CCD.- Un aspecto menor de un escándalo que involucra a los centros de poder en Buenos Aires, un poderoso bufete jurídico en Panamá y una compañía en paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas ha terminado en un tribunal de circuito de Miami-Dade.
La demanda, en la que dos firmas de bienes raíces luchan por las comisiones de la venta secreta de un edificio de una farmacia CVS en La Pequeña Habana, pudiera arrojar luz sobre una investigación por lavado de dinero en Argentina que tocó a un asistente, ya fallecido, del ex presidente Néstor Kirchner.
La farmacia era parte de un imperio inmobiliario de $65 millones en el sur de la Florida amasado, entre el 2010 y el 2015, por Elizabeth Municoy, propietaria de una firma de bienes raíces de Surfside, y su esposo, Sergio Todisco. Además de la farmacia, las compañías administradas por Municoy y Todisco invirtieron decenas de millones de dólares en condominios de lujo en Brickell, South Beach, Bal Harbour, Sunny Isles Beach y Manhattan, así como en sucursales bancarias en Kendall y Pompano Beach.
La pareja tenía un patrimonio limitado, según declaraciones financieras en su natal Argentina.
Así las cosas, ¿de dónde sacaron el dinero?
Una investigación del Miami Herald de los llamados Papeles de Panamá –una enorme cantidad de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que sacó a luz cómo los ricos colocan su dinero en paraísos fiscales– ofreció una pista.
Al mismo tiempo que Todisco y Municoy compraban propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, Todisco era director de una compañía en paraíso fiscal establecida por Mossack Fonseca y controlada en secreto por Héctor Daniel Muñoz, un alto asistente del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner.
La esposa de Kirchner, Cristina Fernández, quien lo sucedió en la primera magistratura, y otros aliados de la familia Kirchner, están ahora en el centro de varias investigaciones en Argentina por sospechas de corrupción y malos manejos. (Muñoz, al igual que Kirchner, ya falleció).
La relación entre las propiedades en el sur de la Florida y el asistente de Kirchner hicieron que un fiscal en Mar del Plata, de donde era Todisco, abriera una pesquisa. El fiscal, Juan Manuel Pettigiani, sospecha que las propiedades en cuestión en el sur de la Florida fueron compradas con dinero robado en Argentina y lavado a través de la compañía en paraíso fiscal de Muñoz.
Venta secreta
Los propietarios de edificios rara vez buscan publicidad cuando quieren salirse de una propiedad.
Pero cuando Municoy trató de vender el edificio de la farmacia CVS en 1177 SW Calle Ocho, quería mantenerlo en secreto, según una demanda presentada el mes pasado. Ella no quería “la propiedad CVS anunciada a la venta … [y] … quería mantener en secreto la venta de la propiedad”, según una denuncia presentada por Ernesto Bustamante, agente inmobiliario que mercadeó la propiedad a nombre de Municoy.
Bustamante lucha ahora con Municoy por una comisión de $1.3 millones vinculada con la venta, que se cerró en julio por $13.1 millones. The Real Deal reportó la demanda inicialmente.
La demanda en Miami-Dade no indica quién era el cliente de Municoy.
Pero el cargo de que Municoy quería vender el edificio de la farmacia en secreto se agrega a las sospechas de se infringió la ley, dijo Pettigiani.
“Esto pudiera ser otra señal de que estaban tratando de mantener ese dinero fuera del alcance de las autoridades, tanto en Estados Unidos como Argentina”, dijo.
Es posible que se filtren más detalles del caso.
A final de cuentas, el edificio fue comprado por una compañía de Delaware que tiene su sede en la sede de CVS en Rhode Island.
Bustamante quiere que un juez ordene que puede quedarse con toda la comisión de la venta. Bustamante dice que no le debe a Municoy una comisión de referido de 7 por ciento porque la ley de la Florida impide el pago de comisiones a personas sin una licencia de bienes raíces. Una búsqueda en los registros estatales muestra que Municoy no tiene tal licencia, pero su socio de negocios, Thomas Baker, y dos de sus empleados, sí la tienen.
Javier Rodríguez, abogado de Municoy, dijo que la demanda “no tiene mérito jurídico” y que la firma de su cliente, Municoy International Realty, ha cumplido las exigencia de licencias. En agosto envió una carta en que exige a Bustamante el pago de una comisión de $917,000.
Bustamante declinó hacer declaraciones para este reportaje, pero su abogado, Michael Schlesinger, dijo: “Estamos muy preocupados por la implicación de Municoy en Panamá”.
