CCD | “Nunca el Gobierno había improvisado tanto con tan malos resultados”, así lo afirmaba el economista José Miguel Uzcátegui a mediados de 2016 cuando el presidente Nicolás Maduro anunciaba la creación de una nueva Gran Misión para controlar la producción, importación y distribución de alimentos y medicinas a través de la Fuerza Armada Nacional.
De esta manera, los militares pasaban a asumir la tutela de una administración civil con el beneplácito del Jefe de Estado, que justificó la medida atribuyendo la responsabilidad de la escasez y la precariedad en supermercados y hospitales a una presunta “guerra económica”.
“Esta es una gran misión para gestionar, dirigir y conducir las políticas públicas que resuelvan estructuralmente el problema de la economía criminal que le han impuesto los agentes económicos al país”, explicaba Maduro en aquel entonces.
Sin embargo, para hacer aún más polémica su decisión, el Mandatario se aprovechó del Decreto de Emergencia Económica -negado por la Asamblea Nacional- para conferirle al Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, la facultad de dictar regulaciones y medidas especiales a empresas o jurisdicciones, además de la subordinación de todos los ministerios a su nueva figura como titular de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro.
En el marco de su nombramiento, Padrino López informó que la Fanb ya había comenzado a ocupar algunos puertos y visitar sitios, almacenes y empresas privadas: “No es intervención, pero si hiciera falta el Estado tiene todos los mecanismos para hacerlo”.}
Evasión de responsabilidades
Maduro también garantizó que los militares pondrían orden y evitarían que la empresa privada, que según él controla el 93% de la distribución de productos básicos, “pulverizaran” el sistema mediante el acaparamiento y la usura.
Seguidamente, designó cinco nuevas autoridades militares de puertos para la “creación de un nuevo sistema portuario que articule perfectamente el funcionamiento de un nuevo sistema de economía productiva” y así “vencer a la oligarquía importadora”.
Tras poco más de dos meses de anunciada la nueva misión, el canal oficial de propaganda del Gobierno Bolivariano reportaba que los militares habían fiscalizado 660 empresas privadas y 133 públicas, así como 2.467 establecimientos de venta de alimentos.
De igual manera, luego del establecimiento de los controles, al menos 102 personas fueron detenidas.
¿Plan Rubro por Rubro?
A comienzos del mes de septiembre de 2016, el “Comando para el Abastecimiento Soberano”, dirigido por el GJ Padrino López, anunciaba la activación del “Plan Rubro por Rubro”, que fue publicado en Gaceta Oficial 40.977 y mediante el cual se designaban a los jefes militares que tendrían a su cargo todos “los equipos de seguimiento y control” de cada uno de los 18 rubros alimenticios considerados como principales en farmacia y consumo.
De esta manera, el General en Jefe estructuraba un mapa de comercialización y distribución de cada rubro, para “gobernar” los 18 productos primarios: aceite; arroz; avícola (pollo y huevos); azúcar; carne de ganado bovino; café; caraotas; detergente, jabón de baño, champú, crema dental y desodorante; farmacéutico; harina de maíz; lácteos; maíz amarillo; margarina; papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables; trigo; pescado; carne de ganado porcino; y finalmente, la torta y frijol de soja.
En esa misma Gaceta también se nombró a un general como “Coordinador para la cabal implementación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano en el Resguardo, Seguridad y Funcionamiento” en los nueve mercados mayoristas más importantes del país.
Pese a todos los esfuerzos del gobierno por ocultar su ineptitud, la producción nacional cayó 30%, en 2016, sólo se importó 70% de los alimentos que consumen los venezolanos y hubo un déficit de maíz del 80% por los estrictos controles de precios. La leche sufrió una dramática disminución, pasando de 10 millones de litros diarios a solo 3,7 millones diarios.
La escasez de divisas afectó hasta al sector de la autopartes, que no pudo continuar importando los repuestos necesarios para la agroindustria y la actuación de los militares no hizo otra cosa más que empeorar el panorama.
Se escudaron en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano para confiscar la mercancía de centenares de empresas agroindustriales para alimentar a sus tropas, haciendo cada vez más difícil la tarea de producir para los estados agropecuarios.
Más corrupción, menos alimentos
Por si fuera poco, en el mes de diciembre, la agencia internacional de noticias AP difundió una investigación en la cual afirmaba que el Ejército venezolano se estaba lucrando con la distribución de alimentos.
Citando al dueño de un abasto identificado como José Campos, la AP denunciaba que muchos comerciantes tenían que viajar hasta un mercado ilegal administrado por militares para comprar los bultos de harina de maíz a 100 veces el precio fijado por el gobierno.
“Ahora que partes del país petrolero están al borde de la hambruna, el tráfico de alimentos se ha convertido en un gran negocio en Venezuela. Y las Fuerzas Armadas están en el corazón de todo, según documentos y entrevistas con más de 60 funcionarios, propietarios de empresas y trabajadores, entre ellos cinco exgenerales. Como resultado, la comida no está llegando a los que más la necesitan”.- AP
En el artículo también incluían el testimonio de un empresario sudamericano quien aseguró tener un barco repleto de maíz esperando atracar en un puerto venezolano durante más de 20 días. Tras pagar más de 8 millones de dólares en sobornos, a la embarcación no se le permitía anclar.
Ese mismo empresario explicó que muchos vendedores como él podían sobornar a los militares venezolanos porque éstos luego se encargan de inflar los precios en la factura que le entregan al Estado.
El procedimiento inicia cuando arriba al país un barco con alimentos o materia prima. Los funcionarios dejan a la embarcación aguardando por el permiso de atraque hasta que se les paga. Los empresarios envían sobres con dólares a los militares y luego que la mercancía es descargada, cada agente de aduana toma su parte.
“Los funcionarios inician el proceso de nacionalización de los bienes hasta que se les paga el equivalente a un salario mínimo mensual, según cuatro empleados de aduanas. Luis Peña, director de operaciones del importador Premier Foods, con sede en Caracas, dijo que paga a una larga lista de funcionarios militares por cada envío que hace de pequeñas empresas en Estados Unidos.” – AP.
Peña aseguró que la cadena de corrupción es larga y va desde que la mercancía llega en barco, hasta que la misma es transportada en camiones hasta los abastos y supermercados: “Si los importadores tratan de saltarse el proceso sin pagar sobornos, la comida se queda y se pudre, añadió.
“Cuando la comida se echa a perder, los militares tratan de deshacerse de ella discretamente. Daniel Arteaga, un operador de grúas en Puerto Cabello, vio como empleados estatales enterraban cientos de contenedores de pollo, carne y granos podridos”.- AP
En otras palabras la Gran Misión de Abastecimiento Soberano lo que posibilitó fue un extenso esquema de corrupción que involucra a prácticamente todas las etapas de importación, desde que llegan alimentos al país, hasta que son entregados al consumidor.
Algunos analistas opinan que la movida de Maduro, al otorgar el control de los alimentos a los militares, lo que buscó para evitar probables sublevaciones de soldados hambrientos y continuar asegurando su continuidad en el poder. Pero independientemente de las motivaciones de Maduro, lo cierto es que a este gobierno se le acabaron las excusas.
Al momento de la publicación de esta nota, la represión de Nicolás Maduro, cabecilla de un grupo con mucha sed de poder, lleva 69 muertos en 75 días de protesta continúa. ¿El motivo?… la grandísima crisis humanitaria y alimentaria por la que está atravesando la población venezolana gracias a lo antes expuesto como una de sus aristas.
Fuente: La Patilla
