El expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y ex candidato vicepresidencial en 2015, Edgar Barquín, fue condenado, este viernes, por un juez a dos años y seis meses de prisión por un caso de corrupción, pero evitó la cárcel al aceptar su culpa en un arreglo con la Fiscalía. Barquín fue condenado bajo cargos de tráfico de influencias en un caso de lavado de dinero que la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG) y la Fiscalía encuadran bajo la figura de «lavado y política», informaron fuentes procesales.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado «B» de Mayor Riesgo, a solicitud del Ministerio Público, suspendió la pena de prisión con la condición de que el exfuncionario no cometa ningún delito doloso en los próximos cinco años y demostrar buena conducta. Caso contrario, será enviado a la cárcel. Barquín se declaró culpable a través de un procedimiento abreviado. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos por cinco años, informó la CICIG. El Ministerio Público no emitió ninguna declaración.
Barquín fue candidato a la vicepresidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) en los comicios generales de 2015. Cinco meses antes de la cita con las urnas, dicho partido era el favorito para ganar el poder, según todas las encuestas. No obstante, en abril la tendencia se revirtió cuando comenzaron a salir a luz distintos casos de corrupción que implicaron a funcionarios del hoy encarcelado ex presidente Otto Pérez (2012-2015), diputados y operadores políticos.
Barquín estaba acusado, junto a dos diputados, Manuel de Jesús Barquín -su hermano- y Jaime Martínez Lohayza, de integrar «una red de lavado de dinero». La supuesta estructura criminal, por la que está procesada más de una decena de personas, recolectaba dinero de dudosa procedencia y posteriormente lo introducía en el sistema financiero a través de 200 empresas ficticias, que a su vez trasladaban el dinero a más de 10 países.
La investigación comenzó por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales. El Ministerio Público (fiscalía) documentó 686 transferencias al extranjero por valor de 225 millones de quetzales (unos 33 millones de euros) entre 2008 y 2014. Sin embargo, las «operaciones de lavado podrían llegar a 937 millones de quetzales (120 millones de euros)».
LGC (dpa / EFE)
