Anibangel Molina, un empresario de origen venezolano acusado de estafar a decenas de inversionistas en el sur de la Florida, fue condenado a 10 años de prisión más tres años de libertad supervisada, dijo abogado el miércoles.
“Le dijo al tribunal y al juez que aceptaba responsabilidad totalmente por su conducta y que lo que les hizo a estas personas fue algo terrible y que estaba realmente arrepentido por lo que hizo”, dijo Frank Rubino, el abogado de Molina, durante una entrevista telefónica a El Nuevo Herald
El juez de distrito Robert Scola, que preside el caso, pronunció entonces la sentencia, que marca el fin de un importante caso que llamó la atención de los medios en el sur de la Florida cuando agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), arrestaron a Molina y dos socios —su ex esposa Betsy Aguiar de Miami Lakes y su empleado Antonino Castro de Hialeah.
Los tres fueron acusados de desfalcar a personas que invirtieron más de $4 millones en metales preciosos, petróleo, divisas y cuentas de cheques de alto interés — nada de lo cual existía.
El caso se inició a principios de la década, cuando algunas de las víctimas se quejaron ante las autoridades. HSI logró establecer que desde noviembre del 2011 hasta noviembre del 2012, Molina y sus cómplices recibieron al menos $4 millones de dólares de parte de más de 50 inversionistas.
Ninguno de los acusados o su empresa, Bancard Financial Services, estaban registrados o tenían licencia como corredores de bolsa en mercancías, valores o divisas y por lo tanto no podían actuar como intermediarios para hacer estas transacciones, según documentos judiciales.
“Podría haber docenas o cientos de personas desfalcadas,” dijo John Tobon, agente especial a cargo de la oficina de HSI en Miami, poco después que Molina y sus dos socios principales fueron detenidos en mayo del 2013. “Algunos invirtieron lo que habían ahorrado para enviar a sus hijos a la universidad o sus ahorros de toda la vida.”
Los acusados se habían declarado inocentes y exigieron ser llevados a juicio.
Mientras que la ex esposa de Molina, Aguiar, y su empleado Castro, ambos cubanos-americanos, eventualmente se declararon culpables de los cargos y fueron condenados a prisión, el propio Molina —que estaba libre bajo fianza — huyó a Venezuela y se ocultó por un tiempo en Maracaibo, según funcionarios familiarizados con el caso.
Molina regresó el 16 de marzo y fue detenido al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) por alguaciles de Estados Unidos.
Su abogado, Frank Rubino, dijo a El Nuevo Herald en ese momento en que su cliente había regresado por su cuenta y se entregó a las autoridades en el aeropuerto.
Pero personas familiarizadas con el caso en Venezuela han dicho que Molina volvió a los Estados Unidos porque estaba a punto de ser detenido en Venezuela por cargos de fraude similares y prefería purgar una condena en cárceles estadounidenses en vez de prisiones venezolanas.
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Imputados 11 custodios de centro Penitenciaria de Lara por ingreso ilegal de armas
Fueron privatidos de libertad para 11 custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, ubicada en el municipio Iribarren del estado Lara, por su presunta responsabilidad en el ingreso ilegal de dos armas de fuego, 50 municiones para escopetas y dos granadas explosivas.
La irregularidad fue constatada el pasado 24 de agosto por funcionarios del Destacamento Nº 121 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el dormitorio del custodio jefe de Régimen Penitenciario del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Alfredo Alejandro Rodríguez Pacheco (29).
En la audiencia de presentación, los fiscales 7ª (e), 22ª y auxiliar de esa jurisdicción, Yaritza Berríos, Betzibeth Segovia y Ramón Bracho, respectivamente, imputaron, además de Rodríguez, a los custodios Luis Sánchez (30), Jesús Argüello (24), Rafael Laguna (35), Yolimar Quintero (26) y William Córdoba (29) por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, asociación para delinquir e introducción de teléfonos celulares a centros penitenciarios.
También fueron imputados con los mismos tipos penales los funcionarios William Parra (45), Dalys de Freitas (38), Víctor Meza (29), Juan Toro (28) y Francisco Linarez (29).
Estos delitos están previstos en las leyes contra la Corrupción; Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios.
A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 2º de Control del estado Lara dictó la medida privativa de libertad para los 11 custodios, cuya reclusión fue remitida al Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito.
Tras recibir una llamada telefónica de la Dirección de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, funcionarios de la GNB se trasladaron al lugar en horas de la madrugada del pasado 24 de agosto y localizaron dos armas marca Glock; 50 municiones para escopetas y dos granadas explosivas en la habitación de Rodríguez Pacheco.
También se hallaron tres móviles celulares y 200 mil bolívares en efectivo.
Posteriormente, fueron aprehendidos los otros diez custodios por su presunta vinculación con el caso.
