CCD Esta semana terminé de leer el libro de Leopoldo López y Gustavo Baquero “Venezuela Energética”, una propuesta para el bienestar y el progreso de los venezolanos, y a su vez, como dicen los autores, una invitación al debate de una visión petrolera fundamentada en el aumento de la producción, de gas y de energías renovables para convertirnos en uno de los principales productores mundiales, en el marco de una verdadera democratización del petróleo, distribuyendo parte del ingreso petrolero directamente a cada venezolano para su bienestar definitivo y sostenible. Sobre ello comentaremos en varias notas próximamente, pero sin duda, se trata de ideas de mucho interés para la Venezuela que queremos y seremos.
Según el trabajo de López y Baquero, este régimen ha recibido más de un millón y medio de millones de dólares en 15 años, además de lo obtenido por el endeudamiento que sobrepasa los cien mil millones de dólares, algo difícil de creer al observar la miseria en la que está sumergido el país.
De todas las tragedias que estamos viviendo, la más dolorosa es la muerte de nuestros niños por desnutrición. A pesar de que el régimen trata por todos los medios de ocultarlo, la realidad está allí, dolorosamente presente: 11.446 niños menores de un año murieron por desnutrición en 2016.
El trabajo que publicó el diario The New York Times, luego de cinco meses de investigación en los hospitales públicos, pone en evidencia una vez más el fracaso de un sistema político anacrónico, inviable e injusto pero sobre todo, profundamente corrupto, que ya es la marca de identidad de quienes han desgobernado de manera perversa porque además dicen que lo han hecho “en nombre de los pobres”. Nos han igualado a todos, es cierto, pero hacia abajo, en el empobrecimiento y aumentando el control sobre todo un pueblo, de un régimen ineficiente y corrupto, a través del asistencialismo y la represión, como ha sido la terrible experiencia del pueblo cubano.
Como aragueño, las imágenes de las mujeres y los niños de San Casimiro sumergidos en la miseria y la hambruna más absoluta, me duelen profundamente. Resulta incomprensible que una zona con el potencial agrícola como el que tienen los valles del sur de Aragua se encuentre en esa desesperada situación: sin alimentos pero también sin agua, sin vialidad y sin seguridad, como claman sus vecinos.
El actual gobernador del estado, general Rodolfo Marco Torres, es uno de los corresponsables del hambre que sufren los venezolanos. Ha manejado las finanzas públicas durante más de una década desde posiciones como tesorero de la Nación, ministro de Finanzas y de la Banca Pública pero sobre todo, como ministro de Alimentación y responsable de la importación de alimentos junto con sus compañeros de armas Carlos Osorio y Giuseppe Yoffreda.
En 2016, luego de una amplia investigación de la Comisión de Contraloría, la Asamblea Nacional sancionó a Osorio, Yoffreda y Marco Torres por tener responsabilidad política en hechos de corrupción en la distribución e importación de alimentos. Como ya es usual (recordar caso Rafael Ramírez), Maduro no solo no ordenó ninguna averiguación que corroborara o desmintiera al parlamento, sino que mantiene a los cuestionados funcionarios públicos en posiciones de poder pero sobre todo, de administración de los escasos recursos que aún le quedan a la nación.
No se puede esperar otra cosa de quien tampoco hizo nada ante uno de los casos de corrupción más graves que se conozca a nivel mundial: Pudreval. Solo hasta 2014 Venezuela destinó mas de 2.400 millones de dólares a la compra de un millón de toneladas de comida. De esa suma, solo se habría entregado el 14 por ciento. El resto fue hallado en estado de descomposición en contenedores enterrados en Puerto Cabello, Valencia y Tinaquillo.
El régimen de Maduro no tiene interés en reactivar el campo venezolano y producir alimentos. Lo que los altos funcionarios y los boliburgueses que hacen negocios con ellos desean es obtener dólares a tasa preferencial para importar alimentos. Si estos alimentos llegan o no a la mesa de la familia venezolana no es de interés para la cleptocracia que desgobierna como quedó demostrado con el caso Pudreval donde los responsables de Pdvsa-Pdval-Bariven, CASA, Veximca, Suvinca, Seniat, Ministerio de Salud, GNB y sobre todo, la Contraloría General de la República, miraron convenientemente para otro lado – seguramente vía sobornos express – y dejaron que se perdiera un millón de toneladas de alimentos, además de que se realizaran millonarios guisos con el diferencial cambiario, tal como denunciamos en el libro El Gran Saqueo.
Como lo hemos dicho, está claramente demostrado que la corrupción política es la principal llave que abre la puerta a la violación sistemática de los derechos humanos, es decir, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además del fracaso del sistema autoritario y militarista que nos tratan de imponer, el gran saqueo de los dineros públicos, calculado en mas de trescientos mil millones de dólares, es la causa principal de los males que estamos padeciendo.
En el debate realizado la semana pasada, por iniciativa del diputado Juan Guaidó, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley para la recuperación de los bienes robados a nuestro pueblo, elaborado por la Comisión de Contraloría durante la gestión de Freddy Guevara.
Sin duda, la lucha contra la impunidad y por una administración transparente y eficiente de nuestros ingresos petroleros, es la prioridad en la agenda por el cambio político urgente que clama el país.
@TablanteOficial
