CCD Las autoridades de Colombia y la DEA capturaron a siete integrantes de la banda criminal «La Oficina», con lo que consideran desarticulada la cúpula de una de las mayores organizaciones narcotraficantes del país de origen paramilitar, informó este jueves la Policía.
Todos los detenidos fueron capturados en los departamentos de Antioquia (noroeste) y en el caribeño departamento de Bolívar durante la denominada operación «Zeus», detalló en un comunicado la Policía, que trabajó en este caso con la Fiscalía General, informó EFE.
Entre los capturados está Sebastián Murillo Echeverri, alias «Lindo», quien está acusado de ser el líder de la organización en reemplazo de Fredy Alonso Mira Pérez, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Murillo Echeverri, de 32 años, era conocido por ser un empresario que residía en un lujoso apartamento de Medellín.
Según las investigaciones, hacía parte de esta banda criminal desde hace tres años y su mando consistía en cobrar deudas superiores a los 1.000 millones de pesos (unos 347.600 dólares) por medio de amenazas y actos violentos.
Asimismo, por medio de otras bandas criminales, obligaban a sus víctimas a firmar documentos de traspaso de propiedades para cubrir el pago de deudas.
También fue capturado en Cartagena de Indias su socio Martín Fernando Tamayo Cano, alias «Martín», exjefe de una banda conocida como «Caicedo», que delinquía en las comunas (barriadas) de Medellín.
A su vez, fueron detenidos cinco personas más en Medellín, entre ellas el hermano y hombre de confianza de «Lindo», identificado como Cristian Duque Echeverri, y John Jairo Vélez Londoño, alías «Orejas», hombre de confianza de «Martín».
Otros de los capturados fueron Diego Alberto Zapata Martínez, alías «Mexicano», y Alexánder Tobón Grajales, alías «Viejito».
De igual modo, Barney Felipe Mesa López está a disposición de la Fiscalía General de la Nación acusado de distribuir drogas en las comunas 8, 9 y 10 de Medellín.
Según el director general de la Policía, general Jorge Hernando Nieto Rojas, las detenciones «son producto de investigaciones y seguimientos adelantados durante dos años y cinco meses».
Todos ellos deberán responder «ante la Justicia por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, extorsión, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado», agregó el alto oficial.
