CCD En lo que para algunos periodistas podría ser una muestra de lo que se avecina, la nueva ley contra el odio de Venezuela fue aplicada por primera vez contra una organización noticiosa el 30 de enero, cuando Yndira Lugo, directora de Diario Región, fue citada a un interrogatorio con agentes gubernamentales.
Lugo declaró al CPJ que Diario Región –diario independiente y único periódico que circula en el oriental estado de Sucre– está en la mirilla por una columna publicada el 11 de enero. La columna, escrita por el Partido Comunista de Venezuela, advierte que un grave desplome económico ha colocado al país al borde de un estallido social. De acuerdo con Lugo, al periódico se le ha informado que lo investigan por posibles violaciones de la ley contra el odio, a raíz de las quejas sobre la columna que una organización comunitaria vinculada al gobernante Partido Socialista presentó ante la Fiscalía General de Sucre.
«Estamos muy preocupados por esto. No sabemos lo que va a suceder», declaró Lugo al CPJ.
Ella y otros periodistas venezolanos afirmaron que temen que la investigación sea una indicación de cómo el gobierno cada vez más autoritario del mandatario Nicolás Maduro utilizará la ley para amordazar a las organizaciones noticiosas independientes. Ellos también pronosticaron que la ley se empleará contra los sitios web de noticias, los cuales, hasta hace poco, en general no habían sido afectados por las regulaciones.
«La web solía ser un área que el Gobierno no podía controlar. Pero ahora, con la ley contra el odio, sí puede», declaró al CPJ Joseph Poliszuk, fundador y jefe de redacción de Armando.Info, un sitio web de periodismo investigativo con sede en Caracas.
El Gobierno de Maduro, que se enfrenta a una grave crisis económica y a esporádicas protestas callejeras, ya cuenta con numerosos instrumentos para controlar e intimidar a los medios, según datos del CPJ. Entre estos se encuentran una restrictiva ley sobre el contenido informativo, que data del 2004; la distribución discrecional de la publicidad oficial; las amenazas de suspender las concesiones para operar el espectro radioeléctrico; y su monopolio sobre la importación y distribución de las escasas existencias de papel periódico. Ahora cuenta con otro instrumento intimidatorio más.
La Asamblea Constituyente adoptó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia el 8 de noviembre. Pese a que la asamblea no es reconocida por la oposición política y por organizaciones de la sociedad civil, el órgano legislativo de facto, que es leal a Maduro, cuenta con amplios poderes.
La ley establece sanciones de hasta 20 años de privación de libertad para toda persona que incite al odio o la violencia en la radio, la televisión, los medios impresos o las redes sociales. Le permite al Gobierno revocar concesiones o bloquear sitios web de cualquier medio que comparta mensajes que el Gobierno considere que promueven el odio o la intolerancia. Los usuarios y administradores de medios sociales pudieran ser multados en caso de no retirar mensajes de «odio» en un plazo de seis horas.
Delcy Rodríguez, estrecha aliada de Maduro y presidenta de la Asamblea Constituyente, se refirió a la ley contra el odio como un ejemplo para el resto del mundo, según informaciones de prensa.
Por su parte, Mariengracia Chirinos, del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), con sede en Caracas, describió las disposiciones de la ley como «extremas», y señaló que no define las expresiones de odio, sino que deja semejante definición al criterio de los jueces. Este ambiguo enunciado, sostuvo Chirinos, parece concebido para promover la autocensura en los sitios web noticiosos y usuarios de las redes sociales.
«Cualquier cosa pudiera considerarse lenguaje de odio», Chirinos declaró al CPJ, y agregó que, dado que la ley contra el odio fue adoptada por lo que los críticos consideran un órgano legislativo ilegítimo, el IPYS no se refiere a ella como «ley» sino como «norma».
Nelson Bocaranda, director del sitio noticioso de Caracas Runrunes, señala que los artículos de la ley contra el odio hacen referencia a los «fascistas», qué es el termino que los funcionarios de Maduro utilizan para designar a los opositores. «Hasta la manera como la ley está redactada demuestra el sesgo político del Gobierno», Bocaranda declaró al CPJ.
Las llamadas y los mensajes de correo electrónico que el CPJ dirigió al Ministerio para la Comunicación y la Información de Venezuela no fueron respondidos.
La ley contra el odio de Venezuela llega en un momento en que varios Gobiernos latinoamericanos estudian leyes similares para vigilar a las organizaciones noticiosas y la Internet antes de la realización de elecciones legislativas y presidenciales.
En Brasil, un proyecto de ley de reforma política originalmente contenía una disposición que habría obligado a los sitios web a suspender todo contenido considerado ofensivo por los partidos políticos o los candidatos. InternetLab, un centro de investigación brasileño que se especializa en temas de tecnología y leyes, llamó a la disposición una amenaza a la libertad de expresión. En respuesta a la crítica generalizada, la disposición fue retirada del texto definitivo del proyecto de ley.
Los legisladores paraguayos debatieron un proyecto de ley similar, lo cual motivó al CPJ y a otras 20 organizaciones de la sociedad civil a enviar una carta conjunta en octubre que advertía que la propuesta de ley suponía una amenaza para los periodistas y sus fuentes, y que limitaría el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión. Ante la creciente crítica, el proyecto de ley no fue sometido a votación.
Chirinos argumenta que la ley contra el odio de Venezuela es particularmente amenazadora porque el Gobierno del presidente Maduro se ha vuelto más autoritario. El gobernante Partido Socialista domina los poderes Ejecutivo y Judicial, mientras que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ha sido marginada por la Asamblea Constituyente, que es pro-Maduro. Además, funcionarios leales a Maduro controlan organismos fiscalizadores del Gobierno, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas y gran parte de la prensa tradicional.
Como resultado de ello, las redes sociales y los sitios web de noticias se han convertido en fuentes vitales de noticias e información, declaró Xabier Coscojuela, editor del diario digital caraqueño Tal Cual. Según Coscojuela, el año pasado, por ejemplo, la mayoría de los medios tradicionales oficialistas en su mayor parte ignoraron los meses de violentas protestas contra Maduro, que dejaron un saldo de más de 130 víctimas mortales. Por el contrario, según Coscojuela, Tal Cual y otros medios noticiosos digitales informaron con amplitud sobre las protestas, al igual que los usuarios de Twitter y Facebook.
«En un país diferente una ley contra el odio pudiera ser más aceptable. Pero, en Venezuela, donde los jueces y los fiscales responden al Gobierno, es inaceptable», expresó Coscojuela.
Además de Diario Sucre, el Gobierno ha utilizado –o amenazado con utilizar– la ley para castigar a ciudadanos que expresen opiniones críticas del Gobierno de Maduro.
Wuilis Florentino Rodríguez, trabajador del Metro de Caracas, fue despedido por quejarse en Facebook de que, debido a la hiperinflación y el desplome de la moneda nacional, su salario valía tan poco que no podía pagar el precio del detergente para lavar su uniforme, según informaciones de prensa. Seis días después, él recibió una carta firmada por César Ramon Vega, presidente de la empresa estatal Metro de Caracas, en la que se le explica que quedaba despedido por violar el manual de ética de los servidores públicos, al igual que por violar la ley contra el odio.
En el discurso de memoria y cuenta que Maduro pronunció el 15 de enero, Maduro amenazó con aplicarles la ley contra el odio a dos obispos católicos por quejarse en sus homilías del desabastecimiento de alimentos, la desnutrición infantil y la corrupción gubernamental. En su respuesta, Maduro fustigó a los obispos y los llamó «diablo en sotana».
Los comentarios del presidente son un ejemplo de cómo los funcionarios gubernamentales con frecuencia emplean expresiones de odio, afirmó Coscojuela, quien añadió que, en su opinión, si la ley contra el odio de Venezuela se aplicara imparcialmente, numerosos funcionarios del Gobierno de Maduro pudieran acabar siendo enjuiciados.
Lugo, quien ha dirigido Diario Región durante 12 años, declaró al CPJ, que la investigación de conformidad con la ley contra el odio es el último golpe que ha sufrido el periódico, fundado hace 45 años. La escasez de papel periódico y la caída de la publicidad, consecuencias de la crisis económica, han obligado al periódico, con sede en Cumaná, capital de Sucre, a reducir su tamaño de 40 a 16 páginas, y la circulación diaria ha caído de 50.000 a 8.000 ejemplares. Lugo agregó que el año pasado ella había sido golpeada por una turba de partidarios del Gobierno mientras cubría un acto de campaña de un político opositor, y luego había sido detenida durante unas tres horas por efectivos de la Guardia Nacional.
Ahora, ella y otros editores pudieran ser enjuiciados y sentenciados a penas de cárcel por posibles violaciones de la ley contra el odio.
Lugo declaró que agentes de la contrainteligencia militar, y no funcionarios de la Fiscalía General, la interrogaron por unas dos horas respecto a la columna periodística. Ella sostuvo que pudiera tratarse de un intento por intimidar al periódico. Agregó que la habían interrogado sobre el proceso de edición, pero que no le habían pedido que retirara la columna del sitio web del periódico.
La oficina de la Fiscalía General de Sucre no respondió a las solicitudes para que declarara respecto al asunto.
«Esta nueva ley pone en peligro la libertad de expresión», señaló Lugo. «Los periodistas no pueden trabajar en estas condiciones».
[Informaciones recogidas desde Caracas]
