CCD | Un grupo bipartidista de senadores presentó hoy un nuevo proyecto de ley en la Cámara alta de EE.UU. para imponer nuevas sanciones contra el régimen de Venezuela y exigir al Departamento de Estado que coordine un esfuerzo regional para atajar la crisis del país caribeño.
Los senadores también urgen a la Casa Blanca en su proyecto legislativo a que evite que la petrolera estatal rusa, Rosfnet, obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadounidense, en alusión a la filial de la petrolera venezolana PDVSA, Citgo.
PDVSA, a través Citgo Petroleum, posee tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana, y una red de autoservicio de combustible de unas 15.000 gasolineras en todo EE.UU., una filial que la petrolera estatal venezolana utilizó como garantía el pasado año para recibir financiación por parte de Rosneft.
En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares ante la crisis que atraviesa el país y su falta de liquidez, por lo que los legisladores estadounidenses quieren evitar que Citgo acabe en manos del Kremlin.
El texto también proporcionaría 10 millones de dólares para que las agencias de ayuda exterior estadounidenses alivien las necesidades de la población venezolana, y otros 9,5 millones de dólares para las organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el país.
La legislación contiene disposiciones para la financiación de medicamentos esenciales, suplementos nutricionales y asistencia técnica para mejorar la distribución de alimentos y medicinas; además de apoyar los esfuerzos de restauración de la democracia liderados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y futuras misiones de observación electoral.
“El presidente Maduro ha lanzado a su país a una profunda crisis y ha minado el sustento del pueblo venezolano de forma profunda y trágica”, apuntó el senador Ben Cardin, copatrocinador del texto y el demócrata de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
“Es en el interés estratégico de Estados Unidos apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y trabajar con los socios regionales para poner al país de nuevo en el camino de la paz, la prosperidad y la estabilidad”, agregó.
Cardin insistió en que EE.UU. debe “liderar un esfuerzo más amplio” con los países de Américas para detener “la hemorragia” de Venezuela, y apuntó que este proyecto de ley dotará a la Administración de “los instrumentos y recursos necesarios para hacerlo” así como apoyar los derechos humanos del pueblo venezolano.
La propuesta de los senadores se produce cuando se cumple un mes de la escalada de tensión en Venezuela, donde se han producido decenas de protestas antigubernamentales, algunas de las cuales se han tornado violentas, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) intentara arrebatar los poderes al Parlamento, controlado por la oposición.
Según el balance oficial en el marco de esta ola de protestas, 29 personas han fallecido en las últimas semanas, cerca de 500 han resultado heridas y se han registrado mil detenidos.
El texto, impulsado también por el senador republicano Marco Rubio, cuenta con el apoyo de los demócratas Dick Durbin, Robert Menendez, Bill Nelson, Tim Kaine, Chris Van Hollen, John McCain y John Cornyn.
“Los civiles venezolanos están siendo heridos y asesinados por su propio gobierno cuando el dictador Maduro y sus matones usan la violencia para reprimir protestas pacíficas pro democracia”, dijo Rubio.
“Estados Unidos debe apoyar al pueblo venezolano mientras lucha por defender sus derechos y restaurar los mecanismos constitucionales y traer de vuelta la democracia en su país”, añadió.
Por su parte, el senador Durbin subrayó la importancia de que EE.UU. trabaje con el resto de la región para proporcionar la ayuda humanitaria necesaria para los venezolanos y “para exigir la restauración del orden democrático y la liberación de todos los presos políticos”.
El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, dijo este martes en conferencia de prensa que EE.UU. se reserva la posibilidad de “hablar con otros países de la región sobre la posible imposición de sanciones coordinadas”, y tampoco descartó ampliar sus propias restricciones económicas a los miembros del Gobierno de Maduro.
“Las acciones tomadas ayer -dijo sobre la convocatoria de la Constituyente- podrían darnos nuevas razones para considerar más sanciones a individuos bajo la Ley para la Democracia en Venezuela de 2014”, alertó el funcionario.
Esa ley estadounidense, impulsada desde el Senado, ha servido de base desde 2014 para imponer sanciones a varios funcionarios del Gobierno venezolano por su supuesta violación de derechos humanos hasta ahora.
Sin embargo, el texto propuesto hoy amplía ese alcance con nuevas medidas y acciones para atajar la crisis del país caribeño.
Fuente: EFE
