CCD | Luego del anuncio de Maduro de la salida de circulación del billete de Bs. 100, vino el cambio del Superintendente de Bancos (ahora Leoncio Guerra Molina) y también del jefe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), cargo para el que fue designado el Mayor del Ejército, Antonio José Morales Rodríguez (en la gráfica) hombre de confianza de Hugo Chávez, de quien fue edecán, llegando a ocupar en 2010 la responsabilidad de Director General del Despacho de la Presidencia.
¿Qué es la UNIF?
Las Unidades de Inteligencia Financiera constituyen uno de los elementos fundamentales de las estrategias estatales en la lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y demás delitos económicos y financieros. Su importancia se remonta al final de la década de los ochenta cuando la comunidad internacional suscribió la Convención de Viena y se emitió la Declaración de Principios del Comité de Basilea.
Venezuela adoptó las medidas legislativas pertinentes y recogió en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas las acciones necesarias a ser aplicadas por la Sudeban en las instituciones bajo su supervisión.
En 1993, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) con fundamento en los principios de la política “Conozca su cliente”, crea la Oficina de Prevención de Legitimación de Capitales (OPLC) para supervisar su cumplimiento y finalmente es en junio de 1998 cuando asume su rol actual y cambia el nombre a Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Entre sus tareas está solicitar, recibir, analizar, archivar y transmitir a los fiscales del Ministerio Público, la información financiera que requieran para realizar sus investigaciones; así como, los Reportes de actividades sospechosas (RAS), sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (LC/FT) y otros delitos que deben efectuar los sujetos obligados y todas aquellas instituciones financieras y empresas regidas por leyes especiales.
¿Qué es un reporte de actividad sospechosa o RAS?
Las instituciones financieras y no financieras, consideradas sujetos obligados, de acuerdo al artículo 13 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, tienen la obligación de reportar actividades sospechosas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Esto significa, que tanto directivos como empleados «deben prestar especial atención a cualquier transacción o grupo de transacciones, independientemente de su cuantía y naturaleza, cuando se sospeche que los fondos, capitales o bienes provienen o están vinculados, o podrían ser utilizados para cometer delitos de legitimación de capitales, acto terrorista o financiamiento al terrorismo o cualquier otro delito de delincuencia organizada. Asimismo, deberán prestar especial atención a tales actividades aún cuando provengan de una fuente lícita».
El abogado, asesor y proyectista de la Ley contra la Delincuencia Organizada, Bayardo Ramírez Monagas, pionero en el establecimiento de las normas de prevención, control y fiscalización de la legitimación de capitales – el nombre jurídico del delito es uno de sus aportes – define el Reporte de Actividad Sospechosa como un “deber de cuidado legal y prudencial”.
Es un reporte administrativo confidencial – precisa – que es enviado a la Unif, cuya responsabilidad es consolidar la información financiera y determinar, mediante análisis de inteligencia, si reúne “pluralidad indiciaria, de evidencias o presunciones, con calidad de presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, que ameriten desechar o “denunciar” el hecho ante el Ministerio Público, a quien le corresponde abrir o no una investigación penal.
¿Qué delitos disparan un RAS?
Algunos de las situaciones irregulares o delitos que pueden ocasionar un Reporte de actividad sospechosa o RAS son: ilícitos cambiarios, corrupción, legitimación de capitales o lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, contrabando, tráfico de personas, vinculación con personas reportadas o solicitadas, fraude, falsificación de documentos, inconsistencia entre el perfil financiero y las operaciones realizadas, noticia crimen, solicitud de organismos nacionales o internacionales, desconocimiento del origen y destino de los fondos, actitudes sospechosas al momento de efectuar operaciones en las agencias, actividades realizadas sin autorización de organismos reguladores, estafas y fraudes.
¿Qué organismo gubernamental procesa el RAS?
Los RAS son enviados por los sujetos obligados a la UNIF/SUDEBAN, quien, previo análisis, envía al Ministerio Público los que considere deben ser analizados por esta instancia. El Ministerio Publico ha sido claro en informar que cuando se inicia una investigación contra alguien el resultado será el acto conclusivo, el cual puede traducirse en tres formas: acusación, archivo y sobreseimiento.
El Ministerio Público es el único ente a quien le corresponde procesar la investigación y concluir de las tres maneras antes citadas, «ninguna otra institución, sino sólo el fiscal es quien puede acusar, sobreseer o archivar un expediente», sostiene el organismo.
El RAS más famoso
En general, no hay ninguna información que revele o evidencie el peso de los RAS en las investigaciones penales del Ministerio Público por legitimación de capitales. Sin embargo, hay una excepción: El de Walid Makled, que saltó a la opinión pública cuando el 13 de noviembre de 2008, un operativo militar allanó su finca donde se incautaron 388 kilos de cocaína. Sin embargo, tres años antes, en 2005 concretamente, un banco ubicado en la ciudad de Maracay detectó actividades sospechosas en las cuentas de la familia Makled y se envío a la UNIF el RAS correspondiente. Informaciones de prensa revelan que el Ministerio Público inicio la investigación penal, pero al parecer fue archivada en aquel momento. Lo cierto es que uno de los delitos que pesan sobre Walid Makled es el de legitimación de capitales.
En CuentasClarasDigital abogamos porque se respete el carácter técnico y de lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo que debe tener la UNIF y no se pretenda utilizar la misma con fines político-partidistas, lo cual agravaría aún más la inseguridad jurídica y personal que sufre Venezuela.
