CCD | El 26 de mayo se cumplieron 56 días de protestas continuas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante las cuales los periodistas enfrentan agresiones tanto de la policía como de colectivos armados y de manifestantes.
Ha habido más de 115 casos de violaciones, restricciones y ataques a la libertad de expresión registrados en sólo un mes, de acuerdo con la organización vigilante de la libertad de prensa IPYS Venezuela. Cerca de la mitad de los casos documentados por la organización entre el 28 de marzo y el 8 de mayo fueron agresiones físicas y ataques contra miembros de los medios de comunicación. Durante ese periodo se registraron más casos que en los primeros tres meses del año, cuando se tuvo registro de 84 casos. (En la gráfica, la periodista Raylí Luján de El Nuevo País y Zeta, luego de ser agredida por «colectivos» el 22 de mayo en Caracas).
Este tipo de violaciones incluyen ataques físicos, restricciones de acceso a información, censura, leyes restrictivas y abuso de autoridad.
El reporte del IPYS abarca hasta el 8 de mayo, pero los ataques y la intimidación de periodistas que cubren la crisis venezolana han continuado.
“Si se trata de una convocatoria del gobierno, las fuerzas de seguridad del Estado no van a reprimir, pero sí estoy alerta por los manifestantes”, dijo Julett Pineda, periodista del sitio venezolano de noticias Efecto Cocuyo, en un correo electrónico al Centro Knight.
Pineda explicó que los políticos y los medios de comunicación que se inclinan en favor del gobierno han dicho que su medio, Efecto Cocuyo, difunde noticias falsas y contribuye a una guerra mediática, por lo que es cuidadosa cuando acude a una marcha en pro del gobierno.
“Si alguno reconoce al medio y ha escuchado este tipo de declaraciones es muy fácil que te tilden de ‘infiltrado’ o que la misma gente te intimide mientras haces tu trabajo”, explicó.
“En las marchas opositoras sí estoy más preocupada por la policía o la Guardia Nacional. Al principio pensaba que si me quedaba con un grupo de colegas y lejos de los manifestantes nunca iban a arremeter contra la prensa; pero no es así”.
Sin embargo, Pineda dijo que las probabilidades de ser atacada son más bajas si se mantiene con sus colegas. “Aún así, los uniformados han lanzado bombas lacrimógenas directamente a la prensa para dispersarnos. Si estás separado del grupo, sí corres mayores riesgos”, agregó Pineda.
La periodista dijo que también debe tener cuidado de los manifestantes en las marchas de opositores, mientras hace entrevistas o toma fotografías. “Hay muchos que son escépticos, te preguntan de qué medio eres, si se trata de una página web chavista o no, piden ver tu carnet primero”.
En Twitter, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró al menos 16 ataques contra periodistas en las manifestaciones del 22 de mayo. La mayoría de las agresiones ocurrieron en Caracas durante la “marcha por la salud y la vida” que fue interrumpida por la Policía Nacional Bolivariana.
Entre los heridos está la fotógrafa de AP Ariana Cubillos, así como Juan Peraza, fotógrafo de la Alcaldía de Chacao, quienes fueron alcanzados por chorros de agua a presión lanzados por miembros de la Guardia Nacional en Caracas. Jhoalys Siverio, de Correo del Caroní, y Pableysa Ostos, de El Universal, dos periodistas de Ciudad de Guayana, fueron despojados de sus teléfonos celulares por parte de manifestantes encapuchados.
Dos días después, el SNTP informó que al menos dos reporteros habían sido atacados con bombas de gas lacrimógeno mientras cubrían una represión del gobierno durante una manifestación.
Pineda dijo que los periodistas suelen ser identificados por el equipo de protección que portan. Mientras que los manifestantes de la oposición normalmente visten de blanco y llevan banderas de Venezuela, los periodistas usan cascos, máscaras antigás y se aseguran que sus acreditaciones de prensa estén siempre visibles.
El Ministerio Público venezolano recientemente anunció en Twitter que investigaría “agresiones a tres periodistas” de El Nuevo País y Zeta, ocurridas en Caracas durante una protesta estudiantil. La periodista Raylí Luján fue pateada y retenida por “colectivos”, lo que le ocasionó una herida en el lado izquierdo de la cara, de acuerdo con el SNTP. El grupo también intentó robar a dos compañeros del equipo de Luján, antes de que todos fueran dejados en libertad.
“Hoy fuimos víctimas de colectivos que ‘nadie’ controla”, escribió Luján en su cuenta personal de Twitter. “Sin embargo, ¡no hay golpe que pueda callarnos!”.
Los colectivos están armados. Se trata de grupos civiles pro-gobierno ubicados en el oeste de Caracas, que alguna vez fue considerado territorio chavista. “Son mucho más violentos que la policía cuando se trata de agresiones a la prensa”, dijo Pineda.
“Los colectivos también han hecho de la prensa su principal objetivo. Nosotros, en Efecto Cocuyo, tratamos de no llevar el chaleco antibalas sobre la camisa para evitar que nos identifiquen como prensa más rápidamente y así ser menos vulnerables a ataques de estos grupos”.
El 18 de mayo, el Ministerio Público ordenó medidas de protección para miembros de los medios de comunicación durante protestas, luego que el SNTP levantó una denuncia en la que mostró evidencia de ataques contra periodistas. Pero, de acuerdo con Pineda, ese mismo día los periodistas sufrieron algunas de las peores represiones de los últimos 50 días. La solicitud fue aprobada por un Tribunal de Justicia el 23 de mayo, y se pidió a funcionarios de seguridad proveer protección prioritaria a periodistas.
“[Protección] significa que pueda hacer mi trabajo tranquilamente”, dijo Pineda. “No ser hostigada ni amenazada por el trabajo que esté haciendo por parte de cualquier bando”.
El 26 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un comunicado en el que externaba su preocupación por el “el uso de operaciones militares para el control de manifestaciones públicas en Venezuela”.
El comunicado cita a la Fiscalía General de Venezuela y al Ministerio Público al decir que 55 personas han muerto en actos de violencia entre el 6 de abril y el 24 de mayo. De ellos, 52 eran civiles y 3 eran funcionarios. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y voceros del gobierno, 60 personas han muerto debido a la violencia en el contexto de las manifestaciones, reportó la Comisión.
Fuente: Knight Center
