Argentina | La Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió a la justicia federal que se ordene una tasación y la inhibición general de los bienes de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en el marco de la causa Hotesur en la que se investigan los activos su familia. En la imagen Hotesur, cuya causa por supuesto lavado de dinero, involucra a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios.
La UIF le pidió ayer al titular del juzgado federal 19, Julián Ercolini, que designe un administrador judicial para los bienes de esa sucesión hasta que se defina la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos Florencia y Máximo.
El pedido fue recibido por Ercolini y el fiscal federal que tiene delegada la investigación, Gerardo Pollicita, quienes ahora deberán decidir si darle lugar o no en, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos.
La UIF consideró que debe desplazarse a Máximo Kirchner, hijo del de los últimos dos ex presidentes, de su rol como administrador de la sucesión para nombrar en su lugar un administrador judicial, ante la posibilidad de que esos bienes queden sujetos a alguna acción futura en las causas que involucran a la ex mandataria.
El pedido de la UIF está relacionado con una nota que publicó el diario Clarín en julio pasado en la que se aseguró que el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, tardó cuatro años en presentar la herencia del ex presidente, quién falleció el 27 de octubre de 2010.
De acuerdo a esa información, la presentación habría sido realizada el 3 de septiembre de 2014 y la suma «total de bienes» daba más de 60 millones de pesos.
La diputada nacional Margarita Stolbizer también había hecho una presentación judicial relacionada con este tema cuando sostuvo en sede judicial que tenía información sobre «movimientos sospechosos» en las cuentas bancarias de Florencia Kirchner, que luego fueron embargadas.
El juez Ercolini tiene a cargo dos causas que tienen como protagonista a la ex presidenta: por un lado la investiga en la causa conocida como Hotesur y por otro en un expediente que analiza una presunta asociación ilícita entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios.
En Hotesur se investigan supuestas maniobras de lavado de activos a través de presuntos falsos alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate y el hotel Las Dunas, que administra e esa sociedad de la familia Kirchner, a empresarios vinculados con la obra pública, como Báez y Cristóbal López.
En la causa que investiga la presunta asociación ilícita, los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques solicitaron que la ex presidenta sea indagada, acusada de encabezar una maniobra para favorecer al empresario detenido Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Se espera que en las próximas horas el juez Ercolini resuelva el pedido de indagatoria que hicieron en agosto pasado y reforzaron esta semana los representantes del Ministerio Público Fiscal, contra la ex presidenta, varios ex funcionarios y Báez. Telam
