CCD | El primero habría recibido unos 62,1 millones de euros)entre 2004 y 2012 de parte de las empresas Odebrecht, OAS y Schahin con recursos desviados de contratos firmados con Petrobras.
A diez días de dejar el cargo en el que realizó una fuerte ofensiva contra la corrupción en conjunto con la Operación Lavacoches, el Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, acusó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de liderar una organización criminal, en la que también habrían participado su sucesora, Dilma Rousseff, y algunos de sus ministros más importantes.
Los denunciados son sospechosos de «promover, constituir, financiar o integrar, personalmente o por intermedio de otra persona, organización criminal». La pena propuesta por Janot es de tres a ocho años de prisión,con recomendación de una pena mayor para Lula, además de una indemnización al Estado de 1.800 millones de euros, para devolver el dinero que habría sido desviado de Petrobras, además de compensar daños morales y materiales.
Entre los imputados junto a Lula y Rousseff, están algunos de los cuadros más importantes del Partido de los Trabajadores (PT): los exministros de Economía, Antonio Palocci y Guido Mantega; el de Planificación, Paulo Bernardo; de la Casa Civil, Gleisi Hofmann; de Comunicaciones, Edinho Silva, y el extesorero del partido, João Vaccari Neto.
Según Janot, Lula orquestó una trama de desvíos a través de Petrobras, del Banco de Fomento (BNDES) y del ministerio de Planificación, que le rindieron a él, a sus cómplices y a su partido, lo equivalente a 403 millones de euros en sobornos. La participación del expresidente habría comenzado al inicio de su Gobierno, en 2003, hasta la destitución de Rousseff, en mayo de 2016, y servía no solo al PT, sino también a sus principales aliados,entre ellos, el PMDB, del actual presidente Michel Temer. Lula y sus abogados negaron las acusaciones.
El fiscal destacó que pese a que Lula ya ha sido acusado por el mismo crimen en el tribunal de primera instancia del juez Sérgio Moro, su denuncia ante la Corte Suprema es «más amplia» y narra una «mayor cantidad de ilícitos practicados por la organización».
Un acuerdo revertido
El fiscal Janot es el mismo que presentó una denuncia que acorraló a Michel Temer, acusado de negociar sobornos con la multinacional JBS,líder mundial de la industria cárnica. Temer fue grabado en un diálogo sospechoso con Joesley Batista, dueño de la empresa, y tuvo que negar su amistad con Rodrigo Loures, diputado de su confianza, pillado huyendo con una maleta de medio millón de reales. El mandatario, que estuvo en la cuerda floja durante dos meses, consiguió mantenerse en el cargo gracias al apoyo del Congreso, que le pasó una alta factura.
El martes, sin embargo, el fiscal Janot también quedó expuesto al conocerse que su exmano derecha, Marcelo Miller, protegió a los Batista en el acuerdo que evitó que vayan a la cárcel. El acuerdo está siendo duramente cuestionado por la prensa local, que ve a Batista y a sus hermanos como corruptores, premiados con la libertad y en un exilio voluntario en EE.UU..
Nuevas grabaciones de Batista difundidas el lunes complicaron a Janot, que prometía una última flecha fatal contra Temer, pero debe dejar el cargo fragilizado, mientras el mandatario se fortalece. Las grabaciones también golpearon a la Operación Lavacoches y a la Corte Suprema, por lo que se debe anular el acuerdo, llevando a los Batista a la prisión, como otros grandes empresarios que están ya tras las rejas, entre ellos, el magnate Marcelo Odebrecht, dueño del imperio de construcción.
Fuente: ABC
