Ni droga, ni licor, ni “material estratégico”. Las autoridades de Curazao no han encontrado en sus costas ningún producto que suele ser contrabandeado desde Venezuela a la isla. Solo pertenencias personales llegaron a la orilla de Koraal Tabak, en Willemstad, luego de que una embarcación pequeña venezolana naufragara en el Mar Caribe. Al menos 30 falconianos intentaban ingresar de forma ilegal al territorio insular el 9 de enero.
Hasta ahora, cuatro de ellos fallecieron. Janaudy Guadalupe Jiménez Chirinos, de 17 años, es uno de ellos. Su cuerpo fue hallado el 10 de enero junto a los de Danny José Sánchez Pila, de 33 años; su hermana Joselyn Piña, de 24 años, Oliver Cuahuromatt Velásquez, de 33 años.
“No me voy a quedar de brazos cruzados viéndote a ti mamá y a mis hermanos pasando necesidades”. Con este planteamiento, Januady Guadalupe venció los argumentos de su madre, Aury Chirinos, en el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) en La Vela, a donde ella y otros parientes de muertos y desaparecidos acudieron para conocer detalles de las investigaciones.
Aury no quería que su hija se fuera en una lancha a otro país, sabía los riesgos del viaje vía marítima y podía intuir los obstáculos que representa ser ilegal en otra tierra.
La adolescente dejó el primer semestre de Administración en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt para ser el sustento de su familia en Curazao.
Los familiares de los otros tres fallecidos en el naufragio afirmaron que también querían mejorar las condiciones de vida de sus parientes en Venezuela. Por eso, se embarcaron en la travesía que muchos contrabandistas recorren a diario hacia la isla y por lo que el presidente Nicolás Maduro prohibió el zarpe el 4 de enero.
“Tanto que luché para que no se me fuera del país y se me murió ahogado buscando una vida mejor”, exclamó Heiro Loaiza, madre de Jaires Leomar, uno de los cuatro muertos que han sido encontrados en Curazao.
Jaires Leomar estudió Ingeniería Civil en la Universidad Francisco de Miranda, en Los Perozo, y trabajó como conductor de avance en una buseta de la línea San José, pero lo que ganaba no le alcanzaba para sus necesidades en el país de la inflación escondida por el Banco Central de Venezuela, pero que las etiquetas en los anaqueles desenmascara.
“Su pareja, quien se fue para Colombia, reunía para pagarle el pasaje y que viajara para allá; pero un amigo lo entusiasmó para que se fuera a Curazao. No me hizo caso cuando le advertí sobre la prohibición de zarpe. Lo único que quería era trabajar y prosperar”, indicó Heiro.
Otro de los fallecidos fue Danny José Sánchez Piña, de 33 años. Trabajaba como mototaxista en el sector Barrio Nuevo para mantener a su esposa Nolmerys Razz y sus dos hijas menores de edad.
“¡Cuídame a mis hijas. Las amo. Todo va a estar bien. No se pongan tristes!”, fue lo último que dijo a su familia, antes de emprender el viaje acompañado de su cuñado Oliver Cuahuromatt Velásquez, de 32 años, un exparamédico de Protección Civil que trabajó como maquinista en Construpatria. Este hombre también fue encontrado muerto en las costas de Curazao el 10 de enero.
Desaparecidos
La hermana de Oliver se unió a él en el viaje ilegal. Su nombre es Joselyn Piña, de 24 años, y ahora es una de las desaparecidas tras el siniestro marítimo. Ella es triatlonista y sus familiares guardan la esperanza de que se encuentre con vida gracias a su experiencia en nado.
Jóvito Washkanky Gutiérrez Yance, de 32 años, ya había sido deportado de Curazao en 2017. En la isla estuvo siete meses, pero en julio fue devuelto en avioneta a Falcón por migración.
El martes, 9 de enero, intentó ingresar de nuevo a la isla. “Lo más que uno podía pasar es que lo metieran preso. El insistió en irse, volver a entrar a Curazao ya que aquí en el país no hay manera de estar bien económicamente, de conseguir sus cosas. Se fue sin pasaporte, gestionó la prórroga pero salió el viaje y no lo esperó”, ojalá este con vida, imploró Génesis de Gutiérrez, esposa del desaparecido.
Regnal Lugin, del cuerpo de policía de Curazao, informó en su región que 12 mil venezolanos viven en la isla en una situación de migración irregular. Agregó que en 2016 pudieron detectar 60 embarcaciones ilegales provenientes de Venezuela, mientras que en 2017 la cifra se quintuplicó (llegó a 300).
Con información de Nuevo Día y Efecto Cocuyo
