CCD Los seis jueces venezolanos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asilados en Chile denunciaron hoy un quiebre de la independencia judicial y los derechos humanos en su país, tras arribar a Santiago el pasado 19 de octubre, después de solicitar protección en la embajada chilena en Caracas.
Los jueces expusieron este domingo ante el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), en el marco de la edición número 60 de la reunión anual del organismo, organizada por la Asociación Nacional de Magistrados nacional.
Los seis jueces forman parte del grupo de 33 magistrados designados en julio pasado por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, con la idea de que reemplazaran a 33 en ejercicio de esa instancia, por considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.
Sin embargo, días después los jueces abandonaron Venezuela, después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que irían presos “uno por uno”, y el pasado 13 de octubre, 18 de ellos se configuraron como “Tribunal Supremo en el exilio” en una ceremonia en la Organización de Estados Americanos (OEA)
El magistrado venezolano José Fernando Núñez habló hoy en representación de sus pares sobre “el deterioro de la situación política” en su país, la “persecución sistemática contra la oposición y la progresiva intromisión del Poder Ejecutivo en todos los ámbitos de la justicia”.
En su intervención, Núñez relató cómo el proceso de postulación abierto por el Parlamento para el nombramiento de 33 magistrados del TSJ, conforme a la Constitución de Venezuela, concluyó en julio pasado con “la amenaza del Gobierno de tomar detenidos a los magistrados juramentados”, reseñó EFE.
Esta razón fue la que obligó a los jueces venezolanos “a pasar a la clandestinidad” y solicitar refugio en la embajada de Chile en Caracas, donde se les otorgó en un primer momento la calidad de “huéspedes”, explicó.
Núñez recordó además que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó la detención del líder opositor y alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, de “arbitraria”.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo instó también al Gobierno venezolano a dar libertad “inmediata” a Ledezma, tras advertir que en ese país “se observa un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos”, a raíz de las diversas denuncias recopiladas.
