CCD | El abogado Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Económico y experto en anti-corrupción, se muestra optimista con que la cooperación internacional facilitará la recuperación de parte del dinero público comprometido en el caso Odebrecht.
Las leyes internacionales suscritas por la mayoría de los países y los acuerdos globales concretados en las últimas dos décadas, hacen que éste sea un caso que, aunque complejo, pueda ser finalizado con mayor celeridad que otros en el pasado, como fue el de Montesinos, uno de los pocos casos exitosos de recuperación en Latinoamérica.
El Estado peruano ha recuperado hasta el día de hoy alrededor de 100 millones de dólares que terminaron en bancos europeos –por malversación de fondos– durante la presidencia de Alberto Fujimori y la gestión de su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, entre 1990 y 2000. Después de casi veinte años, todavía Perú está recuperando el dinero sustraído por el que fuera el hombre fuerte del ex presidente Fujimori.
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El acuerdo alcanzado por EEUU, Brasil y Suiza con la empresa Odebrecht contempla el pago de la mayor penalidad fijada por el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense en toda su historia: 3.500 millones de dólares. De esta cantidad, el 80 por ciento irá a Brasil y el 20% restante se repartirá en partes iguales entre EEUU y Suiza.
El acuerdo fue alcanzado en diciembre pero la sentencia se concretará el 17 de abril.
La penalidad incluye varios conceptos: la multa por haber violado la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero (Fcpa por su siglas en inglés), el monto de los sobornos, las ganancias de los contratos obtenidos con sobornos, los costos de la investigación y el juicio y el pago a los delatores, colaboradores o whistleblowers.
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Destacó Fernández que sólo se trata de un acuerdo. «No ha habido juicio, pero al aceptar el pago de la penalidad, la empresa ya no podrá ser juzgada en EEUU, ni Brasil, ni Suiza». Otra cosa son las responsabilidades de las personas naturales, es decir, los directivos y empleados de Odebrecht, contra los cuales la justicia puede actuar, puntualiza el experto.
El resto de los países donde Odebrecht reconoció haber pagado sobornos – Perú, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, México, Argentina y sobre todo, Venezuela, pueden enjuiciar tanto a la empresa como a sus integrantes y recuperar así parte del dinero comprometido en cada caso.
Los juicios determinarían los daños civiles involucrados, subraya Fernández, poniendo el ejemplo de Perú donde Odebrecht ya realizó un pago adelantado de 10 millones de dólares por posibles daños civiles debido a la paralización de las obras.
El reconocimiento como delito de los sobornos realizados por empresas transnacionales en países diferentes al propio, es un tema bastante reciente en la legislación mundial. EEUU estableció la FCPA apenas en la década de los 70 a raíz del escándalo Lockheed.
En Venezuela, es ahora con la aprobación de la reforma de la Ley Contra la Corrupción (Ley CoCo) que se formaliza el delito de soborno internacional para las empresas venezolanas en el exterior, las cuales – en opinión de Fernández – se han multiplicado debido al éxodo de empresarios a otros países de Latinoamérica, EEUU y Europa.
Libro «Contra la Corrupción» se presenta este jueves
Estos y otros importantes aspectos de la reforma de la Ley Anti Corrupción, como la positiva inclusión de los Consejos Comunales como sujetos obligados y la creación de la Policía Anti Corrupción, cuyo posible financiamiento privado es considerado como un riesgo, son algunos de los temas que aborda Fernando Fernández en el libro “Contra la corrupción” que será presentado mañana jueves 2 de febrero a las 5 p.m. en la Sala Cabrujas de Cultura Chacao.
El autor, Fernando M. Fernández, es Presidente Fundador de la Asociación Venezolana de Derecho Penal Económico, profesor de Derecho Penal Económico en los Programas de Gerencia Legal Corporativa y de Gerencia Financiera del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), y profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Central de Venezuela, experto en anti-corrupción.
