CCD | La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner ha recibido una mala noticia en los tribunales. A pocos días del receso judicial veraniego, el juez Julián Ercolini la procesó este martes por la presunta formación de una asociación ilícita destinada a desviar contratos de obra pública hacia Austral Construcciones, una empresa propiedad de un empresario vinculado al kirchnerismo.
El juez Ercolini investigará ahora una presunta cadena de responsabilidades que arranca en la expresidenta y desciende por toda la estructura oficial de la obra pública. Por eso, el procesamiento no se ha limitado a Kirchner: alcanza también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a Lázaro Báez, dueño de la empresa investigada y preso por presunto lavado de dinero; y a José López, exsecretario de Obras Públicas. Este último está detenido desde el 14 de junio, cuando la policía lo encontró arrojando bolsos cargados de dólares hacia el interior de un convento en las afueras de Buenos Aires.
El fallo incluye también un embargo de 666 millones de dólares contra la exmandataria. El procesamiento implica que el juez ha encontrado motivos suficientes para iniciar un juicio contra Kirchner. Este paso permite al magistrado, si lo considera necesario, impedir su salida del país e incluso dictar prisión preventiva sobre la expresidenta.
Este es el segundo procesamiento judicial contra Kirchner desde que dejó el poder, el 10 de diciembre de 2015. Pero es el primero vinculado a una causa por corrupción. En otra causa, la Justicia argentina investiga a la expresidenta por una operación con la venta de dólar a futuro por parte del Banco Central. En esta, los fiscales denunciaron ante el magistrado que existió un “plan criminal” montado desde la Casa Rosada para favorecer a Austral Construcciones, que durante los años de gestión kirchnerista obtuvo contratos viales por unos 3.300 millones de dólares en la provincia patagónica de Santa Cruz. Una auditoría de Vialidad Nacional realizada por el Gobierno de Mauricio Macri determinó el pago de sobreprecios de hasta el 50% en algunas de esas obras, que supusieron un monto total de hasta 1.000 millones de dólares.
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Fuente: El País
