CCD | El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizó en el mes de mayo tres OLP en zonas populares de Caracas, mientras se desarrollaban protestas de oposición. Una revisión periodística realizada por Monitor de Víctimas -un proyecto de recolección de data para caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital-, identificó a 16 personas presuntamente ejecutadas durante estos procedimientos
Mientras la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimía en el este de Caracas las manifestaciones contra el Gobierno, en la parte alta de la Cota 905 las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) realizaban una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).
La orden era directa y clara: Había que evitar que el barrio bajara a protestar. Ese día la incursión policial dejó cinco muertos en lo que las autoridades describieron como un enfrentamiento, y los vecinos calificaron de ajusticiamiento. Monitor de Víctimas registró estas matanzas y entrevistó a familiares de víctimas y testigos para mostrar el otro lado de la OLP.
Uno de los casos ocurrió el 8 de mayo. A la 1:30 pm un batallón de funcionarios del FAES, vestidos de negro y con capuchas, tomó más de 10 sectores de La Cota 905, entre las parroquias Santa Rosalía y El Paraíso del municipio Libertador. Una vecina que a esa hora bajaba con sus dos hijas y una bandera para participar en la movilización opositora tuvo que devolverse. Un funcionario la apuntó con un fusil y le preguntó: “¿A dónde crees que vas tú?”. La mujer temblorosa, no supo qué responder y el agente la empujó y le dijo: “Camina que vamos para tu casa”.
Al llegar a la vivienda en el sector El Naranjal, le rompió su tricolor y entró a las habitaciones. Sacó gavetas y desordenó los closets. Dejó una estela de ropa en el piso y los portarretratos familiares los destruyó. Había trozos de vidrio por doquier.
Cuando terminó la revisión, el funcionario la haló por un brazo y le preguntó: “¿Qué sabes del Coqui?”. Ella le contestó que no lo había visto, que no tenía trato con él. Antes de irse, el policía se llevó unos relojes y el dinero que la mujer tenía guardado en su dormitorio. Ese día nadie pudo salir del barrio. Hubo un toque de queda. La vecina, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirma que el Gobierno pretende evitar que los barrios salgan a participar en las manifestaciones.
“Ellos no quieren que pase lo que ocurrió en La Vega. Allá la gente dejó el miedo de lado. Salieron de sus casas y expresar su malestar porque no hay comida. Aquí usaron como excusa la activación de un operativo para buscar al Coqui para mantener a la gente presa”, aseguró.
Excesos, robos y violaciones de derechos humanos
Según la información recabada por el equipo del Monitor de Víctimas ese día la OLP mató a cinco ciudadanos: José Alberto Jaspe, de 19 años de edad, Carlos Tovar, Yeiker Castro González, de 26 años, Keivel Enrique Pineda y un hombre, conocido como Gustavito. La policía y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol aseguraron que eran miembros de la banda del Coqui, pero en el barrio la versión era otra.
La masacre de Artigas
Tres días después de la intervención policial de la Cota 905, la OLP llegó al Barrio Unión de Artigas, una zona que según los vecinos, carece de grupos delictivos poderosos. “Aquí no hay bandas con estructuras organizativas como las existentes en las zonas de paz y eso explica la razón de que esa comunidad permaneció exenta de operativos”.
Los relatan que no habían visto tantos policías como la tarde del 11 de mayo. Unos decían “era un Ejército de hombres como el que se ve en películas de guerra”. En paralelo a esa intervención, personas de la tercera edad se concentraron en la Plaza Brión de Chacaíto para ir a la Defensoría del Pueblo, en una protesta convocada por la MUD.
A esa convocatoria asistiría Tomás Capote, un habitante de Artigas, que tiene 66 años de edad y es pensionado del Seguro Social. Dijo que quiso salir a luchar por el futuro de su nieto de 17 años y a reclamar a viva voz por la falta de medicinas para tratar la diabetes que padece.
Su objetivo quedó en buena intención porque la policía no lo dejó bajar. El grupo de hombres con las caras cubiertas tomó temprano la zona. No había paso. Los que querían entrar al barrio, tuvieron que esperar que el procedimiento terminara pasadas las 11:00 pm o irse a casa de familiares y amigos en otras zonas.
Los funcionarios iban en búsqueda de una supuesta banda, denominada “Los Picoteros”, una organización de la que jamás Capote había oído nombrar, pese a que lleva más de 30 años viviendo allí y sabe quién es quién en el barrio. Los hombres como de costumbre, entraron a las viviendas sin preguntar. Tumbaron puertas, sacaron a las mujeres. A algunas las encerraron en las habitaciones porque no soportaban el llanto y se llevaban detenidos a los que señalaban como sospechosos de haber cometido crímenes en la calle Libertad de la barriada.
Plomo cercano a la concentración
Días después, el viernes 26 de mayo, hubo cuatro muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Nuevamente la PNB protagonizó la masacre. Según versiones policiales, cuatro hombres en actitud sospechosa que viajaban en un vehículo Twingo, de color amarillo, accionaron sus armas contra los uniformados que iban en un vehículo rústico, cuando le dieron la voz de alto en Roca Tarpeya, parroquia San Agustín.
Paralelamente al intercambio de disparos, a pocos metros, en la avenida Victoria, los vecinos se preparaban para iniciar una movilización hasta el paseo Los Próceres.
De acuerdo con el registro del Monitor de Víctimas, los cuatros hombres fueron identificaron como: Eder Hidalgo Piñango, Luis Rodríguez, Johanderson Cabello y Raimer Tovar Pérez. Para justificar el asesinato, los relacionaron con la banda del Coqui.
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Fuente: RunRunes
