CCD Rafael Eduardo Hernández Quintero, quien cotiza en el Seguro Social como trabajador de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, es uno de los accionista de JMT Solution Technology, la empresa que ofrece la aplicación del Carnet de la Patria. Hernández y su socio provienen de la Universidad de Los Andes, así como los personajes claves que han estado encargados de introducir cambios en las políticas de identificación venezolana
“Cada vez que el tipo habla hay que escanear el carnet. Por ejemplo, ahora lo hice con el bono de carnavales”, dice Lucía García* refiriéndose a las alocuciones del presidente Nicolás Maduro. A principios de 2017, Lucía se sacó el llamado Carnet de la Patria, un nuevo mecanismo de identificación nacional creado por el Gobierno Bolivariano con la promesa de obtener acceso a los alimentos regulados que distribuye el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en la comunidad donde vive, en el centro de la ciudad de Maracay.
En octubre de 2017, ocho meses después de realizar el proceso de carnetización llegó una de esas cajas a su casa, y la historia se repitió un mes después por última vez. A pesar de las promesas cumplidas a medias, Lucía le pide a un vecino, cada vez que se entera de un nuevo bono, que con su teléfono inteligente escanee el código QR de su carnet por no tener uno propio. Según expresó, su salario no le alcanza para comprar uno.
Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), para el año 2015 unos 29 millones de venezolanos contaba con líneas telefónicas móviles activas. De ese número, sólo 13 millones son teléfonos inteligentes.
El QR es una especie de código de barras que sirve de almacenamiento de información y transmisión a alta velocidad. Todo Carnet de la Patria cuenta con este código en su parte posterior, lo que le permite al Gobierno acceder de manera rápida a toda la información registrada. “Quién quita, he escuchado a gente en el trabajo que sale en el sorteo y le dan su bono”, comenta Lucía.
El Carnet de la Patria es un nuevo documento de identificación nacional ideado por el Gobierno Bolivariano y el ahora partido político Somos Venezuela, con el que Nicolás Maduro se presentará a las elecciones presidenciales previstas el próximo 22 de abril. El carnet se ha utilizado para regular el acceso a productos de primera necesidad y como instrumento para llevar un control detallado sobre las misiones entregadas por el Gobierno de Venezuela. Según su página web oficial, a la fecha, más de trece millones de personas en el país lo han tramitado.
En el programa número 98 de Los Domingos con Maduro, el 3 de diciembre de 2017, el ministro del Despacho de la Presidencia, Jorge Márquez, explicaba de forma dinámica cómo debía usarse la aplicación telefónica VeQR-Somos Venezuela para el escaneo del Carnet de la Patria. Los objetivos de la aplicación, según Márquez, son fortalecer cada uno de los programas sociales creados o que se aspiren crear a futuro y que el presidente Nicolás Maduro interactúe con el pueblo.
“Atención, para que aprendan a bajar y a aplicar el VeQR y la interpretación del código porque por esta vía es que vamos a dar todos los servicios. Todos. Salud, medicina, vivienda, etc etc. Todos los servicios de las misiones y grandes misiones en una nueva etapa. Entra en una nueva etapa el Carnet de la Patria.” comentaba Maduro.
Lo que no se comenta públicamente es que esta nueva etapa del carnet tiene como protagonista a una empresa propiedad de un trabajador de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República: Rafael Eduardo Hernández Quintero, accionista junto a Daniel Alejandro Sifuentes Contreras de JMT Solution Technology, creadores de la aplicación que el Gobierno promociona sin cesar vía redes sociales y medios de comunicación.
Hernández Quintero, según su cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, comenzó a cotizar como trabajador de la Vicepresidencia en enero de 2017, coincidiendo con la creación del Carnet de la Patria. La relación se mantiene a la fecha. Hernández y Sifuentes registraron JMT Solution Technology el 5 de abril de 2017, sólo tres meses después del anuncio de la creación del carnet.
Con la actual contratación de su empresa para crear la aplicación se viola el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 73 de La Ley contra la Corrupción por obtener ventaja económica con posible aprovechamiento de las funciones que ejerce. Para esto se establece una pena de dos a cuatro años de prisión.
“Efectivamente, hay una violación a la ley, a la Constitución e inclusive a las normas de ética de los funcionarios. En esta relación hay un conflicto de intereses por existir un vínculo directo con la administración pública. La selección de las contratistas debe ser objetiva, aquí evidentemente no se compite con igualdad”, explica la abogada de Transparencia Venezuela, Mildred Rojas.
En JMT Solution Technology son también los creadores de la aplicación VeAgenda, para el control de asistencia y la planificación de actividades y reuniones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así como de VeIdeas-Unidos por Venezuela donde los usuarios pueden compartir sus mejores ideas para Venezuela y opinar sobre las ideas de otros.
Un nuevo registro de identidad que también llega de Los Andes
En los últimos meses es recurrente ver en el Twitter del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, mensajes llamando a usar VeQR para acceder a los diferentes bonos y hacer uso de las opciones que aparecen en el registro.
Los creadores de la aplicación, no sólo tienen en común con El Aissami su vínculo de trabajo. También vienen de la región de Los Andes, en Venezuela, y comparten la misma casa de estudios, la Universidad de Los Andes (ULA).
Daniel Sifuentes estudió criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA, tal como El Aissami, pero un par de años después. Según el Registro Nacional Electoral, vota en el Municipio Libertador del estado Mérida.
Rafael Hernández, por su parte, estudió Ingenieria Civil en la misma universidad y según el listado electoral 2015-2017 estaba registrado para votar en el municipio San Rafael de Carvajal de Trujillo. Actualmente vota en el estado Aragua, entidad de la que El Aissami fuese gobernador entre los años 2012 y 2017. Ninguno de los dos accionistas supera los 35 años.
En una investigación realizada en 2013 por Adriana Rivera para El Nacional se comprobó cómo un grupo de ex integrantes del movimiento estudiantil Utopía 78, nacido en la ULA en Mérida, había trabajado con la misión cubana en Venezuela para introducir cambios en las políticas de identificación ciudadana.
Entre ellos destacaban Hugo Cabezas, quien fuera director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería y Dirección de Identificación y Extranjería (ONIDEX); Dante Rivas, quien encabezó la transición al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y, sin lugar a dudas, Tareck el Aissami que encabezó la Misión Identidad en 2003.
El equipo de Runrun.es fue hasta las oficinas de JMT Solution Technology, ubicadas en el piso 2 de la pirámide invertida del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Caracas, solicitando una entrevista. Aunque en una primera instancia la secretaria encargada confirmó que en efecto las oficinas de la empresa estaban allí, sólo unas horas después vía telefónica informó que la solicitud no se podía tramitar porque la compañía se había mudado. “Ellos ya no están acá… eso fue lo que me dijeron que te informara… No, no estoy autorizada a dejarles ningún recado ni a dar sus contactos” explicó.
La solicitud de entrevista fue enviada también vía correo electrónico. Al momento de publicación del reportaje no se ha recibido respuesta.
En la página web de la empresa no hay información alguna de sus servicios, sólo una fachada de registro para “disfrutar de todos nuestros servicios y mantenerte actualizado con nuestras noticias”. Runrun.es intentó en varias ocasiones registrarse sin suerte. Su cuenta de Twitter es privada y su página en Facebook no está disponible. Sólo tienen activo un canal de Telegram desde donde envían periódicamente propaganda política.
Saben hasta tu ubicación
Lucía García no sólo tuvo que ir a una de las jornadas de carnetización en el estado Aragua para obtener el carnet. También para poder obtener las cajas CLAP, el consejo comunal de su zona le solicitó registrarse en la página web del Carnet de la Patria donde se le pidieron todos sus datos personales: nombre, cédula, correo electrónico, dirección, teléfono, datos familiares, cuántos hijos tiene, sus edades, con quién vive y el número de cuenta bancaria.
“Cada vez que entró a la página me aparecen mis conexiones, salgo conectada con mi mamá que también tiene el carnet y con mi hermana que vive en Charallave”, comenta Lucía.
El consultor político Oswaldo Ramírez Colina explica que aunque usualmente las compañías manejan información privada de sus clientes y la seguridad va a depender de cuántos datos el usuario provea, en este caso podría usarse como una manera de ejercer presión y lealtad política en un futuro.
“Si yo fuera gobierno a mí no me interesa si, en el año 2012, tal persona se inscribió en la Misión Vivienda porque ya pasaron seis años. Pero, haciendo uso de la tecnología yo puedo aprovechar esa relación en un futuro para amarrar o exigir lealtad en procesos electorales o negándole una pensión. Puede usarse para fidelizar”, explica Ramírez Colina.
Ya la organización Acceso Libre advertía sobre dos posibles riesgos ante la aplicación del Carnet de la Patria. El primero, el potencial cruce de información con otras bases de datos que maneja el Estado -como la información electoral- y, en segundo lugar, la inexistencia de una legislación en materia de datos personales en el país.
Con la aplicación VeQR-Somos Venezuela, disponible actualmente sólo para teléfonos Android, estos riesgos pueden incrementarse. Para solicitar algún bono o registrarse en algunas de las misiones cualquier persona con el carnet debe escanear su código QR y, obligatoriamente, activar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del teléfono celular que se esté utilizando. Así, el Gobierno Nacional y una empresa de tecnología con apenas un año de creación, no sólo manejan datos personales de los ciudadanos sino que podrán tener en cada escaneo la ubicación exacta de la persona o al menos sus patrones de conducta.
*Por solicitud de la entrevistada se usa un nombre ficticio
Con información de Runrunes
