CCD | Credit Suisse prohibió a sus unidades transar algunos títulos de deuda venezolanos y ordenó que futuros negocios con Venezuela sean sometidos a la aprobación de su oficina de riesgo reputacional, según un documento interno visto por Reuters el jueves.
La banca de inversión suiza explicó a sus empleados que las medidas se toman para evitar «involucrarse en una transacción o acción que pueda percibirse como una forma de permitir al actual Gobierno venezolano continuar violando los derechos humanos de los venezolanos», dice el documento fechado el 7 de julio.
Credit Suisse confirmó a Reuters la autenticidad del documento sin aportar más detalles.
Las nuevas reglas se imponen tras la condena que han hecho decenas de países a las últimas actuaciones del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y refuerzan temores sobre el efecto que tendrían posibles sanciones económicas contra el país, tras la amenaza de Estados Unidos que lo acusó de «dictador».
Las unidades del banco tienen prohibido transar los títulos de deuda de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con vencimiento al 2022, así como los emitidos por la República que expiran en 2036 y cualquier otro nuevo papel que un ente venezolano emita, indica el memo.
El objetivo de Credit Suisse es mostrar su poco interés de «aportar fondos» de manera directa o indirecta al Gobierno de Venezuela o cualquiera de sus entidades, añade.
La restricción no afectaría a clientes del banco que ya poseen en su portafolio títulos venezolanos, y sólo exige un más estricto proceso de evaluación para próximas negociaciones.
La actitud de Credit Suisse contrasta con las recientes negociaciones que adelantaron bancos como Goldman Sachs y Nomura con los bonos PDVSA 2022. Eso les valió duras críticas de legisladores en Venezuela y Estados Unidos entre acusaciones de financiamiento a un gobierno violador de derechos humanos.
Entre sus nuevas normas enumeradas en el documento, Credit Suisse ordenó que su oficina de Riesgo Reputacional apruebe todos los negocios con contrapartes de Venezuela, bien sean empresas «controladas por el Gobierno venezolano, del sector privado y particulares» o incluso si hay algún «activo venezolano» en la operación.
Todas las transacciones superiores a los 5 millones de dólares que involucren títulos venezolanos también deben ser notificadas al departamento de Riesgo Reputacional.
Este tipo de restricciones podría limitar las negociaciones a muy corto plazo que realice el Gobierno venezolano y su petrolera PDVSA para aliviar pesados pagos de deuda que superan los 4.800 millones de dólares hasta fines de año.
