CCD El general retirado del Ejército chileno Héctor Ureta Chinchón fue procesado como presunto autor de un fraude por 1.783.438.859 pesos (unos 2,9 millones de dólares) por el desvío de fondos provenientes de la llamada «Ley Reservada del Cobre».
Según informa hoy el diario El Mercurio, la decisión fue adoptada este sábado por la jueza especial Romy Rutherford, a cargo de la investigación por el citado fraude, conocido públicamente como «Milicogate».
La jueza, que además de una orden de detención contra Ureta, señala en la resolución que existen presunciones fundadas de que el militar ha tenido «una participación directa e inmediata en los hechos, en calidad de autor».
Ello sobre la base de indicios suficientes para estimar que Ureta «a lo menos consintió, toleró o permitió que otros oficiales, que estaban bajo su mando, defraudaran al Fisco», señala la jueza, que con la medida accedió a una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa.
Los delitos ocurrieron mientras Ureta era jefe del Estado Mayor de la División de Mantenimiento del Ejército, entre enero y noviembre de 2012 y después, comandante de esa división, hasta fines de 2015, señala el expediente del caso.
En ese lapso, «se tramitaron y pagaron gran parte de las facturas falsas investigadas» en relación con varios proveedores de diversos equipos y servicios para el Ejército, en el marco del «Milicogate».
El fraude se cometió mediante el desvío de los fondos provenientes de la «Ley Reservada del Cobre», una norma que ordena a la Corporación del Cobre (Codelco) a destinar el 10 por ciento de sus ventas anuales a las Fuerzas Armadas, para la compra y mantenimiento de armas y otros materiales.
Dicha ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta, que fue modificada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El monto defraudado asciende a varios millones de dólares, aunque su monto total aún no ha sido establecido, pero en el curso de la investigación surgieron detalles como el caso de un cabo que en un año gastó 140 millones de pesos (unos 230.000 dólares al cambio actual) en un casino.
Varios altos oficiales, incluidos generales, son investigados por presunto enriquecimiento ilícito, la mayoría integrantes del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), responsable de la administración de los fondos reservados.
El «Milicogate», fue dado a conocer por la revista satírica The Clinic en 2015, sobre la base de una investigación periodística.
