CCD La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, denunció el lunes un «alarmante» deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
El «debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela» se observa desde 2002, pero en los últimos dos años y especialmente en 2017, «ha tenido una profundización e intensificación alarmantes», afirma la CIDH en un informe que documenta abusos y desviación de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional y de derechos humanos en Venezuela, después de informes en 2003 y 2009, elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
«Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos», dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, al presentar el documento.
El reporte, remitido el viernes a Caracas y que según la CIDH el gobierno de Maduro rechazó por considerar «claramente parcializado», incluye 76 recomendaciones.
«Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional que buscan el bienestar de sus habitantes», agregó Eguigueren, instando al gobierno venezolano a permitir una visita en el terreno de la CIDH.
Eguiguren pidió además a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) activar los mecanismos políticos que permitan acabar con estas «situaciones catastróficas».
Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril de 2019.
– Abusos, hambre y muerte –
En su informe de 165 páginas, la CIDH destaca el resquebrajamiento de la democracia, el incremento de la represión y la violencia, así como una intensificación de la pobreza.
En Venezuela hay un «desprecio por el Estado democrático de Derecho», asegura el reporte, demostrado por una «inobservancia del principio de separación de poderes» y una «usurpación de funciones del Poder Legislativo» por parte del Ejecutivo y el Judicial.
Ante las protestas contra el gobierno de Maduro por esta situación, que entre abril y julio pasado dejaron más de un centenar de muertos y miles de detenciones arbitrarias, la CIDH expresa su «más enérgico rechazo» a la represión estatal.
Además de las limitaciones a los derechos políticos y abusos de la fuerza pública, la CIDH da cuenta de violencia sexual, censura, maltrato a opositores, inseguridad ciudadana, criminalidad, desabastecimiento de alimentos y medicinas, desnutrición y carencias sanitarias, en medio de hiperinflación y altos niveles de corrupción e impunidad.
«La crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación», apunta.
– Visita a la frontera con Colombia –
La CIDH subrayó en ese sentido su «preocupación por el gran número de venezolanos» forzados a emigrar.
«Reiteramos que los Estados, principalmente aquellos receptores de la población venezolana desplazada, deben adoptar medidas para evitar la xenofobia y discriminación», dijo Eguiguren.
La CIDH solicitó a Colombia visitar la zona limítrofe con Venezuela, luego de que Bogotá anunciara la semana pasada un endurecimiento de los controles ante la llegada de casi 600.000 venezolanos, dijo Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.
«El cierre de fronteras no es una solución para el tema migratorio ni para la situación de desplazamientos forzados», recordó Abrão, quien indicó la disposición de la CIDH de colaborar con las autoridades de toda la región para atender este «desafío».
– Elecciones legítimas –
El informe cuestiona también la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) oficialista, creada a instancias de Maduro y que rige con poderes absolutos desde agosto pasado, y pone en duda la idoneidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), por no presentar «las garantías mínimas de independencia e imparcialidad».
La nación petrolera, con la oposición dividida, celebrará el 22 de abril comicios presidenciales anticipados, en los que Maduro aspira a la reelección.
Entre las condiciones para que los comicios sean avalados por la comunidad internacional, Eguiguren señaló la independencia del órgano electoral, la confiabilidad en los cómputos y una participación amplia.
«Confiemos en que todavía se pueda encontrar una solución para que esas condiciones existan, de lo contrario (los comicios) no tendrían mayor eficacia ni credibilidad», dijo.
El reporte de la CIDH también da cuenta de «serias represalias» del Estado contra opositores, así como «frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y opositores en general».
Entre los «casos emblemáticos», resalta los «preocupantes actos» cometidos contra el inhabilitado excandidato presidencial Henrique Capriles, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que huyó del país, y el líder opositor Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
