CCD Despedido por llevar una pulsera que decía «Cambio», por faltar a la marcha del Día del Trabajo, por pedir apoyo al deporte: en Cuba, las autoridades hostigan y despiden arbitrariamente a ciudadanos críticos con el gobierno, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI).
«El Estado utiliza su control, como el mayor empleador del país y como regulador del sector privado, para silenciar incluso las críticas más sutiles», sostiene la organización de derechos humanos en su último informe sobre Cuba.
El reporte denominado «Es una prisión mental» documenta los mecanismos de control de la libre expresión y sus efectos intimidatorios en la vida cotidiana en Cuba a través del relato de 64 migrantes entrevistados por AI en México.
Aunque estas personas en general reconocen los logros en Cuba en términos de atención médica y educación, ven su salida de la isla como «única opción» ante el clima de temor en que viven por las restricciones a la libertad de expresión, apunta el estudio.
«Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, citada en un comunicado.
«Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población», añadió.
A los despedidos de un empleo estatal por expresar una opinión crítica les resulta casi imposible conseguir otro empleo en el sector público. Los acusan de «no ser confiables» y «contrarrevolucionarios» y si logran encontrar trabajo en el emergente sector cuentapropista, altamente regulado por el Estado, también sufren presiones y acoso, dice AI.
Además, tampoco encuentran respaldo en el único sindicato oficial de Cuba, ni sienten garantías para recurrir ante la justicia, que ven controlada también por el gobierno.
AI, que no tiene acceso permitido a Cuba, reconoce en su informe la «decisión soberana» de los Estados de determinar como desarrollar sus sistemas económicos y políticos.
Pero advierte que esos modelos deben respetar «el derecho y las normas internacionales de derechos humanos».
Por eso, AI pide a las autoridades cubanas «que pongan fin a las restricciones injustas, no sólo de las personas privadas injustamente de su libertad física, sino también de las que sienten que están en una prisión mental y que su vida está paralizada por la privación de su derecho a la libertad de expresión»
Además, como lo ha hecho sistemáticamente, AI reitera al gobierno de Estados Unidos la necesidad de levantar el embargo económico, financiero y comercial contra Cuba, por considerar que «socava los derechos económicos, sociales y culturales en la isla».
