EXCLUSIVA CCD | Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y uno de los peores desastres a nivel mundial, y todavía son muchas las respuestas que Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa en ese momento, no ha dado.
Durante este lustro no se han presentado los informes definitivos de todos los organismos involucrados en la investigación, no se ha recuperado la producción ni se han tomado los correctivos necesarios para proteger a trabajadores y vecinos de la refinería, denuncian especialistas en la industria y dirigentes sindicales.
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Nicolás Maduro y otros voceros del régimen como Rafael Ramírez y Elías Jaua (para aquel entonces vice presidente de la República) insisteron en que fue un sabotaje lo que ocasionó la explosión que ocurrió el 25 de agosto de 2012 en la madrugada, cuando una fuga masiva de gas en el bloque 23 de la refinería causó la muerte de más de 47 personas, 150 heridos y miles de viviendas y comercios afectados. Sin embargo, el ingeniero Javier Larrañaga, coordinador de la investigación independiente que sobre el caso hizo el Centro de Orientación de Energía, e Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros del estado Falcón, reiteraron que la explosión y el posterior incendio se debió a fallas operacionales.
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El 28 de julio pasado, dos fiscales nacionales de las oficinas del Ministerio Público en Punto Fijo, Falcón, citaron a tres gerentes y a un superintendente del CRP para ser imputados por su presunta responsabilidad en la explosión e incendio de la Refinería de Amuay ocurrida en 2012 en la madrugada, pero aún no hay más detalles sobre el caso.
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Amuay destapa la olla de los seguros y reaseguros de Pdvsa
Tres meses antes del bloqueo de la cuenta de Diego Salazar Carreño en Andorra en 2012, se produjo la explosión y posterior incendio en la Refinería de Amuay, parte de Complejo de Refinación Paraguaná (CRP) en el estado Falcón. Junto con Cardón y Bajo Grande conforman el conglomerado de refinación más grande de América y el segundo del mundo.
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Este evento fue una de las tragedias de mayor magnitud registrada en las refinerías de petróleo a nivel mundial, en la que perdieron la vida 42 personas, 5 permanecen desaparecidas y más de 150 resultaron seriamente lesionadas. A raíz de la tragedia, la opinión pública conoció un poco más acerca de los oscuros negocios con los seguros y reaseguros de Pdvsa.
Según expertos del sector asegurador internacional, el costo del programa de seguros de Pdvsa se había triplicado desde 2000 a 2007. Diego Salazar Carreño y otros allegados y familiares del presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño –como su cuñado Baldo Sansó, George Kabboul, Antonio Simancas, Héctor Gamboa y Eudomar Carruyo–, montaron un entramado de corrupción en torno al pago de primas de los seguros que le habría reportado millonarias comisiones al grupo y perjudicado seriamente los intereses de la petrolera.
Otras fuentes, como el periodista especializado en finanzas Juan Carlos Zapata, señalan en dirección a La Occidental de Seguros, propiedad de Víctor Vargas Irausquín, entre cuyos directores figuran Tomás Niembro Concha, Carlos Silva Alcalá, Francisco D’Agostino y el yerno de Víctor Vargas, Luis Alfonso de Borbón.
Zapata la considera “el fronting necesario del reasegurador y el corretaje –léase Diego Salazar–, obligado como está para el que asume el reaseguro de buscarse una empresa de seguros para el contrato local”. En su opinión, la aseguradora de Víctor Vargas debió dar la cara en el siniestro de la refinería de Amuay.
Sin embargo, no hay información oficial de Pdvsa de que “el banquero rojo’’, apodo que se ganó gracias a sus buenas y productivas relaciones con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, haya asumido su responsabilidad.
Pérdidas: 1.200 millones de dólares por lucro cesante no cubierto por los seguros de Pdvsa
Entre los mayores daños ocasionados a Pdvsa figura el hecho de que, en el caso de la refinería de Amuay, no se habría contratado ninguna cobertura por concepto de lucro cesante o por interrupción del negocio, de manera que gran parte de la pérdida tuvo que ser asumida por PDV Insurance Company (Pdvic), según afirmaron expertos en seguros de energía. La cobertura por lucro cesante es un factor vital en las solicitudes de aseguramiento de las refinerías a nivel mundial, ya que representa entre el 70% y el 80% del costo de las reclamaciones.
En el caso de Amuay, las pérdidas, calculadas por expertos independientes, ascienden a 1.835 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones de dólares corresponden a las pérdidas originadas por la paralización de actividades debido al siniestro.
Como se explica en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre, Pdvsa no tenía cubierto el lucro cesante, lo cual denota un error imperdonable por parte de los intermediarios de seguros de la petrolera o, peor aún, es la evidencia clara de la existencia de negociados destinados a aumentar el monto de las comisiones del agente, es decir, Diego Salazar, primo hermano del presidente de Pdvsa. El accidente de Amuay pudiera haber llevado a Pdvsa a un reclamo igual o superior a tres años de Premium. El secretismo alrededor de todo lo referente a la principal industria venezolana hace que existan dudas acerca de cuál fue la decisión final de la petrolera.
En agosto de 2013, Rafael Ramírez aseguró poseer «todos los elementos que nos llevaron a determinar que se trata de un sabotaje». Añadió que sería el Ministerio Público el que determinaría los responsables del supuesto atentado contra la industria petrolera.
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Al pasar de los meses y ante el silencio del MP, declararía: “Claro que nos interesa cobrar, pero no les puedo entregar el informe a las aseguradoras antes de que la Fiscalía determine lo que podemos hacer”.
En 2013, Nicolás Maduro reforzó la teoría del sabotaje con las declaraciones que dió en una visita al estado Falcón: «A mí no me queda duda que aquel fatídico 25 de agosto, la derecha fascista le metió una puñalada a la refinería, que ardió y explotó».
A la fecha, la opinión pública nacional desconoce los resultados de tales investigaciones.
Los seguros de Pdvsa y las sospechosas cuentas de Banca Privada de Andorra
A raíz de la explosión de Amuay, una de las mayores tragedias de la industria petrolera a nivel mundial, la opinión pública conoció un poco más acerca de los oscuros y fraudulentos negociados con los seguros y reaseguros de Pdvsa en manos de Diego Salazar, Omar Farías (Seguros Constitución) y Víctor Vargas Irausquín (La Occidental de Seguros).
Uno de los receptores de las millonarias transferencias de Omar Farías dentro del banco andorrano Banca Privada de Andorra BPA, fue José Enrique Luongo Rotundo, primo de Rafael Ramírez y de Diego Salazar, también familiar de Jesús Enrique Luongo Demari, ex vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa, quien era el gerente del Centro de Refinación Paraguaná en 2012, momento de la explosión de Amuay.
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Desde un primer momento, Luongo Demari descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento. A pocas horas de la explosión, con los tanques aún ardiendo y sin conocer el número de víctimas ni los daños finales, declaró a Venezolana de TV acompañado de Elías Jaua , vice presidente de la República para el momento, desestimando las denuncias de falta de mantenimiento en lo que calificó como “una matriz de opinión” sin fundamento y avalando la labor preventiva de “la nueva Pdvsa”.
Sus declaraciones fueron fundamentales para sustentar la opinión de Rafael Ramírez que atribuyó la tragedia a un sabotaje de sectores de la oposición con lo cual quedaba justificado que las compañías de seguros no pagaran a Pdvsa.
La tesis del sabotaje como supuesta causa del accidente en la refinería de Amuay de agosto de 2012 ocasionó a Petróleos de Venezuela severas restricciones en la cobertura de las compañías de reaseguros, quienes se vieron impedidas de realizar las inspecciones técnicas pertinentes.
Pdvsa estuvo dos meses sin cobertura en 2013
En 2013 la comunidad aseguradora internacional denunció que Pdvsa estuvo por lo menos dos meses sin cobertura. En agosto, medios especializados publicaron que Cooper Gay Colombia, corredor de la cuenta de Pdvsa durante seis años, había perdido el contrato. La cuenta se habría trasladado a un consorcio relativamente desconocido de corredores suizos y franceses, L’Etoile Properties Assurance. La petrolera negó la rescisión del contrato con Cooper Gay pero reconoció modificaciones. “Hubo un cambio parcial con el broker [corredor] porque no se pudo colocar la totalidad de los riesgos y tuvimos que buscar otro con el que se colocó la diferencia. Así que estamos en una situación donde una parte está con Cooper Gay y el resto con otras compañías”, señaló Víctor Aular, director de Finanzas de Pdvsa.
Casi un año después, en junio de 2014, Pdvsa nombró a Alesco y Cooper Gay como sus corredores, oficializando así el rompimiento con L’Etoile, que habría tenido lugar a principios de año, dejando sin cobertura a la petrolera durante varios meses. Cooper Gay, por su parte, retrocedió el riesgo al grupo australiano QBE Insurance. Las denuncias señalan que las condiciones del contrato de cobertura, además de ser insuficientes, duplicaron el pago del deducible para la petrolera.
Los informes preliminares apuntan como causas principales del accidente de Amuay a la negligencia y la falta de inversión en mantenimiento. Sin embargo, el Gobierno quiso atribuirlo a “un sabotaje de la oposición política” y así se lo comunicó de manera oficial a los reaseguradores, brokers y ajustadores, declaración que han utilizado las compañías para demandar a Pdvsa en un intento de no pagar los montos correspondientes a un accidente. La falta de pago por parte de las aseguradoras habría privado a Pdvsa de los recursos necesarios para recuperar la planta.
Del lamentable suceso de Amuay quedó, además de la irreparable pérdida de vidas humanas y de los daños materiales –calculados por la organización no gubernamental Centro de Orientación en Energía (Coener) en más de 1.835 millones de dólares–, una disminución en la producción petrolera que no ha podido ser recuperada y ha influido de manera determinante en la reducción de los ingresos de Pdvsa y, por lo tanto, del país.
Por su parte, las víctimas han tenido que acudir al TSJ para reclamar indemnizaciones, ya que el MP, responsable de investigar el suceso, aún no ha producido el informe que determine las responsabilidades penales del caso.
Redacción CCD con información de El Gran Saqueo (libro), El Nacional y Konzapata
