CCD La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro invitó a acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar negociaciones para la reestructuración de cerca de 60.000 millones de dólares en bonos venezolanos.
Quien preside la comisión para renegociar la deuda externa del país y de la estatal PDVSA es el vicepresidente del régimen venezolano Tareck El Aissami, incluido por Estados Unidos en una lista negra por narcotráfico.
Washington también decretó sanciones contra Simón Zerpa, jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, por presuntos actos de corrupción.
El Tesoro estadounidense dijo que si bien los acreedores no tienen vetado participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, cualquier acuerdo con personas que estuvieran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN por sus iniciales en inglés) sí estaba prohibido.
“Si bien no existe prohibición para que personas estadounidenses participen en una reunión vinculada a los bonos en el apéndice a la Licencia General 3, la participación de personas de la lista SDN en esas reuniones parece problemático”, dijo el Tesoro estadounidense en una guía compartida con Reuters el miércoles, reseñó La Patilla.
“Las personas estadounidenses deberían tener cautela en sus relaciones con el Gobierno venezolano para asegurarse de que no se impliquen en transacciones o acuerdos, directa o indirectamente, con (una persona en la lista) SDN”, agregó el texto.
Los acreedores se han mostrado reacios a la propuesta, por temor a las sanciones de Estados Unidos y por los problemas de seguridad que existen en Caracas.
“No conozco a un solo inversor en Nueva York, o Londres, que haya aceptado la invitación del Gobierno (venezolano) de ir a Caracas”, dijo en Nueva York un inversor en mercados emergentes que tiene deuda venezolana y habló bajo condición de anonimato.
Y un gerente de fondos en Londres que tiene deuda venezolana dijo que los acreedores no planean asistir a ninguna reunión en Caracas, citando temores a la violencia en la capital del país y la comodidad de los inversores.
El Tesoro informó que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas trepan hasta 10 millones de dólares.
