CCD | Durante el mandato de los Kirchner – la era K – surgió un grupo de delincuencia organizada que medró en la importación de insumos usando dólares a precio oficial en una Argentina con control de cambio para enriquecerse ilegalmente.
La historia es bien conocida por los venezolanos: divisas subsidiadas, empresas fantasma, testaferros, sobreprecios, facturas falsas, funcionarios corruptos…
En el febril mercado cambiario de 2015, con la complicidad de altos funcionarios del Estado, empresarios corruptos accedieron al «dólar importador» barato y lo cambiaron en el mercado negro o «blue», sin realizar la importación o concretándola parcialmente.
La justicia argentina acaba de descubrir que por lo menos 55 compañías y sociedades anónimas aprovecharon este esquema para defraudar más de 300 millones de dólares que ahora se ubican en cuentas bancarias de China y Hong Kong.
Cualquier similitud con Venezuela…no es casualidad.
Mafia del «dólar importador» en la era K: los prestanombres y los millones negros de las empresas fantasma
Buenos Aires.– Infobae accedió a la denuncia del titular de la Aduana Gómez Centurión que disparó una causa con once detenidos. Las tres firmas sin bienes ni declaraciones juradas y con titulares que viven en barrios pobres acusadas de usar el esquema de las DJAI para fugar más de 130 millones de dólares a Asia.
Las viejas DJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación gestionadas por la Secretaría de Comercio, le permitían comprar dólares a precio oficial en el Banco Nación y en pleno cepo a las empresas que buscaban importar productos al país. La tentación ante esto era obvia: tomar los dólares baratos y huir al jugoso mercado blue. 55 compañías y sociedades anónimas aprovecharon este esquema durante las gestiones de Guillermo Moreno y Augusto Costa, según apuntó el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en una denuncia de 59 páginas presentada en agosto del año pasado ante la Justicia en lo penal económico, marcada por fuertes sospechas de violaciones a la ley aduanera, contrabando y lavado de activos.
Esas 55 compañías, aseguró el titular de la Aduana, fugaron capital fuertemente, con 300 millones de dólares girados a China y Hong Kong. Hoy, casi un año después, esa denuncia se convirtió en un escándalo de proporciones nacionales, quizás la última avivada de la era K que quedaba por conocer.
Las acusaciones de Gómez Centurión recayeron en el Juzgado en lo Penal Económico N°8 a cargo del doctor Gustavo Meirovich, que investigó el caso con la asistencia de la Procelac y encargó tareas al departamento de Delitos Federales de la PFA. La semana pasada, la Policía Federal golpeó fuerte: hubo 23 allanamientos a domicilios ligados a la comunidad coreana y al negocio de la importación de telas y seis detenidos, entre ellos empresarios de la comunidad, contadores y prestanombres que conformaron la titularidad de al menos dos empresas denunciadas por Gómez Centurión.
Los detenidos aumentaron con el correr de los días; ya son once presos en total, incluido el personaje principal en la trama, Sung Hu Kwan, alias «Mister Korea», un empresario coreano de 30 años recientemente deportado desde Seúl e investigado en la causa de la «mafia de los contenedores», a cargo del juez Marcelo Aguinsky, en la cual está prófugo Claudio «Mono» Minniccelli, cuñado del multiprocesado ex ministro Julio De Vido.
Infobae accedió a la denuncia de Gómez Centurión en forma completa. En el documento, el titular de la Aduana aportó la lista de las empresas acusadas, una prolija planilla de Excel con las razones sociales de cada una de ellas, sus números de CUIT, montos de dólares comprados, sus titulares ante el Boletín Oficial y direcciones fiscales, así como los huecos en sus relatos y sus contradicciones. «Empresas de cartón», es un término que Gómez Centurión usa con frecuencia para describirlas, firmas fantasma.
Había dos formas de robar con las DJAI, según el texto. La primera era comprar esos dólares oficiales para luego venderlos y no importar nada. La segunda se trataba de efectivamente importar, pero declarando al Estado mucho menos dinero del enviado al exterior en concepto de pago de productos. Impus SRL, con domicilio porteño en la calle Calderón de la Barca y dedicada en los papeles a la venta al por mayor de textiles, corresponde a esta última, la más acaudalada de toda la lista: más de 57 millones de dólares enviados a Asia.
Las contradicciones se volvían obvias. Impus reconoció importaciones con un valor global con costos de transporte de apenas 2,7 millones y declarado ventas por 70 millones de pesos en 2012; sin embargo, no surgieron retenciones en el sistema de la AFIP. No hubo ninguna declaración jurada para el ejercicio de 2013.
Los depósitos que informaron entidades bancarias, sin embargo, fueron fabulosos: 71,9 millones de pesos en 2012 y otros 259 millones en 2013, algo sorprendente para una firma sin empleados ni bienes muebles o propiedades inmobiliarias.
Sus socios, de acuerdo con el Boletín Oficial, son igual de sorprendentes también. E.E.M es uno de ellos, de 29 años de edad, inscripto como monotributista, sin bienes ni tarjeta de crédito y pequeñas deudas a organismos de pequeños préstamos, de acuerdo con el BCRA. Su casa, o al menos su domicilio fiscal, es una casa baja de una sola planta en Villa Ballester.
El contraste se vuelve más fuerte con L.W.V, otro socio en el directorio de Impus y el señalado por bancos como el titular de las cuentas de la empresa. L.W.V, de 42 años, está registrado como empresario en la AFIP. Datos del BCRA apuntan que emitió más de 200 mil pesos en cheques no solo por Impus sino también por otra empresa más de la cual es socio. Su domicilio fiscal queda en un barrio carenciado de González Catán. «Prestanombres» es un eufemismo empleado por la PFA y el juez Meirovich.
Terrasur Inversiones SA, que da nombre al expediente del Juzgado en lo Penal Económico N°8, la sigue en el ranking: 38 millones fugados al exterior, según Gómez Centurión. Supuestamente dedicada al transporte de mercadería, entre otros rubros, Terrasur, domiciliada en Avenida de Mayo, no tiene ningún vehículo a su nombre, ningún empleado tampoco. Registró apenas dos pagos por impuesto a las ganancias, 5300 pesos, con un patrimonio neto de 141 mil pesos. Los números alocados se repiten: la AFIP detectó acreditaciones bancarias en 2012 y 2013 por 228 millones de pesos en total.
La composición societaria también es curiosa. Figura, por ejemplo, una mujer domiciliada en Paso del Rey sin bienes declarados, consumos relevantes o acreditaciones de dinero, pariente de una persona que ya había conformado una sociedad con L.W.V, parte del directorio de Impus. Hay otro vínculo inquietante: Impus y Terrasur, detectó Gómez Centurión, operaron con la misma despachante de Aduana.
Edetex, domiciliada en la calle Arroyito en Temperley, es la próxima: 35 millones de dólares enviados, increíblemente, «sin haber concretado una sola operación efectiva de importación para consumo… ninguna actividad comercial declarada ante la DGI», escribió el titular de la Aduana. «¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sorteó los controles fiscales?», se preguntaba el funcionario. Simple: Edetex lo hizo con una medida cautelar dictada contra la AFIP por un juzgado en lo contencioso administrativo.
Hay más acreditaciones bancarias siderales, con 219 millones de pesos que llegan hasta 2014. También hay más coincidencias. Su principal socio, un ex policía federal exonerado de la fuerza y supuesto empresario, fue condenado a tres años de cárcel en suspenso por contrabando y violación del código aduanero.
C.J.B, otra miembro de su directorio, una comerciante de Florencio Varela, había sido parte de Vielmur SA, una de las empresas denunciadas por Gómez Centurión, señalada por comprar más de 4 millones de dólares mediante las DJAI. Vielmur también fue integrada por uno de los once detenidos por la PFA, un hombre de Wilde ligado a las firmas de la comunidad coreana investigadas en el caso. C.J.B, por otra parte, integró no solo Vielmur y Edetex: aparece también en más de cien empresas creadas desde 2002.
Gómez Centurión, por otra parte, dijo saber a dónde mandaban su dinero Impus y Edetex: a las cuentas de Shaoxing Bolida Import and Export, una firma con base en Hong Kong. Edetex, por otra parte, diversificaba su canasta. La denuncia que recibió el Juzgado N°8 habla de otras cuatro empresas asiáticas. La Procelac -que validó gran parte de la denuncia del titular de la Aduana- trabaja con la Justicia en la parte offshore del caso.
El objetivo del juez Meirovich: repatriar la plata fugada.
Fuente: Infobae
