CCD | Guatemala vive una intensa crisis política después de que el presidente Jimmy Morales declarara el domingo persona non grata al magistrado anticorrupción Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, dependiente de la ONU), y ordenara su expulsión del país.
El mismo día, el Constitucional suspendió la salida del juez, que el viernes pidió despojar de su inmunidad a Morales para investigar la financiación de su campaña.
A las seis de la mañana del domingo, la presidencia guatemalteca colgó en las redes sociales un vídeo en el que el presidente anunciaba las medidas contra el juez Velásquez, clave en las investigaciones que llevaron a la cárcel por corrupción al antecesor de Morales, Otto Pérez Molina. Pese a lo intempestivo del anuncio, miles de manifestantes se movilizaron rápidamente para defender al magistrado Velásquez.
Las protestas se concentraron en puntos como la Plaza Mayor de Ciudad de Guatemala, donde dos años atrás miles de ciudadanos exigieron la renuncia de Pérez, quien dimitió en septiembre de 2015. Grupos de campesinos bloquearon ayer algunas de las carreteras más importantes del país en apoyo al juez y para pedir la renuncia de Morales. También hubo manifestaciones en la capital y en varias ciudades. Y al menos ocho altos funcionarios han dejado el Gobierno tras desencadenarse la crisis.
La relación de Morales y el comisionado Velásquez era normal hasta que el pasado mayo un hijo y el hermano del presidente fueron denunciados por estafar a Hacienda. Los procesos han sido liderados por Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, a la espera de que comience el juicio.
La Cicig, creada en 2006 y a cuya dirección llegó Velásquez en 2014, investigó al Gobierno de Pérez (2012-2015), considerado el más corrupto desde el fin de las dictaduras militares en 1985. El hartazgo ciudadano tras la caída del mandatario llevó al poder a Morales, un cómico sin otra credencial que ser ajeno a los grupos políticos tradicionales. El excomediante, sin embargo, recibió el apoyo de los militares más conservadores, veteranos de la guerra civil (1960-1996), muchos de cuales han sido acusados de crímenes contra la humanidad.
Fuente: El País
