CCD | La investigación de la ONG de derechos Humanos Provea, publicada en agosto de esta año, está más vigente que nunca en estos días de hambruna y desesperación. Pone en evidencia el uso de bandas de delincuentes por parte del Estado venezolano para controlar social y políticamente a las comunidades populares.
Los denominados «colectivos» no solo funcionan como grupos de choque. No solo controlan territorios e imponen su ley. El poderío de los paramilitares es tal que abarca desde las operaciones con las que amedrentan y asesinan a manifestantes que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pasando por el manejo de la distribución y comercialización de la comida –mediante el manejo de los Mercal, las Bodegas de la Patria y, ahora, sus propios locales con productos a precios de “bachaqueros”–, hasta las transacciones que les permiten vender armas, largas y cortas, en las cárceles venezolanas.
Habitantes de zonas como Catia y el 23 de Enero, informes, expertos y una revisión a sus negocios, confirman que se han convertido, con el paso del tiempo, en empresarios que se refugian bajo el velo de sus “fundaciones” para lucrarse. Si en el pasado, esta figura legal les permitió acceder a créditos otorgados por distintos ministerios, hoy le sirve como excusa para hacer justificar sus emprendimientos, entre los que figuran hasta casinos.
Se trata de un reportaje que retrata como pocos al Estado delincuente en el que el chavismo ha convertido a Venezuela.
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