CCD Ocho directivos y administrativos de la estatal Empresa Provincial Agropecuaria de Acopio (EPA) de Sancti Spíritus, en el centro de Cuba, fueron condenados a penas de entre 4 y 18 años de cárcel por la malversación de unos 34.400 dólares en la venta ilícita de carne de cerdo, informaron hoy medios oficiales.
El Tribunal Supremo Popular ratificó las sanciones solicitadas por el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus, que encontró culpables a los empleados estatales por los delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, ocultación u omisión de datos y estragos, según medios oficiales de la isla.
Los inculpados intentaron borrar el fraude económico de 825.623 pesos cubanos (equivalentes a unos 34.400 dólares) con un incendio provocado en la sede de la empresa el 17 de junio del 2016, antes de que las cuentas fueran sometidas a una auditoría promovida por la propia entidad, explica un detallado artículo del periódico regional Escambray.
Los involucrados en el millonario robo buscaron la colaboración de un joven que cumplía una sanción de trabajo correccional sin internamiento, a quien ofrecieron 10.000 pesos cubanos (unos 416 dólares) por iniciar el fuego para eliminar las pruebas del fraude ya descubierto en tres mercados agropecuarios estatales.
Los auditores habían comprobado que el déficit de carne de cerdo «casi topaba las nubes camuflado en una cuenta por pagar» a la Empresa Porcina Provincial (EPP), indica el reportaje.
Uno de los administradores de los mercados, Jorge Luis Maya, escudado en sus funciones y cargo, se «agenció de productos y subproductos de carne de cerdo correspondientes a 20 facturas por el valor total de 612.367 pesos cubanos (unos 25.515 dólares) a precio de venta en la primera mitad del 2016», según consta en la sentencia de la causa penal.
Asimismo, alude a tres facturas de igual mercancía imputadas a Elvis Lazo, administrador de otro establecimiento similar, que sumaron 60.551 pesos (unos 2.522 dólares), y otras cinco atribuidas a Rediel Lorenzo, que contabilizaron 129.849 pesos (unos 5.410 dólares).
Entre los sancionados también figuras tres mujeres, Isleydi Pérez e Isbelkys Betancourt, directivas contable y financiera de la EPA, consideradas «ejes básicos» para el desfalco, así como Ivanys Prieto Díaz, especialista comercial acusada de apropiación de productos cárnicos y falsificación de documentos.
El fiscal provincial de Sancti Spíritus, Pedro Espinosa, atribuyó los delitos a la «ausencia de control interno» en la empresa, donde no se cumplía con la «elemental» práctica de los inventarios.
«La gente está viendo muchas películas», dijo el fiscal al diario Escambray.
El jefe de la Contraloría en la provincia donde se reportó este caso, Jesús Martín, destacó «la falta de supervisión y control por la dirección de la empresa, así como a la deshonestidad de los implicados que utilizaron sus funciones para beneficio personal».
