CCD Entre mayo y noviembre de 2017, 31% de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en el Área Metropolitana de Caracas, fueron responsabilidad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad perteneciente a la PNB que fue creada en medio de las protestas políticas
El fin de este grupo, según el presidente Nicolás Maduro, era atacar el crimen y las “bandas terroristas” apoyadas por la derecha. Pero su actuación lo acerca más a las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por las Operaciones de Liberación del Pueblo en los últimos dos años
Monitor de Víctimas
Dos semanas después de su muerte, el carro de Eduard Alejandro Tovar Tovar, de 28 años de edad, estaba en la misma calle de La Bandera, en la parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, donde lo había dejado. Todavía le faltaba el caucho que le habían robado y por el cual él había decidido ir hasta la calle Los Cocuyos del barrio El Cañao, ubicada en el mismo sector, a unas cuantas cuadras de su casa, cerro arriba, en un intento por recuperarlo. Quería pedirle a una banda de “robacauchos” que le devolvieran el suyo para seguir con su trabajo de taxista. Fue por eso que subió a la barriada aquel mediodía del martes, 28 de noviembre. Pero en el camino, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que hacía un operativo antisecuestro en la zona, le disparó y lo golpeó hasta matarlo.
“A Eduard lo agarró la policía allá arriba y le pusieron una capucha y unas esposas”. Eso fue lo que dijo un vecino que pudo llamar a la vivienda del joven y contar lo que acababa de ver. De inmediato, la familia se movilizó hasta el sitio. Su esposa, sus tías, sus hermanos, sus primos, todos intentaron llegar hasta el lugar exacto donde lo tenían, pero el perímetro estaba cerrado por los uniformados. Cuando pedían información a los funcionarios, estos les decían que Eduard no estaba allí. Pero ellos sabían que no era así y temían lo peor.
El caso de Eduard no es único. Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra las FAES. Un día antes, Oliver José Plaza Rodríguez, de 24 años de edad, supuestamente cayó tras haberse enfrentado a tiros a los miembros de esta misma división cuando estos hacían un operativo por la calle La Raiza de El Valle. Información policial indica que le incautaron un revólver marca Colt, calibre .38, un vehículo y varias panelas de presunta cocaína. Sin embargo, otras versiones apuntan que Rodríguez Plaza fue sacado de su casa desarmado y asesinado a pocos metros de esta. Su hermano y una mujer fueron detenidos.
De acuerdo con cifras recabadas por Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de este año, en el Área Metropolitana de Caracas, se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil principal de estos casos es el de “resistencia a la autoridad”, según reportes oficiales, con 88 casos. Pero también hay 31 ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por testigos y familiares de las víctimas; 4 por causas a determinar y una víctima que quedó en la línea de fuego.
Las acciones de la FAES ocurren en un año en el que hubo un incremento de la violencia ejercida por el Estado, tal como lo reporta el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Allí se señala que aquellos “dados de baja” por resistir a la autoridad pueden ser interpretados como ejecuciones extrajudiciales debido a las denuncias que han hecho desde parientes de las víctimas hasta la propia Fiscal General de la República, hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
“Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad”, apunta el informe.
Un par de zapatos y una media ensangrentada
Policías con rostros cubiertos, vestimenta negra, otros de civil, y disparos, muchos disparos. Ráfagas que no paraban por largos ratos. Eso recuerdan los parientes de Edaurd que aguardaron durante horas en las adyacencias de la calle Los Cocuyos, cerca de La Bandera, para tener noticias del muchacho. “Ahí lo que hay es poco de ratas que venden drogas”, les contestó un PNB cuando le dieron la descripción del muchacho. El sonido de los tiros siguió y a este se sumó el de la detonación de dos granadas que, supuestamente, habían hecho explotar los presuntos delincuentes que perseguían.
Los familiares se mantuvieron en el sitio hasta las 6:00 pm, cuando vieron que metieron en una camioneta el cuerpo de un hombre y que tres personas más entraron esposadas por una de las puertas del vehículo. La oscuridad les impidió reconocer a Eduard entre las personas que habían visto de lejos, aunque sí se toparon con dos malas señales: un pariente había visto que un policía llevaba en las manos los zapatos de su Eduard y que los había metido en un carro. Otro se topó con una media ensangrentada de la víctima.
“Le echaron unos tiros y lo dejaron desangrar como se va a hacer ver en Fiscalía con los testigos que vamos a llevar. Todos vieron cuando le dispararon. A ninguno de la banda que estaban buscando lo agarraron. Simplemente les zumbaron una granada y no los hirieron”, explicó José Gregorio Hernández Tovar, tío de la víctima, en la morgue de Bello Monte, apenas dos días después del asesinato de Eduard. Para entonces, la muerte del joven –de acuerdo con una minuta policial– había sido el resultado de una operación dirigida a la banda de “El Viejo”, dedicada al secuestro, la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes de la zona. Al muchacho lo señalaron como miembro del grupo delictivo y le inventaron un apodo: “El Guácharo”. También, según sus familiares, le “sembraron” un arma de fuego: un revólver Smith & Wesson, calibre .38.
“¿Tú crees que si yo soy jefe de banda, o un garitero, voy a cargar un pedazo de .38? O si yo estoy montado por allá, voy a dejar que ellos me lleguen tan cerca. Ellos (los uniformados) dicen que hubo un enfrentamiento con la banda”, comentó Hernández Tovar, quien formó parte de la extinta Policía Metropolitana (PM).
La parroquia Santa Rosalía, donde ocurrió el crimen de Eduard, es la tercera zona del Área Metropolitana de Caracas donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes perpetradas por las FAES. Entre mayo y noviembre, según Monitor de Víctimas, este cuerpo cometió allí 16 homicidios, principalmente en los sectores adyacentes a El Cementerio. Solo la supera El Valle, con 21 decesos, y El Paraíso, con 17, donde están las barriadas que bordean la Cota 905 (declarada “zona de paz” en agosto pasado). En los tres sitios operan numerosas bandas y megabandas dedicadas a delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el secuestro y la extorsión.
San Juan, donde está ubicado el barrio El Guarataro, es otra de las parroquias azotadas por las FAES, que dejaron allí 14 muertes entre mayo y noviembre. En estos cuatro sectores del municipio Libertador se produjeron 54% de los homicidios a manos de este grupo policial.
De las OLP a las FAES
Eduard llegó desnudo y muerto al Hospital Leopoldo Manrique Terrero, también conocido como Periférico de Coche, la noche de ese 28 de noviembre. El relato que testigos y vecinos dieron a sus familiares indica que el primer balazo lo recibió 6 horas antes, alrededor de las 2:00 pm, y que aunque tanto los residentes de la zona como el mismo Eduard le explicaron al uniformado que estaban atacando a un inocente, estos continuaron su arremetida contra la víctima en un callejón de la zona, donde lo golpearon y le dispararon repetidas veces hasta deformarle la cara. Lo que permitió reconocer el cadáver fue un par de tatuajes que el joven llevaba en ambos brazos y en los que se leía “Domini” y “Angelina”, los nombres de sus dos hijos.
El ex funcionario y tío de Eduard aseveró que el nombre de su sobrino fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) ese 28 de noviembre y que se comprobó que no tenía ningún tipo de antecedentes criminales. Sin embargo, 48 horas después, apareció una denuncia en su contra.
“O sea, después de muerto, él empieza a delinquir. Ahí podemos dejar claro lo que es un buen procedimiento, cuándo de verdad se da con los autores de los hechos que están delinquiendo y azotando los barrios y cuándo se entra sin medir, sin hacer una previa investigación. Entran echándole tiros a todo el mundo y, cuando ven que la persona es sana y que no tiene nada que ver, entonces terminan matándolo y cuadrando el enfrentamiento”, argumentó. Según él, los miembros del FAES simularon un enfrentamiento y apuntaron hacia las casas de los vecinos de las zonas para que estos no se asomaran por la ventana a ver lo que hacían.
La minuta policial de ese día apunta que, junto a Eduard, cayeron otras dos personas. Sin embargo, estos cuerpos nunca llegaron al Hospital y tampoco se tuvo acceso a sus familiares en la morgue de Bello Monte. Sus identidades, aún hoy, se desconocen.
“Esas dos personas no eran de por allí. Parece que los trajeron de El Cementerio y de Caricuao. Como era un operativo antisecuestro, parece que tenían que montar su teatro bueno allí”, añadió un familiar de Eduard que pidió que no se revelara su identidad.
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