CCD | Lula Da Silva fue hallado culpable de aceptar sobornos de la constructora OAS por US$1,1 millones, un monto que fue dedicado en la reforma y amueblado con piezas de lujo de un apartamento triplex en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.
Lula, de 71 años y presidente entre 2003 y 2010, siempre negó los cargos y se considera víctima de una caza de brujas. Ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.
En cualquier caso, la sentencia de Moro, encargado de las investigaciones sobre la trama de corrupción conocida como «Lava Jato» (autolavado, en portugués), es histórica: por primera vez un expresidente de Brasil es condenado por corrupción.
El caso, que inició alrededor de la petrolera estatal Petrobras, ha acabado salpicando a políticos y poderosos empresarios de Brasil.
Según la sentencia de Moro, citada en medios brasileños, el de Lula fue «un delito complejo que implicó la práctica de diversos actos en momentos diferentes».
Además, de acuerdo con el juez, el hecho de que Lula era el encargado de nombrar a los directores de Petrobras, le otorgaba «un papel relevante en la trama criminal».
En varias oportunidades Lula ha adjudicado fines políticos a este proceso judicial e incluso ha negado que el apartamento de Guarujá sea de su propiedad, algo que Moro descartó en su sentencia.
«Lava jato»
La de Lula es la última de las múltiples condenas emitidas en el marco del escándalo desatado en torno a la petrolera estatal Petrobras y que comenzó casi por casualidad en una gasolinera de Brasilia.
Fue en marzo de 2014, cuando la Policía Federal descubrió que, además de las bombas de combustible, el minimercado y la cafetería, en la estación había una casa de cambio que se usaba para lavar dinero.
Poco después se descubrió la relación de la trama con Petrobras.
Y más tarde, a cambio de beneficios penales, algunos de los que ya estaban siendo acusados empezaron a delatar a otros implicados.
El escándalo fue salpicando a autoridades y empresarios hasta provocar uno de los mayores terremotos políticos del país.
Los fiscales denunciaron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de Petrobras.
A cambio pagaban sobornos a directores de la petrolera y a medio centenar de políticos de diferentes agrupaciones, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.
El dinero desviado oscilaba entre 1% y 3% del valor de los contratos con Petrobras, iba a compañías de fachada que los disfrazaban como pagos por consultorías.
Así, una operación contra el lavado de dinero que se llamó «Lava jato» -que en portugués significa «autolavado» aunque en la gasolinera de Brasilia nadie lavaba autos-, acaba de resultar en la condena de quien fuera uno de los políticos más populares del mundo.
Lula 2018?
Según la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Lula «sufre una persecución judicial sin paralelo».
«Está en curso una de las mayores manipulaciones de las que se tiene noticia por cuenta de su trayectoria política y por haber sido el mejor presidente de Brasil», señala un comunicado de la bancada del partido de Lula.
Lula, que sigue siendo uno de los políticos más populares de Brasil, había anunciado recientemente su intención de volver a ser candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre de 2018.
No obstante, si el Tribunal Regional Federal confirma la condena, Lula podría resultar inelegible.
Dicho tribunal suele tomarse un año para analizar las apelaciones, por lo que es posible que la decisión judicial llegue en la víspera de la elección presidencial.
Durante sus años de gobierno, el exsindicalista alcanzó tal notoriedad nacional e internacional que el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo llamó «el político más popular del planeta».
La sentencia de Moro, cuyas investigaciones por el operativo «Lava Jato» han llevado a que algunos lo consideren un posible candidato presidencial, llega en un contexto de profunda crisis política en Brasil.
Dilma Rousseff, la sucesora de Lula, fue sometida a un juicio político y destituida en agosto de 2016 por normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Desde entonces gobierna quien fuera el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, que actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva.
Hace tan solo dos semanas, Moro sentenció a 12 años de prisión a Antonio Palocci, un influyente ministro durante los gobiernos de Lula y Rousseff, también por corrupción.
