CCD El yacimiento minero más grande de Venezuela y la pequeña isla de Barbados están conectados. Aunque separados por más de mil kilómetros de distancia, ambos puntos geográficos están unidos en el negocio surgido de la delimitación del Arco Minero del Orinoco por parte del gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016. Si en el sur de Venezuela reinó durante años el contrabando, así como la minería artesanal e informal, ahora se levantan las bases de una apresurada explotación con empresas mixtas entre el Estado y compañías privadas con sociedades en la isla caribeña.
Por alguna razón, no del todo clara, esa actividad en un área de casi 112.000 kilómetros cuadrados en el norte del estado Bolívar y en el sur del río Orinoco, según el decreto presidencial 2248 publiado en la Gaceta Oficial 40855 del 24 de febrero de 2016, y con la que el gobierno de Venezuela pretende suplir el declive de los precios petroleros y el desplome de la producción de crudo, ha terminado ligada a empresas registradas en ese pequeño paraíso fiscal llamado Barbados. Es el caso de Corporación Faoz, una desconocida compañía venezolana que en agosto de 2016 firmó un acuerdo con el Ejecutivo para la explotación de coltán, un mineral estratégico conocido como el “oro azul” y anhelado por industrias como la de telecomunicaciones.
“En el año 2013-2014 participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el estado Táchira y en 2016 presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de tantalio y niobio en el estado Bolívar”, dijo a modo de justificación el presentador sobre Corporación Faoz en un acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el Banco Central de Venezuela.
Ahora la filtración Paradise Papers permite conocer que tres años antes de que adoptara el nombre de Corporación Faoz la empresa había creado una sociedad homónima en Barbados, como si anticipara lo que estaba por venir. Se trata de Faoz Corp, inscrita el 13 de mayo de 2013, apenas dos meses después de la muerte de Hugo Chávez y a uno de la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República. El Arco Minero del Orinoco aún no aparecía en el horizonte.
En busca del coltán. El 5 de agosto de 2016 fue Luisa Herminia Alcalá Otero quien firmó un acuerdo con el gobierno a nombre de la compañía, representado por el entonces ministro del Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Aquel convenio se oficializó casi tres meses después con el decreto presidencial 2359, publicado en la Gaceta Oficial 41026. Allí nació la sociedad Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza (Emmepsa), cuyo 55% del capital accionario pertenece a la estatal Corporación Venezolana de Minería y el resto 45% a Corporación Faoz. Como director de la sociedad en Barbados figura otro integrante de la familia Alcalá: Rafael Enrique Solórzano Alcalá.
Los papeles de registro indican que la compañía fue creada para dedicarse a la consultoría, inversiones y desarrollo de proyectos en la industria minera. La empresa no respondió a la solicitud enviada por correo electrónico, ni a la petición que se realizó en las oficinas de Emmepsa, en la Torre Hener en El Rosal. Hasta allí redirigen a quienes llegan a la Torre Teaca, en la misma urbanización capitalina, y donde quedan las oficinas de Corporación Faoz, según su sitio electrónico. “Por ser una compañía mixta debemos solicitar la autorización del ministerio”, advirtió uno de los empleados.
Una resolución del Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico, publicada el 6 de diciembre de 2016 en la Gaceta Oficial41046, determinó que la empresa mixta tendría derecho a la “exploración y explotación de minas y yacimientos de tantalio-niobio (coltán), ilmenita, casiterita, estaño, circón, cuarzo, granito, diamantes y oro, incluso su aprovechamiento”, en una superficie de 10.201 hectáreas ubicada en el municipio Cedeño en el estado Bolívar. En esa Gaceta Oficial también quedó claro que a la Corporación Faoz apenas le bastó inyectar 450.000 bolívares –45% del capital accionario de la empresa mixta– para entrar en el negocio, de acuerdo con el acta de la asamblea de accionistas publicada allí.
Precisamente en esa y otras actas de las asambleas de los accionistas quedan en evidencia aspectos llamativos sobre la ahora socia del Estado venezolano. Originalmente Corporación Faoz, creada en 1992, se llamó Construcciones Faría y solo adoptó el nuevo nombre el 29 de julio de 2016, apenas días antes de cerrar el acuerdo con el gobierno de Venezuela para entrar en el Arco Minero del Orinoco. En su web la compañía simplemente explica: “Somos una empresa fundada en 1992 dedicada al área de la construcción. Prontamente diversificamos nuestras operaciones hacia el ámbito de la minería, llevando a cabo proyectos de investigación, exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos”.
El negocio de Corporación Faoz no termina allí. También está relacionada con la Empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, que en el acto celebrado el 5 de agosto de 2016 en el BCV, selló otro convenio con el gobierno. Por Ecomine firmó otro Alcalá, esta vez, Félix Ángel Oliveros Alcalá, quien también aparece como presidente de Corporación Faoz en algunas actas de las asambleas de accionistas de Emmepsa.
El 9 de septiembre la Agencia Venezolana de Noticias informó que la empresa mixta Emmepsa logró producir la “primera tonelada de coltán”, noticia que también fue divulgada por Corporación Faoz en su web. De acuerdo con la reseña, los1.000 kilogramos del mineral fueron extraídos “a la par que se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas situadas en el sector Los Pijiguaos, en el estado Bolívar”.
Sobre la comercialización del mineral, el presidente de la compañía, César Sanguinetti, dijo a AVN: “Estamos esperando el aspecto legal para proceder a la primera venta que es un hecho histórico del pueblo venezolano, ya que por primera vez incursionamos en este campo que es el mineral del coltán”. Años atrás, en 2009, el propio Hugo Chávez admitió que descubrieron mafias dedicadas al contrabando del mineral. “Ahora apareció un mineral estratégico que se llama coltán y hemos tomado la zona militarmente porque se lo estaban llevando de contrabando para Colombia, explotándolo de manera ilegal. Todavía no sabemos la cantidad de reserva que tenemos, pero por las informaciones que llegan es una reserva grande”, manifestó Chávez hace ocho años.
El asunto todavía no parece resuelto del todo, pese al apuro del gobierno para obtener con la explotación minera los recursos que el petróleo no está aportando a las menguadas arcas venezolanas. “Palestina está invirtiendo en coltán”, soltó Maduro a comienzos de diciembre mientras anunciaba un “plan de ordenamiento del Arco Minero del Orinoco”. “¡Vengan ustedes! Diamante, oro. Empresarios palestinos del mundo entero vengan a Venezuela, esta es su patria, esta es la Jerusalén de América, Venezuela”, insistió.
Esas prisas que desde el año pasado muestra Maduro por la explotación de una de las zonas naturales más importantes de Venezuela ha sido cuestionada fervientemente por movimientos ecologistas y por funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, como los ex ministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro o el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, Clíver Alcalá Cordones, que han intentado acciones legales, infructuosamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra los decretos presidenciales asociados al Arco Minero del Orinoco.
Chávez los expulsó, Maduro pactó. Curiosamente Corporación Faoz no es la única empresa favorecida por el gobierno que cuenta con sociedades registradas en la isla de Barbados. A esa jurisdicción también acudió la minera canadiense Gold Reserve, a la que Chávez suspendió en 2009 una concesión para explotar las minas de Las Brisas y Las Cristinas en el estado Bolívar, para integrar la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera. Esa compañía fue parte del acuerdo al que llegó Maduro luego de que en 2014 la minera obtuvo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un laudo arbitral por poco más de 700 millones de dólares como indemnización por aquella decisión de Chávez.
“De un conflicto y un pleito que teníamos, ahora somos socios para el desarrollo de un proyecto de más de 5 millardos de dólares”, argumentó Maduro en febrero de 2016 cuando aprobó el decreto del Arco Minero del Orinoco. El pacto en realidad obliga a Venezuela a saldar el laudo que ascendió a casi 800 millones de dólares por los intereses que corrieron hasta 2016, con erogaciones mensuales hasta mediados de 2019. Además, Venezuela deberá pagar otros 240 millones de dólares por la información técnica de las minas que Gold Reserve levantó durante años y que servirá para la operación de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera.
Formalmente la compañía se constituyó el 30 de septiembre de 2016, de acuerdo con el decreto presidencial 2465 publicado en la Gaceta Oficial 41000, en la que quedó establecido que la alianza era entre la Corporación Venezolana de Minería y la sociedad GR Mining, Inc. de Barbados.
Los Paradise Papers muestran que esa empresa fue creada en la isla caribeña el 15 de abril de 2016 y tiene como directores a Alexander D. Belanger y a Robert A. Mcguinness, ambos directivos de Gold Reserve. Ese mismo día la minera canadiense también inscribió en esa jurisdicción a la sociedad GR Engineering, Inc. “GR Engineering, Inc. brinda servicios de ingeniería, adquisición y construcción a Siembra Minera con un arancel de 5% sobre todos los costos de construcción y desarrollo, y una comisión de 5% sobre los costos operativos durante las operaciones”, explica la el sitio web de Gold Reserve.
Hasta el 30 de junio de 2017 Gold Reserve había gastado aproximadamente 7 millones de dólares en el proceso de integración de la Empresa Mixta Siembra Minera. Una resolución del Ministerio del Desarrollo Ecológico Minero, fechada el 2 de noviembre de 2016, confirmó que la compañía tendría el derecho a la explotación minera en un área de 18.951 hectáreas en el municipio Sifontes en el estado Bolívar. Finalmente, en marzo de este año otro decreto presidencial terminó por confirmar el derecho de la empresa a la extracción de las minas de oro en el área delimitada.
Mientras el gobierno y las empresas apuestan por captar recursos, organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos alertan que el Arco Minero del Orinoco va del “tumbo al tambo” y que es necesario elaborar un “legítimo e indiscutible plan minero nacional a largo plazo”.
Con información de Armando Info
