CCD | Un sobrino político de la diseñadora Carolina Herrera y su socio fueron hallados muertos la noche del jueves dentro de una camioneta abandonada en el sector El Topo de la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Las víctimas fueron identificadas como Reinaldo José Herrera Sánchez (34), sobrino de la diseñadora, y su socio Fabrizio Alberto Mendoza (31). Tenían una empresa dedicada a obras de arquitectura, llamada Herrera y Asociados.
Según fuentes policiales, los socios fueron sometidos en horas del mediodía del jueves por un grupo de antisociales cuando llegaron al Centro Comercial La Boyera de El Hatillo, lugar donde tenían una reunión familiar en la oficina de la firma de arquitectos.
Los delincuentes montaron a las víctimas en la camioneta Toyota Hilux color blanco propiedad de Fabrizio y los sacaron del sitio, indicó la versión policial suministrada.
Durante varias horas mantuvieron sometidos a los dos hombres, y extorsionaron directamente a Fabrizio.
Se supo que lo obligaron a llamar a su casa, para que la trabajadora doméstica le entregara a los maleantes una bolsa con joyas, relojes y dinero en efectivo. La orden no fue acatada por la mujer, quien al notar la irregularidad huyó de la casa y llamó a los familiares para informarles sobre la situación.
Ante el hecho, los delincuentes decidieron ir al apartamento de Fabrizio Mendoza, ubicado en las Residencias Escampaderos en La Tahona, y se llevaron todos los objetos de valor.
Cuando se iban, fue captados por las cámaras de seguridad del conjunto residencial. Eran cinco sujetos y la víctima.
Después del robo los socios fueron trasladados a la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde los asesinaron de un tiro en la cabeza.
Los sujetos en ningún momento se comunicaron con los familiares de las víctimas.
Sin embargo, parientes de Reinaldo llamaron a funcionarios del Cicpc para denunciar el caso, indicando que se trataba de un secuestro.
Los cadáveres fueron hallados por los vecinos de la zona, quienes llamaron a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para que se apersonaran al lugar.
Fuentes cercanas a la familia informaron que allegados de Herrera contactaron a un investigador privado desde España para mediar por la liberación de los empresarios.
Sin embargo, el detective exigió comunicación directa con un familiar de las víctimas en Venezuela. Minutos después se enteraron del hallazgo de los cadáveres.
Reinaldo Herrera era sobrino del esposo de la conocida diseñadora Carolina Herrera. Dejó dos hijos morochos.
Fabrizio Mendoza vivía entre Caracas y Miami. Viajaba con frecuencia a Estados Unidos a concretar negocios y a participar en torneos de Golf, con el fin de recaudar fondos para donar medicamentos a Organizaciones No Gubernamentales en Venezuela.
Estaba siendo investigado por un desfalco millonario a Cadivi, dijeron fuentes policiales.
Investigación del crimen
El Cicpc hizo la recolección de los videos de seguridad en las cámaras del Centro Comercial La Boyera y del edificio donde residía Mendoza, a fin de determinar la identidad de los delincuentes.
De igual manera, el Ministerio Público designó a a las fiscales 69 nacional, Adriana Morales, y a la 74ª del Área Metropolitana de Caracas, Martha Irene Guerrero, para investigar el hecho donde fueron asesinados los dos empresarios.
La policía científica presume que los antisociales le hicieron un seguimiento a Frabrizio desde hace aproximadamente 10 días, cuando llegó al país.
Posiblemente se filtró una información sobre una denuncia que hizo Mendoza, acerca del robo de dos relojes con un alto valor en divisa extranjera que se encontraban dentro de su equipaje, mientras viajaba a Miami hacía un mes.
Se cree que los delincuentes iban a robar directamente a Fabrizio, y como Herrera se encontraba con él , fueron sometidos los dos.
Fuente: El Universal
Investigan a sobrino de Piedad Córdoba y otros venezolanos por corrupción en Cadivi
La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional admitió en mayo de 2016 investigar cinco presuntos casos de corrupción asociados a la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Entre los nombres vinculados a una red de empresas ficticias –creada para sacar provecho del dólar preferencial otorgado por el Estado venezolano– aparecen Álvaro Pulido, sobrino de la senadora colombiana Piedad Córdoba; junto a los empresarios venezolanos Fabrizio Mendoza, Salvador Lairet, Alejandro Berrizbeitia, Germán Carreño y Jonatan Sanchéz, esposo de la excónsul venezolana en Montreal (Canadá). Todos calificados como los “responsables civiles” en los casos.
A la denuncia –realizada por el diputado Robert Alcalá– se encuentra asociado también Alex Saab, representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcción, la cual obtuvo en el pasado contratos del gobierno de Hugo Chávez.
“Estos señores no tienen como justificar la fortuna, los miles de millones de dólares que tienen, la cantidad de plata que gastan en el mundo y la vida que se dan (…) Se dijo que Cadivi fue creada para ‘blindar’ los procedimientos de asignación de dólares y, resulta, que se convirtió en una máquina de corrupción”, criticó Alcalá.
La petición de iniciar la investigación fue solicitada el 10 de febrero por el Frente Anticorrupción “Venezuela en Positivo”, quienes fundamentaron y respaldaron el expediente con facturas y otras pruebas.
A continuación un resumen de los cinco casos presentados por el diputado Alcalá:
CASO I
En febrero de 2012 la empresa de telecomunicaciones, Radio Comunicaciones Telocaliza1 C.A (Rif: J–30418335-6), solicitó dólares para importar sulfato de socio de una empresa ecuatoriana: Ecuainsumos S.A. De acuerdo a nueve facturas en poder de la oposición, esta operación sumó $4.670.592,25. “La primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué una empresa de telecomunicaciones trae sulfato de sodio?”, cuestionó el legislador.
Alcalá explicó que los dueños de esta compañía constituida en Ecuador, a través de “los relacionados directos o indirectos” Fabrizio Mendoza, Francisco Lairet, Alejandro Berrizbeitia y Álvaro Pulido –sobrino de la senadora colombiana Piedad Córdoba–; realizaron la misma operación con otra empresa (Inversiones Gones Indonesia C.A). Esta última empresa presuntamente pertenece a los mismos exportadores.
“Según el listado publicado en la página de Cadivi, Inversiones Gones Indonesia C.A obtuvo cinco partidas de $491.641,29 y otras cuatro de $442.447,16”, aseguró el diputado, cuyo monto de este primer caso se elevaría a un total de $8,89 millones.
CASO II
Ese mismo año fue registrada en Perú la empresa Gerkat Corporation E.I.R.L., también asociada a Mendoza, Lairet, Pulido y Berrizbeitia; “cuyo objetivo en papel era la importación de químicos”.
Simultáneamente, se constituyó en Venezuela la importadora Representantes ITA 2007 C.A. –con domicilio fiscal en Lara– la cual solicitó dólares preferenciales para importar químicos que terminaba vendiendo a Gerkat Corporation E.I.R.L. De acuerdo a las suposiciones de Alcalá, se trata de una “empresa off shore” que convertía al vendedor y el comprador es “la misma gente”.
“El 9 de marzo de 2012 la referida empresa (Gerkat Corporation) cotizó ante Cadivi una molinera de café bajo el código arancelario 8438.80.10, por un monto de $445.000. Esa máquina estaba valorada en $135.000, según se constató con una empresa nacional; es decir, en esa transacción se apropiaron de $315.000, los cuales fueron adquiridos a 4,30 bolívares por dólar. La adquisición fue introducida 10 veces en la misma fecha y por la misma maquinaria”, aseguró Alcalá.
Esta y otras empresas –continuó– supuestamente “servían como fachada”, pues constituye un delito entregar dólares a empresas nacionales cuyos proveedores internacionales son los mismos propietarios.
Para Alcalá, el negocio consistía en revender esos dólares al precio del mercado paralelo (obtenido a 4,30 y vendido a 20,30), incluyendo otras empresas que “servían de alquiler y ganaban 2,5 centavos por dólar”. En esta operación aparece el nombre de Jonathan Sánchez, esposo de la excónsul de Venezuela en Montreal, presunta “allegada a la actual canciller Dency Rodríguez”.
CASO III
Otras dos compañías salieron a la luz en esta presunta estafa. La Corporación 1 TO 1 S.R.L, registrada en Perú, y la importadora Gold Electric C.A, con domicilio en Monagas (Venezuela).
“Concretamente el 8 de abril de 2012, con la factura proforma 401, solicitaron a Cadivi la importación de 2.275 kilos de dióxido de titanio, por un monto de $2,5 millones. Para el año 2012 –fecha en la que fue expedida la proforma y liquidados los dólares–, el precio del dióxido de titanio Anastase KA- 100, en forma cristalizada natural, rondaba los Bs. 2.500 el kilogramo; pero las proformas de ese mismo año indicaban que fueron solicitadas a un precio de $1.110”.
CASO IV
La empresa Chenys Exportaciones EIRL, ubicada en Lima (Perú), solicitó al Estado venezolano la cantidad de $1,6 millones para la importación de alcohol cetoestearílico, producto usado en la elaboración de champú, enjuague y tratamientos para el cabello (…)
“Para esta transacción, se usó en Venezuela la importadora Construcciones e Inversiones MEWY C.A, ubicada en Amazonas (…) Sin embargo, cuando se busca la información del teléfono que aparece registrado en las cinco facturas se trata de un teléfono de Caracas, el cual está registrado en La Florida a nombre de Guisuppe Inserto, según revela la página de Cantv”; detalló Alcalá.
Según la información del Registro Nacional de Contratistas (RNC), para el 2013 esta empresa con domicilio en Puerto Ayacucho se encontraba “inactiva”.
CASO V
El 23 de marzo de 2012 la empresa Mexbin S.A, cuya dirección fiscal es en Guayaquil (Ecuador), solicitó al gobierno venezolano $476.649 para la adquisición de 19 bultos contentivos de 475 kilogramos de benzoato de sodio, un aditivo alimentario usado como conservante.
“Para esta negociación, emplearon a la importadora Exhi Frio C.A, ubicada en la zona Industrial de Aragua (Venezuela), como la empresa que sería la encargada de traer el producto hasta el país. Por ninguna parte esa empresa tiene servicios de conservación de alimentos, lo pueden buscar por su página web”, culminó el parlamentario.
Fuente: El Putazo
