CCD.- Las acusaciones por terrorismo del ministro del Interior Néstor Reverol contra el diputado Américo De Grazia por las denuncias de asesinatos de mineros en el estado Bolívar, coloca en primer plano una vez más a la minería ilegal en Venezuela. No es un tema nuevo, sin embargo, ahora se analiza desde una perspectiva diferente.
Para el desarrollo del extenso proyecto de minería definido por el gobierno de Maduro como «Arco Minero del Orinoco» es indispensable controlar la caótica situación de inseguridad y violencia en torno a la explotación minera ilegal en más de ocho millones de hectáreas repartidas entre los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
Se trata de un territorio rico en diamantes, hierro, bauxita, coltán y sobre todo oro, siendo el productor del 20% de todo el continente americano. Las reservas auríferas de la zona han sido calculadas en 200 mil millones de dólares.
Desde su creación por decreto presidencial en febrero pasado, el Arco Minero del Orinoco (AMO) ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de ecologistas y agrupaciones indígenas, de trabajadores y defensores de derechos humanos hasta ex ministros del actual régimen que sostienen que el proyecto traerá más destrucción, enfermedades, violencia y delitos a la zona.
Nada de ésto hace mella en la decisión de Maduro de seguir adelante con las negociaciones con más de ciento cincuenta empresas de treinta y dos países, con algunos de los cuales ya firmó acuerdos por más de 10.000 millones de dólares en agosto pasado.
Países como Canadá, Italia, China y la República Democrática del Congo explotarán las reservas mineras a través de cinco consorcios internacionales que suscribieron cartas de compromiso para establecer empresas mixtas con el Estado venezolano: Barrick International Corporation -subsidiaria en Barbados de la canadiense Barrick Gold Corporation-, Gold Reserve y MPE International Inc (oro), la italiana Bedeschi (carbón), la congolesa Afridiam y la china Yankuang Group (diamantes, oro y coltán).
Para atraer capitales extranjeros, Maduro no ha dudado en ofrecer todo tipo de ventajas comparativas, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral, lo cual ha sido calificado por los críticos como medidas discriminatorias y violadoras de estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela.
A fin de concretar el proyecto, el gobierno debe solucionar el grave problema de la acción de la delincuencia organizada y la violencia en la zona, cuestión que podría desestimular las esperadas inversiones.
El diputado por el estado Bolívar Américo De Grazia ha denunciado en varias oportunidades la acción de pranes y bandas de delincuencia organizada que controlan las minas y extorsionan y asesinan a los trabajadores. El parlamentario sostiene que los delincuentes tendrían estrechos nexos con autoridades civiles y militares.
Conozca más detalles de la preocupante realidad del último bastión de riqueza de Venezuela leyendo la excelente nota de Carlos Egaña: El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela
