneficiario es la City de Londres, desde donde se gestiona gran parte de esta actividad de ocultación. Pero ha hecho falta que Cameron se viera salpicado para que se empiecen a tomar medidas en serio.
Este mismo mes, el banco británico HSBC, el mayor de Europa y el que más sociedades pantalla ha creado a través del despacho Mossack Fonseca, ha reconocido que ha recibido solicitudes de información de autoridades de varios países sobre este asunto que pueden tener un «impacto significativo» en sus cuentas. Esto se debe a que los papeles de Panamá proporcionan la prueba de la titularidad real de los bienes ocultos, que es de la que suelen carecer las autoridades y que les impide actuar penalmente contra los defraudadores.
Algunos grandes bancos ya han abonado fuertes multas en el pasado en Estados Unidos para evitar procedimientos penales por ayudar a la evasión de impuestos, aunque se trata de acuerdos bilaterales, no de una norma estándar como la que plantea May. UBS pagó 780 millones de dólares en 2010, Credit Suisse abonó 2.800 millones en 2014 y el propio HSBC también tuvo que pactar en 2012 y el peaje fue de 1.900 millones. El Confidencial
