CCD | El Consejo General del Notariado ha presentado este jueves una base de datos con más de 25.000 personas que cuentan con una responsabilidad pública en España y, por tanto, puedan tener acceso en algún momento a fondos públicos. Un registro que, según ha explicado la organización, servirá para ayudar a prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
En concreto, el registro cuenta con 25.185 personas de las cuales 14.641 tienen un cargo público. En el listado se encuentran desde la Jefatura del Estado hasta concejales que pertenecen a consistorios de poblaciones de más de 50.000 habitantes. Las 10.544 personas restantes que han sido incluidas son allegados de los citados cargos públicos, bien porque les une una relación personal o profesional vinculada a algún negocio.
“Además de identificar a las personas con responsabilidad pública y a sus allegados, también podemos, en el curso de una investigación judicial, decir a las autoridades judiciales o policiales autorizadas si un responsable público se relaciona con otro o con qué personas físicas y jurídicas mantiene relaciones habituales, a efectos de detección de testaferros, por ejemplo”, ha explicado Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Este nuevo registro pasa a formar parte de la estrategia que mantiene el sistema notarial español en la lucha contra el blanqueo de capitales, un plan que según ha explicado José Marqueño de Llano, presidente de la Unión Internacional del Notariado, «ha sido elegido como el modelo a seguir por el resto de notariados del mundo».
Esta base de datos, puesta en marcha el pasado mes de noviembre, no ha sido revelada hasta ahora y se suma a la Base de Datos de Titular Real que el consejo ya tenía desde 2012, otro registro que permite conocer quiénes son los dueños reales de las empresas.
Además de esta nueva base de datos, los notarios fueron preguntados por la tecnología ‘blockchain’ y su impacto en el sector. «Hay más de 300 criptomonedas en este momento», señaló Galindo. «Los notarios ya saben que usar este tipo de moneda conlleva un riesgo: no está regulada y es un producto de inversión de altísimo riesgo».
Fuente: El Confidencial
