CCD.- El jueves 8 de noviembre, por segunda vez en los dos últimos meses, el parlamento de Canadá recibió denuncias de presuntos actos de corrupción de los directivos de la empresa venezolana Derwick Associates, propietaria de 19,8% de las acciones de Pacific Exploration & Production, cuya sede principal se encuentra en Toronto, Canadá, aunque su operación más importante, como Pacific Rubiales, se concentra en Colombia, señala el portal de noticias El Pitazo en una nota escrita por el periodista César Batiz.
En las dos ocasiones, la exposición ante los congresistas la efectuó el presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen Mendoza, un venezolano residenciado en EEUU quien mantiene en la corte de Florida una demanda en contra de – los también venezolanos – Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D´Agostino, los dos primeros presidente y vicepresidente de Derwick, y el tercero asesor de los empresarios.
La comparecencia de Halvorssen Mendoza, primero el 2 de noviembre ante la Cámara de los Comunes (o Cámara de Diputados) y luego el 8 de noviembre frente a los senadores, forma parte de la discusión para la aprobación de la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Corruptos, conocida como Ley Magnitsky, en honor al abogado Sergei Magnitsky, quien fue asesinado en Rusia tras denunciar un caso de corrupción.
Halvorssen contó que fue invitado a presentar las denuncias de corrupción contra Derwick, debido al conocimiento que sobre el caso tiene y al hecho de que parte del dinero generado por ilícitos realizados por esa empresa en Venezuela, donde recibió 12 proyectos para la construcción de obras eléctricas a dedo, sin tener experiencia en el área, se introdujo en el sistema financiero canadiense a través de la compra de las acciones de Pacific y de una cuenta en el Royal Bank.
Los directivos de Derwick enfrentan también una investigación por blanqueo de dinero y corrupción en EEUU, la cual fue oficializada por el fiscal Preet Bahara en marzo de este año, según la agencia Bloomberg.
De aprobarse la ley, cuenta el presidente de la fundación, los principales directivos de Derwick pudieran perder la visa de Canadá y sufrir el congelamiento de todos sus bienes en ese país.
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