CCD | A pesar de que la constructora brasileña Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado 98 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Venezuela en diciembre de 2016, durante al menos nueve de los 18 años del régimen chavista, hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la oscuridad información relevante sobre los montos invertidos en obras adjudicadas en este país a las principales empresas de Brasil que están bajo investigación por el caso Lava Jato en varias naciones de Latinoamérica.
Hace pocas semanas se conoció que en 2012 Maduro, entonces canciller de Venezuela, entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana por sus servicios de marketing político para la campaña de reelección de Hugo Chávez, monto que no fue declarado de manera oficial, según el testimonio de Moura ante la justicia de Brasil. En ese entonces, Maduro era el hombre de confianza de Chávez, a quien el líder confió el rumbo del país y quien finalmente lo relevó en el cargo tras ganar unas reñidas elecciones 40 días después del anuncio de su deceso, oficializado el 5 de marzo de 2013.
Ante el estridente silencio oficial del gobierno chavista, que impide que se conozca la magnitud de la corrupción de las constructoras brasileñas y funcionarios de este país, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.
Según esta organización civil, las cuatro empresas brasileñas obtuvieron en Venezuela contratos estatales en por lo menos 40 obras durante las gestiones presidenciales de Chávez y Maduro. De estos proyectos de infraestructura, 32 corresponden a adjudicaciones directas a Odebrecht, cuatro a Camargo Correa, tres a Andrade Gutiérrez y una a Queiroz Galvão.
El 9 de junio de 2017, la oficina de Odebrecht en Caracas informó a Runrun.es y ElPitazo.com, como parte de este reportaje del colectivo “Investiga Lava Jato”, que su catálogo en Venezuela comprende en realidad un total de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución, “dentro de la normalidad de los contratos de esta naturaleza”. Quiso dejar en claro que está contribuyendo y contribuirá con todos los procesos e investigaciones que procedan de cualquier entidad del estado venezolano. “Es un compromiso de la organización”.
Aunque Odebrecht Venezuela afirmó que existen diversas fuentes de financiamiento de estas grandes obras, que incluyen entidades privadas, colaboración internacional y recursos propios del Estado, no detalló los montos asignados a cada proyecto. Tampoco precisó cómo se llevaron a cabo los procesos de asignación de contratos, entre los que se encontraban licitaciones, contrataciones y convenios bilaterales.
A pesar que se desconoce la suma total de dinero a la que ascienden estas contrataciones, se sabe de un estimado realizado por el diario Valor Económico de Sao Paulo: alrededor de 20 mil millones de dólares hasta 2014. Los montos pueden ser aún mayores porque los escasos presupuestos que se han publicado corresponden solo a la parte del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BNDES) o a Corporación Andina de Fomento (CAF).
Expulsión empresarial
La Cámara Venezolana de la Construcción decidió el 28 de marzo de 2017 expulsar a Odebrecht de este gremio “por razones éticas”, hasta que se mantuvieran las pesquisas por parte de los órganos de justicia. De esa manera, se atendió la exhortación de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, de la cual forma parte, en relación a tomar acciones frente a esta compañía denunciada por corrupción.
Al respecto, entre las pocas acciones emprendidas por las autoridades de Venezuela está el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, el 14 de febrero. Se trató de un operativo conjunto del Ministerio Público, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como parte de la investigación sobre irregularidades en la contratación del Estado con esa compañía.
A pesar de esta intervención oficial, la empresa sigue operando en Venezuela, tomando estos “procesos de visita como es normal en estos casos. Nosotros apoyamos y respondemos a sus solicitudes”, confirmaron voceros de la constructora desde su sede en Caracas.
Odebrecht Venezuela sostiene que en esta nación se le otorgaron contratos de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas, y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución.
A través de un comunicado, la fiscalía venezolana señaló que la investigación busca “determinar si las obras para las cuales fue contratada esta empresa están culminadas o no, y cuál es el destino del dinero cancelado por las mismas, con el fin de corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”. Asimismo, se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la firma brasileña.
Ese mismo día, se ordenó la detención del otrora influyente Euzenando Prazeres de Acevedo (en la gráfica), presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, bajo la sindicación de “corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista”.
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La propia oficina en Caracas aclaró que Azevedo se desempeñó como Líder Empresarial de la Empresa en Venezuela hasta el año 2013. A partir del año 2015 dejó de prestar servicios para la empresa Odebrecht, periodo en el culminó su relación contractual con la empresa.
Cabe anotar que la primera vez que Nicolás Maduro hizo alusión a la corrupción de constructoras brasileñas fue el 5 de febrero pasado, solo para confirmar que las obras ejecutadas por Odebrecht habían sido suspendidas, pues no aclaró el destino de los 98 millones de dólares pagados funcionarios venezolanos de forma irregular. Prometió que su gobierno terminaría las obras con material y mano de obras venezolanos. No dio fechas ni montos y tampoco informó cómo enfrentará la crisis de escasez en el sector construcción.
En el Parlamento de Venezuela, las pesquisas que se iniciaron de oficio en la Comisión de Contraloría se quedaron estancadas debido a la grave crisis política y de gobernabilidad que padece esta nación tras 18 años de gestión chavista.
Sobre la llamada Caja 2 de Odebrecht, referente a los pagos de sobornos a funcionarios e intermediarios en Venezuela, la sucursal de la constructora en Caracas prefirió callar. No afirmó ni negó nombres. Aclara que el proceso es conducido por las autoridades de Brasil y que las oficinas de Venezuela no tienen acceso a los mismos.
No obstante, como parte del proyecto “Investiga Lava Jato”, Runrun.es y ElPitazo.com destaparon hace unos días que Odebrecht pagó al menos 13 millones 385 mil 329 dólares en sobornos para mantener contratos de grandes obras en Venezuela, según correos electrónicos de la División de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como el “Departamento de las propinas”.
Fuente: RunRunes
