CCD Un pequeño banco portorriqueño que venía ayudando a Venezuela a concretar operaciones en dólares dejó de prestarle servicios esta semana por preocupaciones de riesgo a su reputación, dijo a Reuters una fuente del sector financiero con conocimiento de la decisión.
El régimen de Nicolás Maduro recurrió el año pasado a Italbank, una institución poco conocida con sede en San Juan, como intermediario financiero para hacer importaciones de comida y medicinas luego de que Citigroup Inc suspendiera ciertos servicios y cerrara una cuenta con el Banco Central de Venezuela.
La fuente dijo que Italbank notificó a las autoridades venezolanas que ya no prestará esos servicios -conocidos como corresponsal bancario- por decisión de su comité de cumplimiento, citando sanciones de Washington que han profundizado la crisis económica y la lucha del país por pagar su deuda externa.
“Venezuela está en el ojo del huracán y consideraron que el riesgo reputacional era muy alto”, dijo la fuente que solicitó mantener su nombre en reserva.
La decisión de Italbank no afectaría los pagos del servicio de deuda externa -parte del cual ya está en incumplimiento por la demora en los pagos- porque la institución no habría servido de intermediario para esas transferencias, según la fuente.
Sin embargo, podría complicar aún más la importación de productos básicos de Venezuela, un país que no produce la mayoría de lo que consume.
Italbank, dirigido por el empresario venezolano Carlos Dorado, no quiso hacer comentarios. Y el Ministerio de Información y Comunicación venezolano no respondió de inmediato a la solicitud de Reuters de comentarios.
El banco, que opera con una licencia off shore en Puerto Rico, un territorio asociado a Estados Unidos, abrió en 2008 y dice en su sitio web que se enfoca en el mercado latinoamericano. Tiene una sola oficina en San Juan y hace operaciones mayormente en línea y por teléfono.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump prohibió este año a los bancos estadounidenses comprar nuevas emisiones de deuda de Venezuela y prohibió a ciudadanos reunirse con un grupo de altos funcionarios a los que acusa de estar involucrados en violaciones a los derechos humanos y tráfico de drogas.
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