Nueva York | El gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.
De acuerdo a la información de en El Nacional, las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch (foto), fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.
Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.
Lynch trabaja este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.
Congelación de bienes
La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.
En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.
Motivado a que los dos acusados no están en custodia de Estados Unidos se espera que en los próximos días sus nombres, información y fotografías aparezcan en la lista de los fugitivos buscados y que tanto Interpol como los otros organismos de seguridad internacional tengan todos los elementos legales para proceder a su captura donde se encuentren.
En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y expresidente de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.
La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.
