CCD La policía sudafricana detuvo hoy a uno de los miembros de la poderosa familia de empresarios Gupta, protagonistas junto al presidente Jacob Zuma de una de las investigaciones por supuesta corrupción en el Gobierno más sonadas en el país, durante el registro de uno de sus inmuebles.
Según informó la televisión pública sudafricana, SABC, efectivos del directorio de investigación criminal prioritaria registraron uno de los complejos de los Gupta en el norte de Johannesburgo y, además de incautar documentación y otros materiales, realizaron dos detenciones: la de uno de los Gupta (cuya identidad no se ha dado a conocer) y la de un asesor.
La operación, que llamó especialmente la atención por el contexto político en el que se produce, forma parte de las investigaciones por supuestas irregularidades en los negocios de la familia, de origen indio.
Junto al presidente Zuma, cuya continuidad en la Presidencia se encuentra entre la espada y la pared después de que este martes su propio partido le exigiera la dimisión por su mala imagen, los Gupta son los protagonistas de la investigación conocida como «Captura del Estado».
El nombre hace referencia a un informe publicado en 2016 por la entonces defensora del Pueblo sudafricana, Thuli Madonsela, en el que se acusaba al presidente y a varios altos cargos de ilegalidades en la concesión de contratos públicos millonarios.
Madonsela argumentaba que los hermanos Gupta, con intereses en sectores diversos como la minería, el transporte o la comunicación, tenían prácticamente bajo su poder el aparato del Estado.
El informe incluía testimonios y diversas pruebas, como una declaración del ex viceministro de Finanzas Mcebisi Jonas sobre cómo uno de los tres hermanos Gupta le ofreció, en presencia de Zuma, ser titular de la cartera de Finanzas poco antes del cese de su entonces responsable, Nhlanhla Nene.
El caso causó un fuerte impacto en la opinión pública y, pese a los intentos de Zuma de bloquear su avance, el pasado diciembre la Justicia ordenó al Gobierno establecer una comisión de investigación.
Estas acusaciones se cuentan entre las que más han dañado la reputación del presidente, pero no son las únicas.
Contra él pesan actualmente 800 cargos, también por corrupción, relativos a contratos de armas de finales de los noventa, dentro de una causa que podría costarle un procesamiento judicial en breve.
Otro caso tristemente célebre es el que en 2016 obligó a Zuma a devolver medio millón de euros de fondos públicos que se gastó de forma ilegal en la reforma de su residencia privada.
La imagen de corrupción e ineficiencia de Zuma se convirtió en un problema creciente para su propio partido, el histórico Congreso Nacional Africano (CNA) que gobierna en Sudáfrica desde el fin del apartheid, hasta el punto de que sus propios camaradas, liderados por su vicepresidente, Cyril Zuma, le exigieron ayer la dimisión, informó EFE.
«Aquellos que son corruptos, que roban a los pobres, serán llevados ante la Justicia», aseguró públicamente Ramaphosa el pasado domingo, lo que se leyó como una referencia directa a las negociaciones que ha estado manteniendo en privado con el jefe de Estado y contra las especulaciones sobre si estaba sobre la mesa algún tipo de futuro perdón para el presidente.
Por disciplina interna, los miembros del antiguo movimiento de liberación, incluidos los cargos electos, están teóricamente obligados a acatar las decisiones del partido.
Sin embargo, si pese al requerimiento formal del CNA Zuma se resiste al abandonar el poder, podría ser destituido igualmente vía moción de censura en el Parlamento (de mayoría oficialista).
