CCD | GNB, Politáchira y Policarabobo son los cuerpos con más funcionarios señalados por el Ministerio Público. La edad promedio de las víctimas es 24 años.
“No avalo y condeno categóricamente el uso de armas de fuego en operaciones para el restablecimiento del orden público por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana”. La tajante afirmación la realizó el general Antonio Benavides, comandante general de ese componente, el miércoles pasado. Sin embargo, por lo menos nueve guardias nacionales han sido imputados por el Ministerio Público por presuntamente haber accionado sus armas de fuego contra manifestantes y causado así heridas o la muerte desde el 1° de abril hasta el viernes pasado.
El número de funcionarios imputados por esas causas asciende a 19 si se suman los del Ejército, la Policía Nacional Bolivariana, Politáchira, Policarabobo y Polisucre. La información se desprende del reporte de víctimas y notas de prensa del Ministerio Público disponible en el portal de esa dependencia.
De los nueve guardias nacionales imputados, tres lo están por el asesinato de Manuel Castellanos el 16 de mayo en el municipio Cárdenas, Táchira. Castellanos recibió un tiro en el cuello cuando hacía cola para comprar pañales. En ese momento, los sargentos segundos de la GNB Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brayan Lemus escoltaban una gandola de gasolina que debía pasar por una barricada. “Los funcionarios fueron atacados con piedras y accionaron sus armas al aire y lamentablemente falleció un ciudadano”, dijo el viernes el segundo comandante general de la GNB, general Giuseppe Cacioppo.
Los otros seis GNB imputados habrían disparado sus armas de fuego contra estudiantes de la UPEL-Araguaque manifestaban en las inmediaciones de esa institución el 17 de mayo. Los estudiantes resultaron heridos. Los señalados son el primer teniente Argenis Jáuregui, el sargento primero Deivi Cabrera y los sargentos segundos Joselin Alarcón, Franco Ojeda, José Molina y Enmer Pineda.
Otro militar investigado e imputado por el MP es el sargento segundo del Ejército Elvis López, implicado en el arrollamiento de la estudiante Aliz Whaskier el pasado 9 de mayo, cuando protestaba en Calabozo, Guárico. La joven está grave.
En el caso de la GNB, la cifra de funcionarios sospechosos de disparar contra civiles se eleva aún más si se incluyen las 14 órdenes de captura emitidas por el MP contra guardias implicados en la muerte de Gruseny Canelón el 11 de abril en Cabudare, Lara.
El general Cacciopo confirmó que también se encuentran bajo investigación un capitán que conducía la tanqueta que arrolló a Pedro Yamine en Altamira el 3 de mayo; otro que profirió insultos y condujo la tanqueta contra manifestantes el 10 de mayo en la Fajardo; y un tercero que disparó gases lacrimógenos contra el urbanismo Los Verdes de El Paraíso.
Policías regionales. Politáchira y Policarabobo registran tres funcionarios imputados cada uno. En el caso de Politáchira, los policías Wilfredo Casanova y Carla Sayago fueron imputados por la muerte de Luis Alviárez, ocurrida el 15 de mayo en el municipio Guásimo de ese estado, tras recibir un balazo en el tórax cuando se encontraba en una manifestación.
Mientras otro oficial, Luis Oviedo, fue imputado por el asesinato de Diego Hernández ocurrido el mismo día en el municipio Independencia, igualmente por un tiro en el tórax, también cuando protestaba.
En cuanto a Policarabobo, en un primer caso, Marcos Ojeda y Edwin Romero fueron imputados por la muerte de Daniel Queliz, ocurrida en Valencia, Carabobo, tras recibir un balazo en el cuello cuando ejercía su derecho de manifestar, el 10 de abril.
En otro caso, el oficial de Policarabobo Gerson Quintero fue imputado por presuntamente haber causado la muerte a Christian Ochoa el 25 de abril en la misma ciudad, cuando participaba en una protesta nocturna el día anterior; Ochoa recibió varios tiros.
PNB y Sucre. La PNB tiene dos funcionarios imputados. Rohenluis Mata por el asesinato de Jairo Ortiz el 6 de abril en Carrizal, Miranda, de un tiro en el pecho. Y Douglas Méndez, por presuntamente herir de un balazo en el estómago a un joven de 18 años en el municipio Guásimos, Táchira, el 2 de mayo. El joven no falleció.
Por último, la Policía Municipal de Sucre tiene un funcionario imputado, Jonathan Camacho, por su presunta participación en el asesinato de Carlos Moreno el pasado 19 de abril en la plaza La Estrella, en Caracas. Moreno recibió un tiro en la cabeza. Camacho es el único de los funcionarios imputados que no participaba en tareas de control de orden público y al momento de los hechos se encontraba franco de servicio, confirmó el director de Polisucre, Manuel Furelos.
El dato
5 civiles han sido imputados por causar la muerte o heridas a manifestantes. Alexander Linares está señalado a causa de la muerte de Carlos Moreno (Caracas). Ivan Pernía, del crimen contra Paola Ramírez (Táchira). Jesús Albi, de la muerte de Almelina Carrillo (Caracas). Misael Estrella, del asesinato del funcionario de Policarabobo Gerardo Barrera (Carabobo). Y Fersen Cedeño está imputado por atropellar a la estudiante Aliz Whaskier (Guárico).
Algunas cifras
-37 personas han sido asesinadas en el contexto de las protestas desde el 1° de abril; esto sin incluir a las 12 personas fallecidas en Caracas el 20 de abril durante un saqueo.
-La mayoría de las víctimas (15) se han registrado en horas de la noche y la madrugada durante enfrentamientos con la policía, la GNB o civiles armados.
-De las 37 víctimas mortales, 4 son mujeres: Paola Ramírez, Almelina Carrillo, Ana Colmenárez y María Guanipa.
-La edad promedio de las personas asesinadas es de 24 años. Sin embargo, el más joven de las víctimas fue Brayan Principal (Lara), de 14 años; y el de más edad, Renzo Rodríguez (Barinas), de 54 años.
-Los días con mayor número de víctimas mortales fueron el 24 de abril (4 personas) y el 16 de mayo (3).
-12 personas perecieron por disparos en la cabeza o el cuello y otras 10 por disparos en el pecho.
Fuente: El Nacional
