CCD El Gobierno de Filipinas anunció hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado un análisis preliminar para investigar los presuntos asesinatos extrajudiciales en la «guerra contra las drogas» dirigida por el presidente del país, Rodrigo Duterte.
«Según informaron a nuestra misión en La Haya, la Oficina del Fiscal de la CPI ha iniciado un análisis preliminar sobre las presuntas acciones vinculadas a la campaña contra las drogas ilegales durante el período de julio de 2016», informó el portavoz de la presidencia filipina, Harry Roque, en rueda de prensa.
Se trata, según explicó, de un proceso inicial de «recopilación y verificación de información» que permitirá al tribunal determinar si existe o no base suficiente para investigar la campaña de Duterte, a la que en total se atribuyen más de 7.000 muertos en un año y siete meses.
Como respuesta a la acción de La Haya, Filipinas le comunicará que «la guerra contra las drogas es un acto soberano» sobre el cual sus tribunales locales «son más que capaces y están dispuestos a ejercer su jurisdicción», dijo Roque, que recordó que ya existe un proceso abierto en la justicia filipina.
Además, el Gobierno destacará en su respuesta a la CPI que la campaña antidroga de Duterte es «una operación policial legal y legítima» y «no puede considerarse un ataque contra la población civil».
En enero, Filipinas amenazó con retirarse de la CPI si ésta investiga la campaña de Duterte al considerar que esto violaría el principio de complementariedad, según el cual La Haya solo puede juzgar un delito en caso de que no puedan hacerlo los tribunales del país en cuestión.
La CPI abordó el tema después de que el pasado abril un particular demandara a Duterte por haber cometido «asesinatos en masa» en la campaña antidroga, que comenzó en todo el país tras su investidura el 30 de junio de 2016, y durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) como alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao.
El demandante pide a la CPI que condene a penas de prisión o cadena perpetua al presidente y a once presuntos cómplices, entre ellos el secretario de Justicia, Vitaliano Aguirre, y el jefe de la Policía, Ronald dela Rosa.
La «guerra contra las drogas» de Duterte, que goza de un apoyo popular cercano al 90 por ciento entre los filipinos, ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar los homicidios perpetrados por civiles. EFE
